Concejales “bajo presión”: ¿cómo afrontan la arremetida penal de la empresa Globalconnect?

• Un abogado común y el perfil, por ahora, bajo es la estrategia en una causa que varios de ellos consideran —fuera de micrófono—  como “intimidatoria”. Mientras, siguen en paralelo las definiciones de la municipalidad en el caso del Tribunal de Contratación Pública y la posición del alcalde y otros dos directivos que fueron presentados como testigos por los ejecutivos de la compañía en la acción penal. 

(Apoya el periodismo local e independiente haciéndote socio de La Voz de Pucón )

Sintieron el golpe. La querella por injurias ingresada por la empresa Globalconnect pegó fuerte en la interna municipal. Esto, porque en los hechos es la primera que un organismo privado ingresa en contra del pleno de la mesa de los ediles en la historia cívica local. Al menos que se recuerde desde la vuelta de la democracia. Entonces ¿cómo afrontan los ediles la arremetida judicial de la empresa? Si bien por ahora prefiero mantener el perfil bajo, sí se han establecido ciertas coordinaciones para afrontar como grupo lo que se viene en el ámbito judicial que tiene como primer hito la audiencia de conciliación del próximo 25 de mayo a las 10 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Pucón. 

En principio los seis concejales (Verónica Castillo, Claudio Cortez, Julio Inzunza, Armin Avilés, Emilio Ulla y Marina Matus) están coordinados a través de un grupo de whatsapp. Para esta semana tiene como objetivo cerrar con el abogado Ítalo Mella; quien representó a Verónica Castillo en la querella que puso en su contra el suspendido jefe de la Dirección de Administración Municipales (DAEM), Alejandro Durán. Esa acción judicial fue ganada por Castillo, ya que el tribunal concluyó que los dichos de la exfrenteamplista fueron expresados en el contexto de su rol como concejal. 

La idea, según se explicó, es mantener un perfil bajo mientras se defina una estrategia de defensa. Por lo pronto la mayoría de los querellados ha preferido evitar referirse en público al tema; aunque en privado varios de ellos ven directamente la acción judicial como un intento de intimidación de parte de los ejecutivos de la empresa, que piden penas de reclusión y una multa de $1,4 millones. 

Según las fuentes consultadas al interior del concejo, los ediles miran con algo de desconfianza la participación del alcalde Sebastián Álvarez; el Administrador, Sergio Núñez y la Secretaria Municipal, Gladiela Matus en la causa penal. Los tres, más otros funcionarios que participaron en el concejo municipal del dos de marzo cuando se rechazó la licitación, están presentados como testigos por la empresa en la causa. Por ahora, eso sí, no está clara la participación de los personeros. Esto, porque aún se debe pasar por la audiencia de conciliación. De llegar a un acuerdo la causa se acaba, pero de permanecer la controversia, se debe ir a una audiencia de preparación de juicio y solo ahí se definirán las pruebas y testigos y, por cierto, la participación del alcalde y los funcionarios en la misma. Desde el entorno del alcalde, eso sí, hicieron trascender que Álvarez antepondrá los intereses del municipio; ya que en el caso no estará actuando como una “persona natural”, sino que como jefe comunal. Esto, pese a que la causa es —en los hechos— una acción penal de carácter privado. Con todo, si el juez lo cita a declarar deberá hacerlo. 

Por ahora, eso sí, ha traído cierta tranquilidad la contestación del abogado Franco Tosti-Croce, jefe Jurídico de la municipalidad, a la demanda realizada en el Tribunal de Contratación Pública (TCP). Se considera que el texto del profesional le dio piso a las dudas planteadas por los concejales en torno al asunto laboral del, en ese entonces, renunciado Secretario de Planificación Comunal (Secplac), Alexis Figueroa. Esto, porque parte del rechazo de los ediles apuntaba a la posibilidad de que Figueroa, luego de salir de la municipalidad el 31 de marzo, se fuera a trabajar a Globalconnect. Y este elemento, al final, fue confirmado por la misma empresa en el programa “Nueva Mirada Local” de La Voz de Pucón y Pucón Tv. Es en ese sentido que el texto de Tosti-Croce argumenta que los concejales, en el fondo, previeron un eventual conflicto de interés con el rechazo. Todo esto en línea con disposiciones de la misma Contraloría. 

Ahora, algunos de los ediles están a la espera de la definición de Álvarez en torno a la auditoría que el pleno del concejo pidió que se hiciera en torno a los contratos de la empresa con el municipio desde diciembre de 20024, es decir desde el inicio del período del alcalde. La respuesta podría estar durante la tarde de este miércoles luego de una reunión programada en el municipio entre el alcalde y los concejales.

(Hazte miembro de nuestro canal de Whatsapp y recibe las noticias primero)