Royalty Minero: inversión para el futuro o parche para el presente

*Por Enrique Astudillo Gaete

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La Ley 21.591, publicada el 10 de agosto de 2023 y conocida como Ley de Royalty Minero, establece un impuesto específico para las grandes empresas explotadoras de minerales, principalmente cobre y litio. Su objetivo central es que el Estado recaude una parte justa de la rentabilidad obtenida de la explotación de recursos naturales no renovables, recursos que posteriormente serán distribuidos entre regiones y comunas del país.

El tributo considera la aplicación de una tasa fija de 1% sobre las ventas anuales de cobre de aquellas empresas que produzcan más de 50 mil toneladas métricas de cobre fino. A esto se suma un impuesto sobre el margen operacional minero, cuya tasa fluctúa entre un 8% y un 26% según la rentabilidad operacional de cada empresa. Este mecanismo busca equilibrar la carga tributaria: cuando el precio del cobre aumenta, el Estado recauda más; y cuando disminuye, la carga baja, resguardando así la viabilidad económica de las compañías.

La legislación también establece un techo tributario con el propósito de mantener la competitividad de Chile frente a otros países mineros. De esta manera, la suma del impuesto a la renta, el impuesto específico y el royalty no puede superar el 46,5% de la rentabilidad de la empresa.

Sin embargo, el principal objetivo de esta ley no es únicamente recaudatorio, sino también descentralizador. Se estima que cerca de 450 millones de dólares anuales serán distribuidos a través de tres fondos: el Fondo para la Productividad y el Desarrollo, el Fondo de Comunas Mineras y el Fondo de Equidad Territorial (FET). Este último resulta especialmente relevante, ya que está enfocado en apoyar a las comunas más vulnerables y con menores ingresos propios, reduciendo así las brechas presupuestarias entre municipios.

Los recursos que reciban las comunas serán de libre disposición, lo que significa que los municipios podrán destinarlos a áreas prioritarias según sus necesidades locales: salud, educación, seguridad, programas sociales, infraestructura, entre otras. Todo ello deberá realizarse bajo estrictas normas de transparencia y rendición de cuentas ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE).

En el caso particular de Pucón, y pese a no ser una comuna minera, durante 2026 igualmente recibirá recursos provenientes del Fondo de Equidad Territorial. Esto se debe a que el mecanismo busca precisamente fortalecer a municipios que dependen en gran medida del Fondo Común Municipal. La transferencia de estos recursos será realizada directamente por la Tesorería General de la República.

Por lo mismo, será fundamental observar y verificar los montos definitivos que serán transferidos al municipio, asegurando además que la comunidad conozca el alcance de este beneficio y la forma en que dichos recursos serán invertidos. Porque la pregunta clave para Pucón no es solamente cuánto dinero llegará, sino en qué y cómo se utilizará.

En este contexto, lo más democrático y legítimo sería que el municipio abra espacios reales de participación ciudadana para recoger propuestas y prioridades de la comunidad, en lugar de limitar las decisiones únicamente a la autoridad de turno o a la aprobación formal del concejo municipal. Las necesidades de los distintos territorios de la comuna son diversas y muchas veces no logran verse representadas en los mecanismos tradicionales de participación, cuya convocatoria suele ser limitada y permanentemente cuestionada por dirigentes sociales y organizaciones territoriales y funcionales.

No podemos permitir que el royalty minero se diluya en gastos operativos o iniciativas de corto plazo. Estos recursos representan una compensación histórica por la explotación de los recursos naturales del país y, por lo tanto, debieran traducirse en proyectos con impacto estructural y permanente, capaces de trascender cualquier administración política.

El cobre se agota. Pero las obras, proyectos e inversiones que se financian gracias a este royalty pueden transformarse en el motor del desarrollo de las próximas décadas y mejorar directamente la calidad de vida de las futuras generaciones de nuestra comuna.

*Enrique Astudillo Gaete contador auditor y gestor y elaborador de programas de participación y desarrollo comunitario.

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