Dreams acusa que la situación de Enjoy se debe a “malas decisiones comerciales” y que estos se justifican en el 18-O y la pandemia solo para eludir compromisos

La guerra de las empresas de los juegos de azar está en un punto crítico. La disputa tuvo un nuevo round en el Tribunal de la Libre Competencia y pone piedras a los argumentos de la compañía ligada históricamente a la familia Martínez que está en proceso de reorganización judicial con sus acreedores y que sufrió hace poco el rechazo de la superintendencia para dejar sin efecto nuevas licitaciones.

La “guerra de los casinos” no para. Y esta vez fue el turno de la empresa Sun Dreams, la que ingresó un documento en el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), en el que se libra uno de los frentes de batalla de la disputa. Y en el papel, Dreams argumenta que —lisa y llanamente— la situación de Enjoy es producto de malas decisiones comerciales tomadas al interior de la compañía ligada históricamente a la familia Martínez (Enjoy). Todo esto en medio del proceso de reorganización judicial que Enjoy lleva adelante con sus acreedores para evitar una quiebra; y la solicitud (ya rechazada) a la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) de dejar sin efectos las licitaciones ganadas en 2018 de cuatro casinos municipales incluyendo Pucón (sin pagar las boletas de garantía) o que le den más tiempo para materializar la propuesta. Todo esto basado en los problemas generados luego del denominado “estallido social” del 18 de octubre de 2019 y de la pandemia del coronavirus que obligó a para a la industria completa.

La causa en el TLC se generó luego de que Enjoy ingresara, en agosto pasado, una demanda millonaria (US$12 millones) en la que acusaba a Dreams de generar acciones que buscaban aportillar, retrasar y elevar los costos que Enjoy debía asumir para materializar las licitaciones ganadas en 2018 en Puerto Varas y Pucón. Y fue esta causa la que usó Dreams como plataforma para lanzarse en contra de Enjoy y echar por tierra los argumentos de las razones externas para justificar el mal momento económico que propició la reorganización y la solicitud de frenar las licitaciones. A juicio de Dreams, eso no es así.

“La actual situación de Enjoy S.A. y la imposibilidad de implementar los proyectos de casinos de sus filiales, tiene por antecedente las erradas decisiones comerciales tomadas por las demandantes, que incluyen las ofertas formuladas para adjudicarse los permisos de operación correspondientes a Pucón y Puerto Varas, a través de proyectos imposibles de implementar técnica y económicamente, con el solo objeto de excluir a su competencia”, se lee en el documento al que tuvo acceso La Voz….

El tema no es menor, ya que los argumentos principales tomados por Enjoy tanto para pedir la reorganización judicial de sus acreedores como para terminar con las concesiones de los casinos municipales sin el cobro de las boletas de garantía (o en subsidio que le otorguen más tiempo de operación de la actual concesión y también que se amplíe el plazo para operar la nueva); apuntaba principalmente al denominado “estallido social” que partió el 18 de octubre pasado y a la pandemia del coronavirus que le ha imposibilitado a toda la industria casinera a abrir sus locales. 

“La falta de implementación de los proyectos de las filiales demandantes en Pucón y Puerto Varas, así como en Coquimbo y Viña del Mar, se debe, única y exclusivamente, a las deficientes decisiones comerciales adoptadas por la propia compañía, que hoy pretende culpar a terceros —como Sun Dreams— y justificarse en las contingencias nacionales, con el objeto de eludir sus compromisos asumidos con la SCJ y que se encuentran garantizados en boletas de garantía que están en poder del regulador sectorial competente”, profundiza el documento de Dreams.

En el escrito Dreams, además, asume que la demanda de Enjoy es solo instrumental y pide que los condene en costas.

Concejo municipal

En tanto, durante la mañana del lunes, se desarrolló el concejo municipal y en ella los ediles debatieron de la situación que vive la empresa. No hubo, eso sí, mayor debate sobre tener o no una posición unitaria de concejo y apuntaron, más bien, a dejar que las cosas sigan su rumbo y en en el evento de que la empresa no materialice el proyecto en junio de 2021, que se cobren las garantías.

También se informó que el contrato que pactaba el plan de pago de los cerca de $500 millones que la empresa le adeuda a la municipalidad por la concesión actual está en revisión jurídica. Si bien el alcalde Carlos Barra habló, en primera instancia, de que la empresa contrate un seguro por esos dineros, esa posibilidad se diluye al existir una boleta de garantía que respalda esos dineros.

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