Comité de Vivienda Los Colonos y veredicto del tribunal: “Sentimos que se ha cometido un acto de injusticia”

• Agregan que esperan la ayuda de las autoridades para una asesoría jurídica que les permita propiciar la nulidad del juicio y abrir un nuevo proceso en tribunales. El fallo completo se conocerá el próximo 13 de octubre.

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Molestos y complejos se mostraron varios de los integrantes del Comité de Vivienda Los Colonos de Pucón. Esto, luego del veredicto del Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Villarrica, cuyos jueces decidieron absolver a los imputados por el eventual delito de apropiación indebida en contra de la expresidenta de la agrupación María Tonk; y estafa en contra del encargado de la Entidad Patrocinante (EP) que los ayudaba en un supuesto proyecto de viviendas sociales, Mauricio Torres Benzi. 

El caso, que partió en 2019, se judicializó luego de denuncias en torno a la entrega de dineros ($1.070.000) por cada una de las más de 150 familias que participaban en el comité. Esto, para la supuesta regularización de un terreno en el sector del Callejón Arriagada donde, se suponía, desarrollarían un proyecto habitacional con viviendas sociales. Los miembros del comité nunca recibieron sus viviendas y la fiscalía acusó por la pérdida de más de $70 millones. El problema, hasta donde se sabe, es que los peritajes no pudieron acreditar que los dineros llegaran a las cuentas de los imputados. Con ello no se traspasó el umbral de culpabilidad requerido para llegar a condenas. El fiscal del caso, Carlos Cornejo, avisó que estudiará el fallo (que se conocerá completo el próximo lunes 13 de octubre) para evaluar la posibilidad de pedir la nulidad del juicio. 

En ese contexto el que desde el comité emitieron una declaración muy en línea de lo señalado el lunes que recién pasó por la vocera y actual presidenta de la agrupación, Thiare Basaure, en el programa Mirada Local de este medio. “Nos arrebataron no solo nuestro dinero, esperanza, sueño sino también el derecho a un hogar digno, vendiéndonos viviendas que nunca fueron entregadas”, señalan y luego agregan en el escrito: “Este fallo nos deja profundamente indignados, desilusionados, desprotegidos y vulnerables. Confiamos en las instituciones de justicia, pero hoy sentimos que se ha cometido un acto de injusticia. Las pruebas, los testimonios y los documentos entregados por nuestra parte no han sido suficientes para que se haga justicia. La liberación de estas personas representa un riesgo no solo para nosotros, sino para otras familias que podrían ser víctimas de hechos similares”.

En ese sentido piden a las autoridades locales, regionales y ministeriales que les presten asesoría jurídica que les permita propiciar la anulación del juicio y se realice otro proceso: “Esperamos que nos brinden apoyo legal, asignándonos un abogado defensor o asesor jurídico que represente verdaderamente nuestros intereses. Que se anule el caso, si las condiciones lo permiten, y se dé seguimiento hasta alcanzar una resolución justa”.

Cierran con la solicitud de que el caso pueda ser visibilizado y no quede en el olvido. ”Pedimos a la sociedad civil y a los medios de comunicación que nos ayuden a visibilizar este caso para que no quede en el olvido. Que se sumen a nuestra exigencia de justicia, reparación del daño y castigo a los responsables. No es justo que quienes actuaron con dolo (engaño o fraude) y deshonestidad caminen libres mientras nosotros seguimos sin casa, con deudas, y con el dolor de haber perdido nuestros ahorros de años”, concluyen.