Opinión
Abusos sexuales: #DerechoAlTiempo
* Por Eneas Espinoza Gallardo
El abuso sexual en la infancia se devela cuando se puede, no cuando se quiere. Esta verdad científica es el sustento para que en las diversas legislaciones del mundo se esté incluyendo la imprescriptibilidad para estos delitos. En el senado chileno el #DerechoAlTiempo ya tuvo dos votaciones favorables, en comisión y en el plenario, donde se aprobó unánimemente el 3 de julio pasado. En Argentina es ley desde el 2015, por citar al más cercano de los ejemplos.
El objetivo de la ley es precisamente permitir a quienes han sido víctimas de estas agresiones denunciar su perpetración y a sus victimarios cuando se encuentren realmente preparados para hacerlo y enfrentarlo, sin que corran el peligro que las acciones legales para hacer efectiva la responsabilidad hayan prescrito, dejando en la impunidad hechos que los han marcado por toda su vida.
Las secuelas del abuso nos acompañan toda la vida, las padecía aún antes de develar mi historia recién a los 42 años, demora normal en este tipo de casos: Karadima, maristas, las sobrevivientes de Huife Bajo o los denunciantes del cura Damián Heredia.
La brutal asimetría que existe en todo abuso sexual infantil, donde el poderoso avanza sobre sometido, vejando su cuerpo y marcando su vida para siempre, se ve representada con suma claridad cuando hablamos de abuso sexual infantil eclesiástico.
Figuras investidas de un poder y una luz, que las vuelve incuestionables ante la mirada de familias y sociedades, ocupan el lugar del ministro, guía y educador: lugares desde donde pueden elegir a sus víctimas, cometer delitos sexuales y luego gozar de total impunidad al ser encubiertos por la propia comunidad eclesiástica, excusada en el derecho canónico, y otras aberraciones denunciadas con claridad y precisión por el Comité Internacional de los Derechos del Niño de la ONU.
El horror del abuso no termina aquí. La institución y la sociedad que la avala, sin interpelarla por estos crímenes, se vuelve cómplice y participa del segundo y más extenso abuso: la impunidad.
Por eso la Fiscalía Nacional ordenó a los fiscales regionales investigar todas las denuncias que se presentan al respecto, especialmente las relacionadas con los delitos cometidos en entornos religiosos.
Las instituciones de la sociedad chilena tienen hoy el deber primario de entregar justicia y reparación a los sobrevivientes adultos que se han animado a denunciar, el primer gesto es la investigación a fondo y el establecimiento de la verdad jurídica sobre estos crímenes, que son un “homicidio permanente” como lo ha establecido tan claramente el doctor James Hamilton.
* Sobreviviente de ASI en entornos de la congregación maristas. Miembro de la Red de Sobrevivientes de ASI eclesiástico.
