Mujeres que acusaron abusos y violaciones en colegio católico de Huife presentan querella en contra de profesor

La idea es poder quebrar la prescripción que amenaza el caso que impactó a la zona luego de un reportaje publicado por La Voz… Uno de los objetivos, según explicó el abogado Manuel Ibarra, es que la persona a la que ellas señalan como el autor de los hechos no camine en libertad como lo hace hasta ahora. “Es un peligro para la sociedad”, señaló el profesional.

Por Rodrigo Vergara

 

Una querella por ocho casos de denuncias y violaciones interpusieron las mujeres víctimas de Huife. El caso, dado a conocer por La Voz… en junio pasado, contaba la historia de un grupo de niñas que fueron violentadas sexualmente, según ellas acusan, por el profesor de la época Rodolfo Álamos Vergara. Los hechos ocurrieron a finales de la década de los ‘80 y principios de los ‘90 y, pese a que hubo una denuncia en la justicia en 1994, el caso se diluyó y fue finalmente desestimado. De hecho, Álamos Vergara siguió su labor como profesor en un colegio católico de Afunalhue, en la zona rural de Villarrica y en ese lugar también fue denunciado por dos menores de edad. Pero ese caso sí llegó a juicio y en 2011 el fiscal Jorge Calderara logró una condena de cinco años con pena remitida (en libertad) por abusos sexuales.

La querella por Huife fue presentada en el Juzgado de Garantía por los abogados Manuel Ibarra y Jorge Rojas. En ella se busca que la justicia pueda, al menos, investigar los hechos ocurridos hace más de 30 años. Y es el tiempo la principal barrera, ya que la sombra de la prescripción (que en los hechos hace que los delitos no se puedan perseguir) pesa sobre el caso. El abogado Ibarra confía, eso sí, que la causa pueda llegar a las manos del Ministerio Público y se puedan indagar los hechos. “Todos los abusos que sufren los menores quedan en la impunidad, ya sea porque existe el secreto, por el temor a verse expuesto ante la opinión pública o por la vergüenza. Y también por los actos del agresor, que en el momento oportuno o cuando debió haberse interpuesto las denuncias o las querellas era un temor sublime en contra de este agresor, por lo tanto no se hizo en su oportunidad”, explicó Ibarra, quien agregó que el plazo de prescripción empieza a correr cuando ellas cumplen la mayoría de edad.

El profesional también apuntó a la Fundación Magisterio de La Araucanía, relacionada a la Iglesia Católica: “La Fundación Magisterio que estaba en conocimiento de estos hechos no hizo la denuncia como le correspondía porque todos los sostenedores de colegios, tienen la obligación legal cuando tienen conocimiento de algo tan grave, hacer la denuncia correspondiente. Por lo tanto la idea también es perseguir un grado de complicidad o encubrimiento de esta fundación que es la sostenedora de colegios católicos”.

Según Manuel Ibarra, la condena de Álamos de 2011 también ayudaría a romper la prescripción que podría pesar en contra de las intenciones de las víctimas de que se haga justicia. “Cuando se cometen nuevos delitos se interrumpe la prescripción anterior y empieza a correr de nuevo. Por lo tanto, nosotros creemos que las víctimas tienen la posibilidad de que la fiscalía investigue. La fiscalía tiene la obligación de investigar y que estos delitos no se encuentren prescritos”, argumentó.

Sobre el objetivo de la acción legal de parte de las víctimas, el abogado Ibarra señaló: “Lo que ellas persiguen es que el querellado no ande libre como ‘Pedro por su casa’ porque es un peligro para la sociedad. Es un tipo que ha cometido muchos abusos y violaciones en contra de menores. También se persigue que la Fundación Magisterio de La Araucanía asuma su responsabilidad en estos hechos”.

Una de las víctimas que llegó hasta el tribunal puconino, Eugenia Pérez, sostuvo que el objetivo de la acción legal es que se “haga justicia”. “Creemos que se puede hacer justicia todavía aunque hayan pasado varios años”, dijo, y luego agregó: “Hasta el día de hoy tenemos consecuencia de lo vivido en nuestra infancia”.

Los abogados Ibarra y Rojas también realizarán una demanda (en el área de la justicia civil) en Villarrica en favor de las dos víctimas de Afunalhue, caso por el que Álamos fue condenado en 2011. La idea de esta instancia es buscar responsabilidades civiles que favorezcan a las víctimas, y que ellas puedan ser reparadas —en la medida de lo posible— en el ámbito físico, emocional y también económico.