Las dudas de Los Colonos

158 familias puconinas están en un comité de vivienda, cuyo asesor externo está en medio de una investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad en Temuco. En total, han invertido cerca de $170 millones que se han ido en una promesa de venta por un terreno en el Callejón Arriagada y los estudios de factibilidad. No hay plata en la caja, faltan análisis y se debe renovar el contrato de reserva de las cuatro hectáreas. Si alguien quiere retirarse, debe llevar a un reemplazante para recuperar el dinero. El gestor se defiende y dice que todo es legal.

El 27 de marzo pasado se realizó la última reunión en la sede la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. La idea del encuentro era dar cuenta de los avances y retrocesos del comité de vivienda Los Colonos. Y las dudas, según cuentan los que asistieron al encuentro, no eran pocas. Faltaban cerca de $50 millones para, según los dirigentes, pagar el resto de los análisis y estudios para chequear la factibilidad de un terreno de cuatro hectáreas en el Callejón Arriagada. Y el tema no es menor, porque obviamente, las 158 familias integrantes de Los Colonos ya habían desembolsado un poco más de un millón de pesos cada una. Por lo que la posibilidad de entregar más dinero podría no ser una idea muy atrayente para la mayoría.

Pero uno de los vecinos aportó otro dato no menor. La promesa de compra venta firmada con los dueños del terreno (Eduardo Vergara y Juanita Romero) estaba, en los hechos, vencida y que renovarla elevaría los costos. Y en los hechos, quien intervino en el encuentro estaba en lo cierto. Cercanos a la familia vendedora de las cuatro hectáreas cuentan que la primera promesa firmada en diciembre de 2017 por $30 millones se venció el 15 de enero de 2019. Y que sólo hubo un trato de palabra con Mauricio Torres Benzi —representante de la constructora San Cristian, quien las oficia como organismo asesor del comité— para renovarla hasta fines de abril. El punto es que en las últimas semanas, según cuentan del entorno de los vendedores, Torres Benzi planteó la necesidad de renovar la promesa hasta fines de año a un costo del 7% del valor total del terreno de $600 millones. Es decir, renovar la reserva de venta tiene un costo cercano a los $40 millones.

Es decir, existe la posibilidad que los costos aumenten considerablemente y que, por ahora, nadie les puede asegurar que el comité llegaría a buen puerto con el Serviu, entidad que otorgará —eventualmente— los subsidios a las familias participantes. Sobre todo, cuando fue el mismo Serviu en 2018, el que realizó una denuncia a la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) del Ministerio Público en Temuco por un comité similar a Los Colonos, pero en Traiguén y en el que se repite el nombre de la Constructora San Cristian, representada por Torres Benzi. Fuentes de la unidad persecutora sostienen que la indagatoria también se amplió al caso de Pucón y que en la causa ya han declarado como testigos varias personas, incluyendo a la presidenta del comité María Tonk y a la directora de la oficina de la vivienda de la municipalidad, Verónica Castro. La indagatoria está caratulada como “estafa” y Torres Benzi está en calidad de imputado (nota de la redacción: el ser “imputado” es una característica que se le atribuye a una persona dentro del proceso penal que indica que hay indicios de la posibilidad de un delito, aunque aún no implica responsabilidad en uno).

“Entiendo que (la fiscalía) le está haciendo el seguimiento a una denuncia que hizo el Serviu el año pasado. Se hizo el año pasado, pero en relación a un comité de la comuna de Traiguén, denominado Bajo Traiguén. Este tema fue comenzado a investigar por la fiscalía y se dieron cuenta que se estaba haciendo extensivo a comités de otras comunas. Está Pucón, Padre Las Casa, Loncoche y Pucón en estos momentos. La Fiscalía de Alta Complejidad decidió, entonces, ampliar la investigación a las gestiones en esas comunas”, cuenta Óscar Pavés, director jurídico del Serviu regional.

Según Pavés, la base de la denuncia realizada por ellos es la posibilidad de que los cobros sean irregulares: “Son irregulares porque de partida las entidades patrocinantes no puede cobrarle nada a la gente. Para eso el ministerio de Vivienda y el Serviu le pagan a las entidades patrocinantes por esas asesorías que les prestan a los comités. En el convenio que ellos sostienen con el ministerio para poder operar como entidad patrocinante se establecen los aranceles que se les van a pagar por parte del ministerio para que, efectivamente, no les cobren a las familias”.

En rigor, la lógica del Serviu es que los miembros del comité no deberían pagar por los mencionados estudios, al menos no directamente, ya que luego éstos se cargan a los subsidios. “No todos los terrenos donde se va a construir se requieren esos estudios o se requieren estudios más allá de los que hace Serviu, porque los comités, antes de comprometerse con un terreno, deben concurrir a Serviu y Serviu hace un análisis de ese terreno desde el punto de vista normativo, la ubicación, etc.”, asegura Pavez, quien acota que la labor de las entidades patrocinantes (EP) pasa por la gestión y el apoyo social hacia los miembros del comité.

