Contraloría regional ordena reintegrar en su cargo a destituida directora de Finanzas de la municipalidad

María Victoria Román elevó su reclamo al organismo que fiscaliza las actuaciones administrativas de los estamentos públicos y le fue bien; luego de haber sido dejada fuera de sus labores a fines de 2020 tras un sumario generado en el contexto de la definición por la nueva planta. 

ENCASILLAMIENTO.- El conflicto se generó en el proceso de ensalzamiento en los cargos de la nueva planta de los antiguos funcionarios.

Un vuelco total en el caso de la ex jefa de Finanzas de la municipalidad, María Victoria Román Avaca, se vivió en las últimas horas. Esto, luego de que la Contraloría regional definiera su restitución, tras haber sido removida de su cargo y finiquitada de sus labores en noviembre de 2020; tras un sumario administrativo que determinó su salida de la municipalidad luego de más de 30 años en la administración pública local. Todo esto en el conflicto suscitado en la definición de la nueva planta municipal que determinó el aumento de grados (remuneraciones) y cupos que buscaban —según lo que se señaló oficialmente— profesional a la administración.

Según la resolución del organismo contralor, la municipalidad debe reintegrar a Román en el cargo que ocupaba antes de la destitución, es decir como directora de Administración y Finanzas Municipales desde la fecha del pronunciamiento del organismo contralor, es decir desde el 11 de marzo de 2021. Además, la resolución establece que se debe reabrir el sumario que terminó con el decreto de destitución de noviembre, el que fue rubricado por el alcalde Carlos Barra.

La acción sumarial que sufrió María Victoria Román se remonta a una denuncia realizada por otro funcionario (Juan Antonio Ulloa), quien la acusó de falta de probidad por haber —según la acusación— intervenido en el proceso previo a la aprobación de parte de la Contraloría de la nueva planta. Según esto, Román insistió que el encasillamiento de los cargos antiguos en los nuevos estuvo mal hecho, y de acuerdo a la denuncia de Ulloa, esto fue con la intención de beneficiar a un familiar de Román. El sumario fue iniciado por la ex directora de Obras, Lorena Fuentes, y luego de la salida de esta última de su cargo en septiembre de 2019, la indagatoria administrativa termina en el director de Seguridad Ciudadana, Ricardo Hidalgo. 

Sobre la denuncia misma y actuar de la funcionaria, La Contraloría determina que el expediente del sumario no permite acreditar que Román haya usado indebidamente su cargo para interferir en el proceso de encasillamiento en el contexto de la nueva planta. “Es preciso manifestar que lo que se comprueba en el expediente es que la señora Román Avaca efectuó distintas gestiones destinadas a corregir el error que se cometió por parte de ese municipio al efectuar el encasillamiento del personal, en virtud de lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la Ley Nº 20.922, y que podrían haber impedido que esta Contraloría Regional tomara razón del reglamento municipal Nº 1, de 2018, que modifica y establece la planta municipal”, se lee en el documento que ordena la restitución de la, ahora, actual directora de finanzas, quien se encuentra con licencia médica. La resolución llega a la conclusión que las pruebas adjuntas al proceso no permiten inferir que la denunciada haya realizado las actuaciones irregulares que se le imputan. Las resolución, además, establece que se le deben pagar las remuneraciones por el período en que estuvo fuera de su cargo.

En todo caso, algunas fuentes consultadas al interior de la municipalidad apuntaron a que la administración pública local analizaba la posibilidad de recurrir de la resolución a la Contraloría en Santiago (la resolución de restitución salió de la sede regional en Temuco) e, incluso, en los tribunales (se puede recurrir a la Corte de Apelaciones, explicaron). Actualmente María Victoria Roman está con una solicitud de vacaciones y se reintegraría —de no mediar otro recurso— a sus labores el próximo 18 de mayo.

Causa laboral

Para entender el contexto general de la situación, es necesario recordar que María Victoria Román demandó al municipio laboralmente por $80 millones. La causa que está radicada en el Juzgado de Garantía y Letras de Pucón, se encuentra en una etapa previa al juicio, aunque suspendida luego de una petición del jefe jurídico de la municipalidad, Edmundo Figueroa, quien argumentó en relación a los problemas generados por la pandemia; lo que aceptado por el representante de la demandada (Román), Luis Mercarini.

La resolución

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