“Caseritas” ponen recurso de protección para que las dejen vender en calle O’Higgins 

• Comerciantes del centro dicen que la prohibición es un acto “ilegal” y “arbitrario”. Piden que sea dejado sin efectos y que se aplique desde la próxima temporada de verano. Una de ellas acusa tener cerca de $11 millones en partes. 

A última hora del miércoles se conoció la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco que declaraba admisible el recurso de protección que pusieron la denominadas “Caseritas de Pucón” en contra de la municipalidad. Esto, por la imposibilidad que tiene este grupo de comerciantes locales para poder vender sus artículos en la vía pública, particularmente en calle O’Higgins en la acera, adjunto a donde se encuentra el estacionamiento del supermercado Eltit.

Según el documento, que es público en la web de Poder Judicial, el recurso está en representación de Mónica Lincan, Thiare Ortega, Claudia Correa, Llia Correa, Marcia Asencio y Alicia Ávila y va en contra del jefe de Rentas y Patentes, Juan Antonio Ulloa y el alcalde Carlos Barra. Apunta, en resumen, a que considera como un ejercicio “abusivo” y “arbitrario” el cambio de regulación que prohíbe la instalación de los puestos de ventas y además el poco tiempo que se les dio (tres días según el recurso) para que la medida de prohibición se haga efectiva. Esto desde el pasado 8 de mayo cuando se firmó la resolución.

“Las recurrentes somos productoras del campo de quesos, empanadas, humitas, calzones rotos, berlines y huevos, productos que comercializamos como vendedoras ambulantes de los mismos productos en el centro de la comuna de Pucón (inicialmente O’Higgins 336, luego O’Higgins 379), por lo que la mayoría hace más de 11 años hemos realizado este trabajo en el mismo sector de donde se nos pretende expulsar de acuerdo a la notificación del día 8 de mayo del presente”, se lee en el documento, el que agrega: “Luego, de acuerdo a las copias de permisos Municipales ocasionales trabajamos legalmente pagando la ocupación del espacio público desde el año 2017, hasta la decisión administrativa de la autoridad local de erradicarnos del espacio público”.

El mismo documento señala que durante el último mes han debido trabajar, pero que han sido infraccionadas (una de ellas señala a LVP que tiene cerca de $11 millones en partes en el Juzgado de Policía Local). Acusan, además, que desde la municipalidad le han dado permiso a otros vendedores para que cumplan labores similares a las de ella: “Nuestros clientes nos buscan ahí en ese lugar, y el Alcalde no nos permite la entrega de los productos por una decisión antojadiza, pues como se sabe, los permisos ocasionales de ocupacion de bien nacional de uso publico, les son otorgados a los comerciantes ambulantes que tienen mejores relaciones o derechamente comprometen el voto con la autoridad de turno, porque pasa a ser una herramienta de pre-negociación política con los ciudadanos. Esta afirmación se hace porque es efectivo que luego de la comunicación del día 8 de mayo, se mantienen y existen permisos para vendedores ambulantes en la comuna de Pucón emitidos por el municipio y sólo se nos ha aplicado esta decisión a nosotras aplicando arbitrariamente el manto de legalidad del que está investido el Alcalde en la decisión administrativa”.

En rigor, de acuerdo a lo que dice el recursos se reprochan tres elementos relevantes de acuerdo a la posición de las “Caseritas”: la oportunidad de regulación, ya que consideran que hacerlo en mayo —previo a la temporada alta de invierno— atenta en contra de sus intereses económicos; el breve plazo de expulsión (tres días desde el ocho de mayo) y la nula respuesta a la solicitud de prórroga verbal realizada al alcalde. “Dicho sea de paso, ese breve lapso hacia que fuese, en la práctica, imposible de cumplir, porque aplicar dicha medida nos deja sin la posibilidad de buscar un espacio donde comercializar nuestros productos, y para ello se requiere de una inversión que desde luego no la tenemos, porque somos familias vulnerables de acuerdo a los certificados (fichas sociales que se acompañan), dando sólo 3 días para el retiro”, dice en el recurso.

Al finalizar el recurso, las “Caseritas” solicitan que la resolución sea declarada como “arbitraria”, lo mismo que la no respuesta a las solicitudes realizadas entre el 8 y el 10 de junio. También piden que cualquier regulación al respecto sea aplicada desde esta próxima temporada de verano y que, por lo mismo, la municipalidad se inhiba de decretar cualquier resolución que revoque “derechos adquiridos” por las recurrentes. La Corte de Temuco entregó un plazo de ocho días a la municipalidad para que emita un informe sobre la situación.