 

Asesores, no patrocinadores

Mauricio Torres Benzi, representante de la constructora San Cristian, se dio el tiempo para hablar con La Voz… y asegura que todo funciona amparado en las leyes. “Nosotros tenemos el apoyo de la parte legal y no hay nada que nos pueda poner en cuestionamiento. La gente es totalmente autónoma porque la Ley 20.500 los faculta para contratar al consultor que a ellos les e confianza. la Ley los avala. Es totalmente legal y ellos tienen contrato en forma independiente porque son totalmente autónomos”, explica Torres Benzi, quien aclara que su empresa no está conformada como una EP, sino como una consultora sin las obligaciones y requerimientos legales de las primeras.

Sobre el terreno mismo, asegura que el dinero para ampliar la promesa con los vendedores no saldrá desde los miembros del comité. “No es necesario comprarlo (el terreno). Estamos haciendo la pre factibilización y una vez que esté factibilizado, nosotros tenemos los inversionistas que están interesados en comprarlo, porque nadie compra un terreno que no sirva y nadie compra un terreno que no es habitacional”, explica y luego agrega: “Nosotros hablamos con los propietarios y estamos de acuerdo en que si nosotros le abonados entre el 5% y el 7%, ellos nos esperan un año más. Los miembros sólo pagan los estudios de factibilización del terreno y la promesa la estamos viendo nosotros con unos inversionistas interesados en el desarrollo del proyecto”.

Sobre la investigación de la Fiac, Torres, asegura que todos los que han declarado lo han hecho respaldando su posición: “Todo esto se está cerrando a favor de nosotros. Han declarado más de 40 personas y todos a favor de nosotros. No hay nada raro”.

Sobre el por qué el Serviu realizó la denuncia, Torres habla abiertamente de que hay funcionarios del organismo que tienen intereses particulares con constructoras para que asuman directamente los proyectos.

 

“Propuesta innovadora”

De acuerdo a lo reporteado por La Voz…, el proyecto debe ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) bajo la forma de un estudio de impacto ambiental. Y si bien hubo un primer intento de ingreso en octubre de 2018, pero tuvo que ser retirado porque faltaban tres análisis (el de la zona de interés turístico, Zoit; el de flora y fauna y el de impacto en las comunidades). Todo esto es parte integral de la factibilización del terreno. Las visiones más optimistas apuntan a que superando esta etapa, sobrarán los inversionistas para comprar y construir las viviendas sociales para los miembros del comité a quienes el Serviu entregará los subsidios (si cumplen con el perfil y los requerimientos). Pero las miradas pesimistas apuntan a que el proyecto está con sus costos elevados y sumado a la demora y al ruido que hace la indagatoria del Ministerio Público, harán que se haga muy difícil la concreción con el riesgo de que las familias puconinas pierdan los invertido.

María Tonk, presidenta del comité Los Colonos, cuenta que Torres Benzi se acercó a ellos y les señaló que traía una propuesta innovadora que les permitiría acortar los tiempos para la obtención de los subsidios. “Nos presentó el modelo de la propuesta de lo que se podía hacer y corrimos el riesgo al final. Con toda la gente que estamos en el comité (158 familias) fuimos súper claros en decirles que no iba a depender de la directiva, sino que dependemos de una tercera persona que tiene su riesgo”, dice María Tonk, quien agrega: “La propuesta de el es hacer los estudios para el cambio de uso de suelo, lo que incluye el impacto ambiental. Se presentó, se habló con la asamblea y se decidió ir con él. Siempre con el riesgo de que pudiera ser una estafa, pero hasta el momento han cumplido”.

En los hechos, dice Tonk, que la consultora de Torres Benzi ha cumplido con lo acordado hasta ahora. Según las sumas y restas, las familias en total han entregado cerca de $170 millones. De esos dineros, $30 millones se fueron en la promesa de venta a los dueños del terreno. Y el resto (cerca de $140 millones), según María Tonk, están invertidos en los estudios necesarios para la factibilidad. Según Tonk, en caja no hay dinero, ya que todo está todo invertido en los mencionados estudios. Esto explica que en la última reunión se transparentara que falta cerca de $50 millones para terminar los análisis. No son cifras menores y las dudas, por cierto, aumentaron al conocerse la indagatoria del Ministerio Público.

“Se supone que este lunes 15 de abril viene Mauricio (Torres) con el dinero (para ampliar la promesa) con esos $40 millones. Ese dinero tiene que ponerlo la consultora porque son ellos los que se fueron atrasando”, dice María Tonk, quien también aclara que el comité no asumirá los $50 millones que faltan para, en principio, terminar los estudios. Tonk agrega que estos estudios faltantes están listos y que se entregarán este lunes 15 de abril.

Pero hay un detalle más. Si bien el comité es libre ingreso y retiro; quienes deseen salir de él no pueden recuperar directamente el dinero invertido ($1.070.000); sino que deben llevar a alguien para que se integre a la agrupación y entregue una cifra similar. Y esta plata se le devuelve al que se va. Esto, porque en caja no existen recursos. “La gente se puede retirar libremente. Pero ingresa otro socio y se le hace entrega el dinero. Desde que se armó (el comité) las platas se iban a utilizar para el cambio de uso de suelo. Todas esas platas se entregaron vía contrafactura. La única plata de caja chica que hay son los $500 de las reuniones (por familia) y eso ha sido para pagar abogados y viajes”, dice Tonk.

Por ahora sólo resta esperar el resultado de la indagatoria de la Fiac. Mientras, las 158 familias están con las dudas instaladas y esperan, por cierto, que el manoseado “sueño de la casa propia” no se transforme en una pesadilla.