Concejales con opiniones divididas por decreto que les impide fiscalizar y hacer solicitudes por WhatsApp

• El documento establece una estricta reglamentación para realizar solicitudes a los distintos departamentos de la municipalidad. El alcalde Sebastián Álvarez sostiene que la normativa —estipulada, además, en otros cuerpos legales— busca garantizar la tranquilidad y los derechos laborales de los funcionarios, quienes, según el jefe comunal, se han sentido atemorizados.

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El pasado 13 de octubre fue promulgado el Decreto N.º 3590, firmado por el alcalde Sebastián Álvarez y la secretaria municipal, Gladiela Matus. El documento establece una serie de normas —la mayoría de ellas contenidas también en otros cuerpos legales— que buscan poner ciertos límites a las acciones de los concejales. Entre ellas, se encuentra la regulación del uso de mensajería instantánea (generalmente WhatsApp) para realizar solicitudes o fiscalizar. De hecho, el decreto no reconoce estas aplicaciones como canales oficiales.

“Las aplicaciones de mensajería instantánea y demás canales informales no constituirán vías oficiales de trabajo. En consecuencia, no podrán utilizarse para ejercer labores de fiscalización, comunicación operativa permanente ni para exigir atención laboral fuera de la jornada de trabajo legalmente establecida, garantizando así el derecho a la desconexión digital del personal”, se lee en el decreto, cuyo texto completo se puede consultar al final de esta nota.

El documento también establece las formas específicas en que deben realizarse los requerimientos y mantiene una lógica centralizada, según la cual todo debe ingresarse por escrito a través de la oficina de partes. Las solicitudes deben dirigirse al alcalde, quien también debe gestionar las respuestas. Es decir, de alguna forma, busca reducir al mínimo el contacto directo entre los funcionarios y los concejales.

Consultados sobre el decreto, los ediles manifestaron opiniones disímiles. La concejala republicana Marina Matus sostiene que el documento fortalece aún más la burocracia pública, lo que, a su juicio, no contribuye a resolver los problemas más urgentes.

“La burocracia municipal no puede convertirse en un obstáculo para quienes buscan soluciones a los problemas de la comunidad. Cuando una gestión se entrampa en procedimientos, demoras o falta de coordinación, no son los concejales quienes pagan el costo: son los vecinos”, sostiene la edil, quien agrega: “El alcalde administra el municipio, pero no es su dueño. La municipalidad pertenece a la comunidad y debe estar al servicio de sus necesidades. Por eso, las diferencias políticas entre autoridades jamás debieran traducirse en dificultades para resolver los problemas de las familias”.

La concejala Verónica Castillo, en tanto, también mantiene una posición crítica respecto del decreto y señaló que los concejales no son empleados del alcalde. “Quiero ser muy clara: los concejales no somos empleados del alcalde, ni estamos subordinados a sus instrucciones políticas. Somos autoridades elegidas democráticamente por la ciudadanía y tenemos el deber legal de fiscalizar la gestión municipal, velar por la correcta utilización de los recursos públicos y representar los intereses de nuestros vecinos”, argumenta la edil.

Castillo distingue entre la organización de los procedimientos administrativos y una eventual restricción de las facultades fiscalizadoras: “Por supuesto que debemos respetar los procedimientos administrativos y la normativa vigente. Nadie está por sobre la ley. Sin embargo, una cosa es ordenar los procedimientos y otra muy distinta es establecer mecanismos que puedan terminar dificultando o limitando el ejercicio de la fiscalización”.

La concejala también advierte que el decreto podría instaurar un clima de temor al interior de la municipalidad. “También me preocupa —sostiene— el efecto que estas instrucciones puedan generar en los funcionarios municipales. Ellos son servidores públicos y deben actuar conforme a la ley, con profesionalismo y responsabilidad. No podemos permitir que se instale un clima de temor o que un funcionario sienta que colaborar con la labor fiscalizadora de una autoridad electa puede traerle consecuencias laborales”.

Emilio Ulloa (RN) también se refirió al tema y valoró que el decreto ratifique prácticas que, según afirma, ha mantenido desde el principio. “Si bien este decreto me toma por sorpresa en su formalización, debo señalar con absoluta claridad que viene a ratificar una línea de trabajo que en lo personal he venido efectuando desde el primer día en que asumí este cargo”, señala.

Sin embargo, manifestó su preocupación por la posibilidad de que el documento termine limitando la labor fiscalizadora de los ediles. “Debo ser categórico en manifestar mi preocupación y esperar que este decreto no dé pie para coartar el rol fiscalizador que por ley tenemos los concejales. La fiscalización es un pilar fundamental de nuestra labor democrática y de representación ciudadana. Por esta razón, solicitaré formalmente a la administración las aclaraciones necesarias en la próxima sesión para despejar cualquier interrogante y asegurar que este instructivo no se transforme en una traba burocrática que entorpezca nuestro deber de velar por la probidad y el buen uso de los recursos municipales”.

Claudio Cortez (RN) considera que el decreto viene a “rayar la cancha” tanto a los concejales como a los funcionarios. “En mi caso como concejal la verdad es que no tengo inconvenientes ni mala comunicación con los funcionarios, esto debido a que yo siempre he mantenido un contacto respetuoso con ellos. Hay que recordar que hace un tiempo hubo situaciones complejas dentro de los departamentos. Entonces esto viene a rayar un poco la cancha formal del proceso”, sostuvo el edil, quien agregó: “Si los funcionarios han reclamado por llamadas hechas fuera de horario que los complican porque estamos vulnerando su descanso laboral, yo entiendo eso de parte de los funcionarios. En el fondo yo valido este decreto”.

En la misma línea se manifestó Julio Inzunza (PDG). “Mientras esto esté ajustado a la norma no le veo problema y las normas que cita el decreto están correctas por lo que no le veo inconveniente”, argumenta.

Alcalde

Consultado sobre los objetivos del decreto, el alcalde Sebastián Álvarez sostuvo que su principal propósito es garantizar la tranquilidad y los derechos laborales de los funcionarios. “El motivo de emitir un decreto es informar lo que indica la ley y las jurisprudencias establecidas por la Contraloría respecto a la relación entre funcionarios y concejales”, explica el jefe comunal.

En la misma línea, agrega: “Este es un decreto interno para los funcionarios para garantizar su tranquilidad laboral y respeto a sus derechos laborales, debido a reiteradas denuncias y reclamos de funcionarios que se han sentido presionados generando reclamos a través de los sindicatos y con sus directores y alcalde, sobre llamados telefónicos y WhatsApp recibidos de forma frecuente por algunos concejales en horarios fuera de su jornada o bien en fines de semana, festivos, en sus vacaciones o bien en períodos de licencias médicas. Y se han sentido atemorizados por no saber y conocer lo que indica la ley y sus derechos al respecto”.

Ante la consulta sobre por qué emitir un decreto que aborda materias ya reguladas, Álvarez responde: “Así queda como un resguardo legal para ellos y garantizar su seguridad y estabilidad laboral dado que se han sentido un poco atemorizados por lo reiterativo de estos actos por algunos concejales y dado que nunca se había dado respuesta a estos situaciones denunciadas por ellos”.

El decreto

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