La vida de Sandra no será devuelta, pero…

El pasado lunes fuimos consternados todos en nuestra comunidad por la muerte de la psicopedagoga Sandra Coliñanco en Villarrica y de las lesiones graves de su pequeña hija, Montserrat. El dolor, la rabia que muchos de los familiares tenían se entendían por cuanto no sólo se estaba quitando una vida, sino que quedaban dos niños huérfanos (de padre y madre, por cuanto el esposo de Sandra, Luis Belmar, había perdido la vida por una enfermedad hace un par de años). A esto, sumarle que el responsable era Alfonso Podlech Michaud. Un connotado ciudadano y abogado residente en Pucón. Podlech, además, está en proceso por cuatro causas de violación a los derechos humanos, más otra en la que está con una condena a siete años, aunque no firme y ejecutoriada. En todas, libre bajo fianza. Además, en el pasado fue detenido en Italia por  su presunta participación en la muerte y desaparición del sacerdote de esa nacionalidad Omar Venturelli. Actualmente Podlech, de 83 años, está viviendo en nuestra comunidad. Esto abre un debate al cual como medio de comunicación nos parece pertinente entrar para dejar establecidas nuestras posiciones.

Cabe preguntarnos como sociedad hasta dónde es sensato permitir la conducción de adultos mayores. Es lógico creer que una persona de 83 años no tiene las mismas facultades y capacidad de reacción de un adulto promedio y aunque eso en sí mismo creemos no lo descalifica, lo prudente sería incrementar los procesos de revisión médica para garantizar la idoneidad de los conductores. Está claro que conducir un vehículo no solo afecta a los que van dentro sino también a los que van fuera. Probablemente Sandra fue una víctima de un proceso deficiente de control que, creemos, debe mejorarse. Por eso celebramos las iniciativas legales presentadas por el diputado Sebastián Álvarez de incrementar los procesos de chequeo y revisión a los mayores de 80 años. Creemos que eso no discrimina, nos protege. No sólo a los ciudadanos sino a los mismos conductores que puedan tener una valoración mayor de sus capacidades. Como sociedad necesitamos  ponernos de acuerdo en torno a esto y creemos que esa iniciativa de Ley va en la dirección correcta. Esperamos el gobierno lo acoja y tenga urgencia para que no duerma en el parlamento.

Por otro lado, aunque sea totalmente legal, resulta cuestionable que el mismo tribunal donde 2 de los jueces están vinculados y con conflicto de interés con Podlech, falle un requerimiento  del mismo abogado para poder obtener su licencia. ¿No podía acaso gestionar la licencia en otra municipalidad donde hubiera una institucionalidad que garantizara la total transparencia del proceso? Somos claros, puede —no tenemos la certeza total— haber sido legal  el proceso, pero es poco claro y deja un manto de dudas realizar este procedimiento acá. Era innecesario porque, aunque la legalidad le respalde, impone una secuencia de desconfianzas respecto a todo el proceso que no resulta justo para toda la institucionalidad municipal (el Juzgado de Policía Local depende de la municipalidad). Resulta legítimo preguntarse ahora si  todo el proceso estuvo correctamente apegado a la legalidad. Si los exámenes médicos se realizaron, si el test psicotécnico se efectuó y aprobó realmente. Aunque la vida de Sandra no será devuelta, creemos debemos hacer los esfuerzos como sociedad en todas las dimensiones posibles para evitar que estas cosas vuelvan a suceder.