Cierre del río Trafampulli: Corte acoge petición de recurrir a un estudio ambiental, pero vecinos de Colico van a la suprema

• El tribunal de alzada temuquense definió que previo a reconstruir el pretil o dique destruido en 2022 se debía realizar un Estudio de Impacto Ambiental; pero el caso subió a la máxima instancia de la justicia chilena en Santiago. Falta ahora definir la posición de la nueva administración municipal en el tema. 

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Si bien las últimas temporadas de lluvia en la zona dejaron al lago Caburgua con niveles altos (aunque bajó considerablemente en verano); el caso del cierre del brazo del río Trafampulli que va a dar al cuerpo de agua sigue vigente. Esto, luego de que la Corte de Apelaciones acogiera los recursos de protección que ingresaron las juntas de vecinos del sector, por un lado, y también la municipalidad de Pucón. 

Es decir, el tribunal de alzada aceptó la petición de las organizaciones y la principal administración pública local de que, antes de concretar el cierre del brazo ordenado por la Dirección General de Aguas (DGA) se realice una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) realizada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Lo anterior porque si bien se consideró que administrativamente la resolución de la DGA estaba correcta, debía necesariamente agregarse el elemento del cambio climático (y la baja en la pluviometría) para definir la situación. Es decir, un triunfo para los locales. Pero los vecinos de Colico reaccionaron y elevaron un escrito a la Corte Suprema para que sea el máximo tribunal del país el que defina el futuro del río Trafampulli y su eventual efecto en el Caburgua. 

Un poco de historia

Para entender el contexto de lo sucedido con el brazo del río Trafampulli que va a dar al lago Caburgua; hay que remitirse a la primera década del siglo XXI. Fue ahí cuando un grupo de vecinos del lago Colico denunció que el propietario del fundo Llanqui Llanqui en la comuna de Cunco, Marcelo Benito, había intervenido el río al abrir un espacio para que corriera el agua hacia su propiedad y terminara en el lago Caburgua. Si bien Benito se defendió y argumentó que al brazo estaba ahí desde principios del siglo XX; sus argumentos no fueron acogidos y la DGA le ordenó levantar un pretil o dique y dejar el cauce tributando sólo al Colico. 

Pasados los años y tras una década de sequía el caburgua presentó una baja en su nivel considerada como histórica y fueron varias las organizaciones que comenzaron a mirar el pretil del Trafampulli como uno de los elementos que atentaban en contra del nivel del lago. Fue así como en 2021 se generó todo un movimiento vecinal y de organizaciones ambientalistas que exigían la apertura del brazo. Es decir, sacar el pretil que puso Benito (en contra de su postura) bajo orden de la DGA. Hubo protestas, marchas y solicitudes formales a las autoridades. Incluso se manejaron sendos estudios universitarios. Uno solicitado por los vecinos (que apoyaba la postura del impacto del pretil) y otro solicitado por las autoridades de la DGA que —era que no— respaldaban que el pretil no era factor y que la baja se explicaba sólo por la sequía. 

Pero a principios de 2022 ocurrió un hito no menor. Una comunidad mapuche de Pucón decidió tomar la decisión en sus manos y abrir el dique. Desde ese tiempo, el agua del brazo del Trafampulli abierto llega hasta el Caburgua. No obstante la DGA no se quedó de brazos cruzados e inició una investigación en Contraloría para definir si lo que habían hecho estaba o no ajustado a derecho. Con un informe favorable del organismo contralor, la instancia que regula el uso de las aguas en Chile decidió ordenar un nuevo cierre del brazo. Y fue ahí cuando los vecinos de Caburgua y la municipalidad de Pucón interpusieron dos sendos recursos de protección. Todo esto bajo la administración del anterior alcalde, Carlos Barra; por lo que los abogados representantes eran cercanos al anterior jefe comunal. En representación de los vecinos estaba la anterior jefa Jurídica de la municipal, Brahma Zúñiga; y por el municipio, el asesor externo, Rodrigo Flores. Ambos resultaron ganadores en la Corte Temuquense. 

Ahora solo resta conocer el devenir de ambas causas en el máximo tribunal del país. Y en ese contexto conocer cómo se va a posicionar la nueva administración comunal frente al tema. Esto, porque ambos abogados (Zúñiga y Flores) ya no desempeñan labores profesionales en el municipio y la causa sigue su camino en busca de una decisión clave: si se hace o no un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) antes de definir el cierre o no del famoso pretil.