El juicio abierto que tiene enfrentados a Sebastián Álvarez y a la Universidad Autónoma por incumplimiento de contrato

• Se trata de una causa en la que el ahora candidato reclama que fue sacado unilateralmente de un proyecto adjudicado, con platas del Gobierno Regional, a la casa de estudios cuyo rector es el ex ministro de Sebastián Piñera, e histórico RN Teodoro Ribera. La contraparte, en tanto, niega los hechos y dice que el ex diputado no estaba desarrollando las actividades acordadas debido a que, según él, lo dejaban muy expuesto y “podría afectar su capital político”.

La historia es reciente y, la verdad, es que no muchos conocían los detalles. Pero los hechos están contenidos en la demanda que el triunfador de las primarias de Chile Vamos y candidato a la alcaldía de Pucón, Sebastián Álvarez, ingresó en noviembre del año pasado en contra de la Universidad Autónoma, cuyo rector es el ex ministro de Sebastián Piñera y conspicuo miembro de Renovación Nacional (RN) en la región y en el país, el abogado Teodoro Ribera. 

Los datos, que están en la web del Poder Judicial, indican que el 1 de junio de 2023 se celebró entre Álvarez y la universidad un contrato de prestación de servicios en los que el, ahora candidato, iba a oficiar de coordinador de un proyecto ganado por la casa de estudios y financiado con fondos del Gobierno regional que buscaba “potenciar el capital humano en el sector de la Costa Araucanía”. Se estableció que el monto que cobraría Álvarez por sus servicios ascendería a los $16.800.000 pagaderos en ocho cuotas de $2.100.000 pagaderas a contra de junio de 2023. El ganador de la primaria en la derecha debía presentar una boleta de honorarios los últimos días del mes y cobrar lo acordado. El contrato entre la Autónoma y Álvarez terminaba en enero de este año. 

Pero las cosas se complicaron y, según lo estipula la demanda presentada por el representante de Evópoli, el acuerdo terminó abruptamente en septiembre del año pasado. “Con fecha 28 de septiembre de 2023 la jefa directa del demandante, doña Daniela Quintana, lo citó a la oficina del Decano de la Universidad, lugar en el que le indicó que se le ponía término al contrato, pese a que, como se ha indicado, éste duraba hasta el 31 de enero de 2024”, se lee en el texto de la demanda, la que agrega: “El mismo día se cambiaron las claves del correo electrónico del proyecto y se desactivó su correo electrónico de la Universidad y fue eliminado del ¡grupo de WhatsApp”.

La demanda agrega que el mismo día (28 de septiembre), el demandante (Álvarez) envió un correo a su jefatura para llegar a una solución, pero que fue desestimado y que también envió una comunicación al vicerrector de la sede universitaria, Emilio Guerra, quien tampoco entregó una solución. “Demás está decir que el término anticipado del contrato fue absolutamente injustificado, ya que don Sebastián Álvarez había cumplido con todas y cada una de sus obligaciones”, señala el documento presentado por el abogado Carlos Reyes.

Los montos de la demanda, según se estipula en el documento, ascienden a lo que dejó de recibir Sebastián Álvarez hasta el fin del contrato ($8.400.000) más otros $10.000.000 por concepto de “daño moral”. Es decir, un total de $18.400.000.

Respuesta de la universidad

Pero la causa también tiene la versión de la universidad y ahí la historia tiene varios elementos que se distancia de lo dicho por Álvarez. De entrada, niegan que la comunicación de fin de contrato se haya dado el 28 de septiembre y, menos aún, en la forma relatada por el candidato a alcalde. 

“Lo cierto es que el actor no estaba desarrollando las actividades acordadas, producto según sus palabras que dichas funciones del programa lo dejaban muy expuesto con los pescadores de la zona costera, lo cual podría afectar su capital político, dando también a conocer que posiblemente se postularía a algún cargo publico en el año 2024, por lo que se le propuso en primera instancia desarrollar otra actividad que significara menos exposición y menos horas de trabajo, lo cual quedó de analizar”, se lee en la respuesta redactada por el abogado Claudio Nicolás Alracón.

El profesional integra en la respuesta elementos para respaldar la posición de la casa universitaria: “En efecto, con fecha 28 de octubre de 2023 el actor (Álvarez) envió un correo a Daniela Quintana donde le solicita lo siguiente: ‘Por lo mismo quiero solicitar que puedan evaluar un acuerdo voluntario entre las partes por un periodo transitorio de 2 meses a fin de poder continuar en la coordinación del programa hasta el cierre y certificación del curso de marketing digital y así finalizar este proceso de trabajo el 31 de noviembre de 2023, presentando una carta de renuncia de mi parte y del mismo modo me permita prepararme para asumir otra actividad a partir del 01 de diciembre de 2023’”.

En ese mismo sentido el abogado de la Autónoma agrega: “Al analizar mi mandante (la universidad) la propuesta del actor en cuanto al pago de dos cuotas es decir $4.400.000, la acepta, pero el demandante en un acto inentendible solicita más dinero de lo ya pedido, para posteriormente solicitar una suma abultada de dinero en su demanda, que no corresponde pagar a mi mandante bajo ningún punto de vista, teniendo en consideración lo ya expuesto”.

Es en ese contexto que la Universidad Autónoma rechaza los términos de la demanda del ex diputado y, por cierto, también niega que exista algún tipo de “daño moral”. “Respecto del daño moral, refiere que mi mandante puso término unilateral al contrato, y que ese mismo día se le desactivaron sus claves, fue eliminado del grupo de Whatsapp, así como su cuenta de correo electrónico y las claves, lo que esta parte niega tajantemente, no siendo cierto lo relatado en este punto por el actor para tratar de justificar su daño, pues fue él mismo quien se salió de dicho grupo de whatsapp”, se lee en el texto.

La causa se encuentra en la etapa probatoria. La última diligencia, según registra la web del Poder Judicial, ocurrió el lunes que recién pasó en la que los involucrados debían presentar documentos; pero fue suspendida para el 8 de julio, ya que ambas partes no pudieron presentar lo solicitado.