Pese a que auditoría al último período de Barra muestra falta de control y problemas administrativos, supervisor técnico del estudio dice que no hay “fuga de plata”

• Montos en dineros considerados como “irrecuperables” entregados a funcionarios que no rindieron o subvenciones que tampoco entregaron justificaciones; proyectos que no se materializaron o arriendos sin pasar por concejo fueron algunos de los problemas registrados en un análisis que no incluyó al departamento de Educación. Con todo, según quien realizó la entrega, los datos no indican apropiación indebida de recursos. 

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La cita era a las 12 horas en la sala de concejo de la municipalidad. El esperado encuentro pactado hace casi un año exacto cuando se licitó la denominada “auditoría forense” al último período del exalcalde Carlos Barra (2021-2024) se realizaría sin falta (se puede bajar al final de esta nota). Por un lado estaba el concejo municipal (solo faltaba Verónica Castillo); y tres altos cargos del municipio: el director de Desarrollo Comunitario, Gustavo Sandoval; el Administrador, Sergio Núñez y la Secretaria, Gladiela Matus (el alcalde Sebastián Álvarez no estaba por un viaje a Santiago) y por el otro el supervisor de la empresa Fortunato y Asociados, Alejandro Hiniostroza (en la foto de esta nota), encargado de exponer los datos recopilados durante el trabajo y también las principales conclusiones. 

Y los números abundaron y los problemas también. Principalmente del ámbito administrativo y de falta de control interno. Por ejemplo, se revelaron millonarias cifras de montos en dinero que eran irrecuperables y que tenían que ver con platas a rendir de distintos funcionarios (varios de ellos que no están o, peor aún que están fallecidos); subvenciones a distintas organizaciones sin rendir o proyectos realizados encargados y pagados por el municipio que no tuvieron un final útil. Eso entre otras cosas. 

También se revelaron millonarias cifras de arriendos a distintos particulares y organizaciones que nunca pasaron por concejo municipal y que se hicieron sin licitación. O eventuales evasores de impuestos municipales. Esto último relacionado, principalmente, a personas con actividad en el Servicio de Impuestos Internos (SII), pero que no pagaban patente. O en recursos humanos, la existencia de funcionarios con más de 360 días de licencia por año. Todo esto en más de 70 páginas de un detallado análisis que no integró, eso sí, al departamento de Educación (no estaba en la licitación) y que al final entrega una serie de recomendaciones al municipio. 

Supervisor

Pero ante la gran duda en torno a si había apropiación de recursos públicos más allá de un desorden y falta de control administrativo; el supervisor de la auditoría que tuvo un costo de $27 millones, Alejandro Hinostroza, fue enfático. “Lo primero y lo más importante es que en las pruebas que nosotros realizamos no se apreciaron irregularidades graves en cuanto a recursos financieros. Dicho en buen chileno, no se ve fuga de plata para que se entienda bien. Los problemas que tiene el municipio son problemas internos de control”, explicó el contador auditor. 

Según Hinostroza el principal problema es que existen saldos antiguos que no se han recuperado y eso, a la larga, podría significar algún perjuicio para la municipalidad: “Y eso es un problema de control, por qué no se recuperaron esas platas. Y eso es un trabajo que se tiene que hacer ahora”. 

En la sala del concejo estaba presente la jefa de Finanzas de la municipalidad, María Victoria Román; quien también participó al final de la reunión. Ella sostuvo que hay muchas observaciones que ya se corrigieron. “Muchas de las observaciones fueron subsanadas en el 2025”, dijo. Quien también usó el espacio para hablar, fue el jefe de Recursos Humanos, Ignacio Quiroz, quien hizo la salvedad en torno a la información que aparece pública (con los ruts) de los funcionarios en torno a las licencias médicas. Según Quiroz, no se hizo la separación de quienes obtuvieron licencia por maternidad y que, obviamente, son períodos largos de estar fuera de las labores municipales.

El documento

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