La crisis en Vivienda se agudiza: los complejos nudos que tienen en vilo dos emblemáticos comités de Pucón

• Problemas legales, administrativos; pero también cuestionamientos al terreno que cerca de 300 familias poseen para desarrollar un gran proyecto habitacional en el sector del pasaje Arriagada; ponen en duda la esperanza de que el “sueño de la casa propia” pueda materializarse pronto y no se transforme en una “pesadilla” de nunca acabar. 

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Hay un adagio popular que dice que “cuando el río suena es por que piedras trae”. Y en el tema de la Vivienda en Pucón el “río está sonando”. Y mucho. Eso porque en las últimas semanas se han conocido una serie de situaciones y elementos que ponen en duda el futuro de dos proyectos que están unidos y que esperan una solución habitacional desde hace casi diez años. Se trata de los comités Altos del Sur y Valle Pucón. En total son casi 300 familias (299 para ser exactos) que están pasando por una crisis en las que, de profundizarse, podrían dejarlas en una espera larga y de final incierto. 

El punto es que si bien las familias en los últimos años de la administración del anterior alcalde Carlos Barra parecían que estaban a punto de concretar; luego del cambio de mano en la municipalidad aparecieron problemas no menores. Y dos de ellos podrían ser determinantes en el desarrollo del plan habitacional en un predio de dos lotes comprados en 2018 por la municipalidad, con dineros de la Subsecretaría de Desarrollo Regional a la familia del exconcejal Juan Matus. En total, según las escrituras y planos, son un poco más de 6,3 hectáreas en el callejón Arriagada. 

El primer “nudo crítico” tiene que ver con una interpretación legal que asumió el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) a instancia de la Contraloría General de la República. Y esto apunta, tal como se planteó en un concejo de principios de junio, a que la elección de la constructora que edificaría el proyecto debía pasar por una licitación pública y ser aprobada por el concejo. Esto porque la Entidad Patrocinante (EP, organismo que apoya a los comités) era municipal y debía regirse por el sistema de compras públicas del Estado. En el caso de ambos comités, la constructora elegida fue Bío Bío. El punto es que si bien los comités eligieron entre tres opciones, se explicó, que para el Serviu el proceso, que implica montos que llegan a los $20.000 millones, era objetable. 

Reunión con los comités

En esa línea es que la semana que pasó hubo una reunión en la que estuvo el equipo de la municipalidad, liderado por el alcalde Sebastián Álvarez. Ahí se trató el tema y, según cuentan asistentes al encuentro, la conversación se volvió intensa en algunos momentos. Esto, porque por un lado las familias veían como el proceso de años podía volver a fojas cero nuevamente y por el otro (el municipio) tampoco tenían una salida muy clara para entregar soluciones. 

Según los conocedores del encuentro, el alcalde Álvarez apuntó a que los comités anulen el contrato con la constructora para iniciar un nuevo proceso y realizar una licitación que cumpla con los estándares de la Contraloría y el Serviu. El problema de esta salida es que, por un lado, representa un nuevo retraso para las familias y su anhelo de la vivienda. Pero también podría dejar abierta la puerta para demandas millonarias de parte de la constructora que ha invertido en estudios técnicos y de factibilidad. Además le significaría arriesgar un contrato de US $20 millones. 

Pero previo a esa reunión, realizada el miércoles 25 de junio, el alcalde Álvarez ya había firmado un decreto de invalidación respecto a los contratos firmados con la Constructora Bío Bío respecto al proyecto con los dos comités. Si bien nadie de la municipalidad se refirió formalmente al tema, algunas fuentes consultadas por este medio, explicaron que se trataba de un proceso legal que no necesariamente implicaba “defenestrar” a la constructora. Sino que solo apuntaba a darle soporte jurídico sólido a las decisiones tomadas y, de alguna forma, darle un camino legal al proceso. Las mismas fuentes sostenían que puede haber una salida legal en torno a que si bien la normativa que exigía una licitación pública cuando la EP era municipal, no fue hasta 2024 que la Contraloría se pronunció respecto a la interpretación correcta. El punto es que son varios los municipios que están en una situación similar en la región y la idea, según se dijo, es generar una salida. Se supo, además, que la empresa ya presentó sus descargos en el proceso de invalidación.

