Municipalidad recurre a la Corte para invalidar orden de la Contraloría que pedía reintegrar a destituida jefa de Finanzas

El recurso de protección apela a que la investigación sumaria que terminó con María Victoria Román fuera de su cargo fue ajustada a derecho y apunta a negligencias de la funcionaria en el proceso de encasillamiento en el contexto de la nueva planta.

La municipalidad de Pucón, a través de su departamento Jurídico, interpuso un recurso de protección en contra de la resolución de la Contraloría regional que ordenaba reintegrar a la destituida jefa de Finanzas de la administración pública local, María Victoria Román. La funcionaria fue sancionada luego de un sumario administrativo que terminó con ella fuera del municipio por —de acuerdo a la sanción— favorecer a un familiar en el encasillamiento de los funcionarios antiguos en la nueva planta municipal. Según la versión de Román, acogida por la Contraloría regional, la jefa de Finanzas solo corrigió un error generado al interior de la municipalidad en el proceso de la nueva planta.

Al respecto, el recurso presentado por la municipalidad aclara que, en los hechos, a María Victoria Román se le investiga por su negligencia en la tramitación de los decretos que obligó a suspender el proceso de encasillamiento lo que generó, según el recurso, que se tome atribuciones que no le correspondían en pos de favorecer a su cuñado. “como consecuencia de ello, provocar daño o vulnerar los derechos funcionarios y remuneratorios de los funcionarios municipales de planta y contrata(remuneraciones enero y febrero 2019)”, se lee en el recurso, el que agrega: “Ella debió desempeñar sus obligaciones, tramitando los decretos de encasillamiento 2019 los primeros días de enero para haber hecho efectiva la modificación de la planta que estaba vigente a partir del 01 de enero de 2019, ya que como jefe de personal tenía toda la facultad legal y la responsabilidad de la elaboración correcta(redacción/corrección) de dichos decretos y no la aplicó, y dilató innecesariamente la tramitación hasta el mes de marzo 2019, provocando el daño remuneratorio de los meses de enero y febrero”.

El recurso acota que ningún precepto legal la facultaba para cumplir con una orden del jefe superior del servicio (el alcalde) y tampoco para actuar subjetivamente para beneficiar a su familia. “La sanción (destitución) es proporcional y los hechos fueron acreditados, y por lo que el Alcalde estaba facultado tanto para la valoración de pruebas, como para velar por la probidad y disponer las sanciones al personal, otorgándole el legislador amplias facultades para ponderar las circunstancias”, señala el recurso presentado por el jefe de la unidad Jurídica, Edmundo Figueroa. El documento, por cierto, sostiene que los cuestionados encasillamientos del personal sí estuvieron bien realizados.

El sumario administrativo que terminó con la destitución de María Victoria Román se generó en la denuncia de otro funcionario (Juan Antonio Ulloa) quien la acusó de interferir en el proceso de la planta y el encasillamiento de los funcionarios antiguos para favorecer con un mejor grado (mejor sueldo) a un familiar. María Victoria Román ejercía, en los hechos, como jefa de Personal y por lo mismo participaba en la comisión de la nueva planta.

El recurso busca que la Corte de Apelaciones de Temuco determine que la Contraloría regional actuó de manera “ilegal y arbitraria” y en contra de los derechos constitucionales de la municipalidad al ordenar el reintegro de María Victoria Román. Además solicita que se decrete una orden de no innovar mientras se tramita el recurso.

Recurso

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