Cierre del Trafampulli: municipalidad y vecinos ponen sendos recursos de protección, pero Corte rechaza solicitud de no innovar

• Ambos requerimientos apuntan a que la decisión de la DGA es “ilegal” y arbitraria. Ya hay una solicitud de reconsideración sobre esto último y se espera una segunda. 

Hace casi un mes se conoció de la resolución de la Contraloría en la que exigía a la Dirección General de Aguas (DGA) de La Araucanía presentar un proyecto para cerrar, otra vez, el brazo que sale del río Trafampulli hacia el lago Caburgua. Y la decisión, por cierto, trajo inquietud en una comunidad que asume que el flujo de agua es un aporte para la crisis hídrica que vive el Caburgua, sobre todo en tiempos de sequía cuando sus niveles bajan considerablemente. Por lo mismo, la municipalidad decidió apoyar a los vecinos y asesorarlos jurídicamente para revertir la decisión administrativa de la Contraloría y evitar el cierre. En ese contexto es que se pusieron dos recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Temuco. Uno de las agrupaciones vecinales y otro de la municipalidad. Y si bien, ambos fueron declarados admisibles, el tribunal negó la orden de no innovar, por lo que el proceso de cierre no será detenido.

Así se puede observar en la web del Poder Judicial, en donde se aprecia la tramitación de los recursos. Ambos, en el mismo tenor. En ellos tanto la abogada Bhama Zúñiga, quien asumió la representación (gratuitamente) de seis juntas de vecinos (Caburgua Alto, Caburgua Bajo, Carhuello, Entre Ríos Metreñehue, Coilaco y Carileufu) y Rodrigo Flores, quien representa a la municipalidad; apuntan a que la decisión de cerrar el brazo es “ilegal” y “arbitrario”; ya que atenta en contra de una serie de intereses ambientales y económicos de los vecinos del lago. 

Es en ese contexto y luego de hacer un recorrido por la historia reciente del proceso de cierre y reapertura por una agrupación mapuche en 2022, los textos aducen que no se entiende la decisión de la DGA. “Dada la naturaleza de la amenaza al componente ambiental el actuar de la DGA pretende volver a restaurar un petril, actuando de arbitrarias e ilegalmente basado en una orden de Contraloría, pero olvidando ambas instituciones públicas que el estado también esta obligado a respetar el medio ambiente y cumplir con nuestras normas medioambientales a pesar de nosotros mismos”, se lee en uno de los recursos.

En otro párrafo también se lee: “Por último, tal y como señala el artículo 1o de la Ley No. Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, que es deber y finalidad de la municipalidad satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas, es que este municipio viene a presentar el siguiente de protección en pos de los ciudadanos de la Comuna de Pucón”.

Por ahora, sólo en la causa abierta con el recurso patrocinado por la abogada Zúñiga hay una solicitud de reposición a la orden de no innovar; pero se espera que en las próximas horas Rodrigo Flores también integre una solicitud de que apunte a revisar ese punto considerado clave en el proceso.