Lapidario informe Secplac

Pero el problema legal-administrativo de la adjudicación no es la única situación compleja. Esto, porque en las últimas semanas estuvo circulando un documento en formato de informe redactado en la Secretaría de Planificación Comunal (Secplac) de la municipalidad. Ahí, en los hechos, se especificaba que el terreno comprado a la familia Matus tenía una serie de complicaciones que hacían “inviable” el proyecto planteado. 

Una de las principales razones para esta calificación es que, según el documento, no hay relación entre el metraje escriturado que corresponden a 62.133 mts2 (6,213 hectáreas) con el levantamiento topográfico realizado por los profesionales que la Secplac que arrojó 59.347 mts2 (5,934 hectáreas). Es decir, el terreno es más pequeño de lo que dicen los papeles. “Esto corresponde a una discrepancia significativa entre la topografía proyectada en los planos y las condiciones actuales del terreno, como consecuencia de ello el proyecto en su estado actual, supera en metraje al terreno existente”, se puede leer en el documento que fue validado como real por este medio. Según conocedores del tema, faltaría espacio para 13 viviendas.

Según el mismo documento, hay otros problemas que posee el predio que tienen que ver con el drenaje de aguas lluvias, el alto nivel de movimiento de tierras (elevaría el costo según el documento), la necesidad de realizar un nuevo diseño de urbanización por las condiciones topográficas y además alertas que en las actuales condiciones podría generar una serie de observaciones en las diferentes reparticiones públicas que entregan permisos, lo que podría retrasar el proyecto. 

Luego de hacer algunas recomendaciones, el documento concluye: “En su forma actual, el proyecto no es viable debido a las inconsistencias críticas detectadas entre la topografía del diseño presentado y la realidad física del terreno. Continuar con la tramitación o la ejecución de obras sin realizar las correcciones y ajustes señalados tendría impactos económicos, legales y urbanísticos significativos, poniendo en riesgo la viabilidad y el éxito del desarrollo. Es imperativo realizar las adecuaciones técnicas necesarias para asegurar la correcta materialización del proyecto”.

Lo que viene

En tanto, las directivas de ambos comités además de hablar con la gente de la municipalidad también han estado en Temuco para dialogar en el Minvu y Serviu regional. De hecho a principios de semana hubo un grupo que fue acompañado por la concejal Verónica Castillo, presidenta de la Comisión de Vivienda del concejo, y se entrevistaron con el seremi del Minvu, Patricio Escobar. 

Según se supo, los comités podrían manejar dos caminos para, al menos, sortear lo legal-administrativo. Una alternativa es continuar con la EP municipal, seguir con el proceso de invalidación y licitar una nueva empresa. Se parte, de alguna manera, desde cero y la demora dependerá de la evaluación de la nueva empresa y de lo rentable que sea la propuesta. Se estima que en este escenario el proyecto pueda estar ya caminando para construir en 2026. La segunda alternativa es que se separen de la EP municipal y trabajen con una privada. En este escenario, los comités tienen la libertad de elegir a la empresa constructora libremente sin licitación; aunque la demora podría ser mayor, ya que la nueva EP debe ingresar al sistema una nueva propuesta de desarrollo. Lo único más o menos cierto es que los comités deben elegir uno de los dos caminos.

Ahora, en relación al considerado como “lapidario” informe de Secplac, cercanos a los comités señalan que existe un informe favorable del Serviu y, en los hechos, no le dan demasiado crédito. Por otro lado, también se habla de la posibilidad de que la empresa Constructora Bio Bio materialice una demanda en contra del municipio por la invalidación lo que, obviamente, pondría más “piedras en el camino (o en el río para seguir en la línea de inicio de este reportaje)” y complicar aún más la posibilidad de las familias de poder, algún día, tener la llave de una casa propia.