Los flancos que indaga la fiscalía en Caso Ulloa: desde la consultora ligada a un sobrino del imputado hasta las implicancias en la pasada campaña municipal

• La causa sigue abierta y a la espera de más diligencias. Entre las pruebas que manejan los investigadores está un audio en el que el formalizado y con arresto domiciliario jefe de Rentas y Patentes “recomienda” a un contribuyente cómo evadir la fiscalización de los mismos inspectores municipales. Sobre una eventual querella de la municipalidad, desde el organismo señalan que están a la espera; aunque decretaron la suspensión del sueldo del suspendido funcionario. 

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“En esta mesa quiero solicitar que don Juan Antonio (Ulloa) se inhabilite en respaldo a esta patente por un tema puntual. El día que fui a notificar al señor Villarreal en calle Gerónimo de Alderete el dueño llamó al sobrino de don Juan Antonio; a don Eduardo (Ulloa) para que viniera a solucionarle el problema…”. 

Las palabras de la Secretaria Municipal, Gladiela Matus, en el concejo municipal de Pucón del siete de junio del 2023 eran, de alguna forma, premonitorias. La funcionaria pública, en esa reunión, le pedía directamente al entonces jefe de Rentas y Patentes, Juan Antonio Ulloa, que se inhabilitara en la defensa del otorgamiento de una patente de alcoholes entregada a un contribuyente identificado como Francisco Villarreal. ¿La razón? La llamada que supuestamente Villarreal le hizo, al momento de la fiscalización, a Eduardo Ulloa, sobrino del ahora formalizado y suspendido funcionario (está con arresto domiciliario total). Eduardo Ulloa —hermano del concejal Emilio Ulloa y nieto del exalcalde Carlos Barra— es parte de la oficina de asesorías U&V la que, de acuerdo a los datos conocidos posteriormente, le prestaba asesoría a Villarreal. 

El punto es que en los últimos meses, luego de la activación de la arista penal por parte del Ministerio Público y la PDI, esta relación es parte de la indagatoria que lleva adelante el persecutor jefe de Pucón, Jorge Calderara. Así lo confirman las fuentes consultadas por este medio, las que tienen acceso a la carpeta investigativa. Y es que existen una serie de aristas investigativas que aún permanecen abiertas. Una de ellas es la relación que tiene el imputado (Juan Antonio Ulloa) con la consultora ligada a su sobrino. El punto es determinar si el caso ligado al contribuyente mencionado por Matus (Villarreal) es un hecho aislado o si esto era una práctica sistemática en los que el flujo de clientes desde la consultora hasta la oficina de Rentas y Patentes era contínuo. Y de ser así, qué tan riguroso era el departamento liderado por Ulloa en los requerimientos de documentos, la fiscalización y el otorgamiento de patentes.

En la causa, según conoció este medio, existen evidencias concretas (mensajes de Whatsapp) entre Juan Antonio Ulloa y Villarreal en el que el primero aconsejaba al segundo sobre cómo evadir la fiscalización de los funcionarios de la misma municipalidad. Es decir, el mismísimo jefe de Rentas y Patentes de la municipalidad aleccionando a un contribuyente para evadir una fiscalización. Y esto, evidentemente, levantó una alerta gigantesca en quienes investigan la causa. Por lo mismo trascendió que el fiscal no descarta una reformalización del imputado para agregar otros hechos a la causa. Y esto último, por cierto, podría cambiar, incluso, las medidas cautelares que pesan actualmente sobre Ulloa, quien está con arresto domiciliario total. 

Al preguntarle a los representantes de la consultora U&V por esta situación; enviaron un comunicado de cuatro puntos en el que, básicamente, niegan alguna relación con el imputado (más allá del parentesco entre uno de los asociados) y descartan haber participado en algún hecho cuestionable o con características de delito. 

“U&V es una consultora especializada en recursos humanos y gestión contable. En ningún caso realizamos trámites relacionados con patentes de alcohol”, se puede leer en el primer punto y luego agregan: “Rechazamos categóricamente cualquier vínculo con el Sr. Juan Antonio Ulloa García, funcionario municipal mencionado en las declaraciones de concejales, funcionarios y la secretaria municipal. Si bien existe un parentesco familiar de uno de los socios de nuestra consultora con el señor Ulloa, esto no implica ninguna relación profesional o injerencia en los procesos de gestión de patentes cuestionados”.

Sobre el caso de la patente gestionada a Villarreal señalan: “En relación a la patente otorgada al Sr. Villarreal, aclaramos que nuestra participación se limitó a la entrega de la documentación estándar requerida para cualquier trámite de patentes. No ejercimos influencia alguna en el proceso de aprobación”. Al finalizar, sostienen que no han sido objeto de notificación alguna de parte de la PDI o de la fiscalía y que rechazaban cualquier vinculación pública con el caso. 

La arista política

Pero lo de la consultora no es lo único que se mira con detención desde las instituciones encargadas de perseguir delitos. También llama la atención el rol de Juan Antonio Ulloa en la pasada campaña política municipal. Ahí, en primera instancia el formalizado jefe de Rentas y Patentes inscribió su nombre como postulante independiente en el Servel. Pero posteriormente logró que los partidos Amarillos y Demócratas le entregaran su apoyo. Pero su nombre, finalmente, no llegó a la papeleta debido a que —según se explicó— hubo un error administrativo de parte de los encargados electorales de los partidos. 

El punto es que, de alguna forma, Ulloa siguió ligado a la campaña municipal. Primero otorgándole un polémico apoyo a quien ahora es el alcalde Sebastián Álvarez; y más profundamente en la campaña a concejala de Dánica Fárfan; quien iba en la lista de Amarillos y Demócratas. Los investigadores están observando con detención la actividad política que tuvo Ulloa en relación a Farfán. Esto, porque fue ella quien adquirió la patente de alcoholes que dio inicio a la causa. Se trataba del permiso otorgado, al parecer con irregularidades manifiestas, a Andrea Estrada; hija de una cercana a Ulloa y también (por un tiempo) funcionaria municipal.Esta última mujer, identificada como Carmen Luz Moreno, recibió un poder de su hija (Carolina Estrada) para negociar la patente; la que fue vendida por $35 millones a Dánica Farfán (sólo se pagó una parte, según consta en la indagatoria). La sospecha apunta a si ese dinero podría haber estado enfocado, eventualmente, en financiar la fallida campaña política de Ulloa a la alcaldía. Dánica Farfán es esposa del exconcejal de Quilicura, Mario Alvear, quien fue detenido hace dos años por estar ligado a una causa relacionada al robo y blanqueo de vehículos. 

Por ahora la indagatoria sigue abierta y se espera una nueva ronda de declaraciones. Tampoco se descarta que existan otras personas formalizadas en la causa. También, tal como se dijo más arriba, la posibilidad de ampliar la formalización de Ulloa es alta. De ser así es probable que el Ministerio Público deba pedir la prisión preventiva. Consultada la municipalidad por la posibilidad de una querella en la causa, ya que son eventuales víctimas, señalaron que esperarían el devenir de la investigación. Por ahora sólo existe un sumario abierto y Juan Antonio Ulloa está suspendido de su cargo como jefe de Rentas y Patentes. Eso sí, al cierre de esta nota se conoció que la municipalidad decretó suspender el pago de las remuneraciones del funcionario. Esto, por su situación procesal.