Contraloría detectó falta de cobro de la municipalidad a inmobiliaria Magisur por más de $138 millones

Informe del organismo contralor apunta a una serie de situaciones de carácter irregular, entre ellas la edificación de módulos artesanales en Caburgua sin los permisos correspondientes y la extensión en demasía de 53 sumarios administrativos. Desestima, eso sí, denuncias en contra del administrador municipal y jefe Jurídico.  

PLAZO.- La municipalidad tiene un plazo de 60 días para responder las observaciones del informe 153/2021 de la Contraloría Regional.

Un informe de la Contraloría regional detectó una serie de irregularidades en la municipalidad de Pucón. Entre ellas, la falta de cobro judicial a una deuda por concepto de patentes comerciales que la empresa inmobiliaria Magisur mantiene con la administración pública local. La suma alcanza, según el documento publicado a fines de mayo, a $138.536.131, y son montos impagos —de acuerdo a la información levantada por la Contraloría— desde el año 2011.

“Se advirtió que el contribuyente Industrias Magisur Ltda, mantiene una deuda por concepto de patente comercial al segundo semestre del año 2020, que alcanza la suma de $ 138.536.131, motivo por el cual, la Municipalidad de Pucón deberá ejercer las acciones judiciales pertinentes ante el tribunal civil correspondiente por el monto adeudado”, se lee en el informe. El documento, además, especifica que la Ley faculta al alcalde para que, en el caso de mantener la mora, iniciar las acciones tendientes a cerrar el negocio: “La mora en el pago de la contribución de la patente de cualquier negocio, giro o establecimiento sujeto a dicho tributo, facultará al alcalde para decretar la inmediata clausura de dicho negocio o establecimiento, por todo el tiempo que dure la mora y sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiere ejercitar para obtener el pago de lo adeudado, lo cual deberá ser acreditado a esta Sede Regional en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe”.

Según el informe, la situación planteada transgrede la normativa que obliga al alcalde a velar por la eficiente administración de los bienes públicos y el patrimonio municipal. “En consideración a lo expuesto en los párrafos precedentes, aparece que el no cobro por derecho de patente implicó una contravención a los principios de eficiencia y economicidad que debe observar la administración del Estado”, puntualiza el informe. Según el mismo documento la respuesta entregada por la municipalidad apunta a que el organismo a notificado en diferentes oportunidades al contribuyente, además de cursar infracciones en el Juzgado de Policía Local (JPL). En todo caso, la Contraloría sostiene que, pese a lo anterior, nunca se iniciaron acciones legales para ir por el pago de la deuda.

Módulos en Caburgua

Otro de los elementos objetados por la Contraloría en su informe, generado por una denuncia anónima (el organismo resguarda la identidad del recurrente), apunta a la construcción de módulos para la venta de productos de artesanía en Caburgua, los que no poseen las autorizaciones correspondientes, por lo que la autoridad edilicia debe iniciar los trámites de regularización. “Se verificó la construcción de módulos artesanales en playa grande de Caburgua, sin contar con autorizaciones legales, razón por la cual, esa entidad edilicia deberá regularizar el correspondiente permiso de edificación, la recepción definitiva de la obra y la debida concesión marítima, lo cual deberá ser acreditado a esta sede regional en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe”, apunta el documento, el que solicita, además, que se abra un proceso sumarial para determinar responsabilidades adminostrativas de los funcionarios que propiciaron la irregularidad. 

Sumarios inconclusos

Otro de los temas que llamó la atención en el informe es un problema que algunos concejales han reiterado en varias oportunidades: los sumarios administrativos sin terminar. Y en esto la Contraloría fue tajante. En la municipalidad, desde 2019, existen 53 sumarios administrativos por hechos de diferente gravedad inconclusos. Y el tema no es menor debido a que el organismo contralor apunta a las responsabilidades de los investigadores. Es decir, podrían ser sancionados si no cumplen con su responsabilidad en tiempo y forma. 

“Lo advertido podría importar una vulneración a las obligaciones funcionarias de quienes fueron designados como investigadores o fiscales en los mencionados procesos disciplinarios, como también, a los artículos 3°, inciso segundo, 8° y 10, de la ley N° 18.575, que imponen a los órganos que la integran el deber de observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y de accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites; y el control jerárquico permanente que deben ejercer las autoridades y jefaturas, respecto de la actuación del personal de su dependencia, el cual se extenderá a la legalidad y oportunidad de sus actuaciones”, sostiene el documento.

Al respecto, el mismo informe especifica que desde la recientemente creada dirección de Recursos Humanos del organismo señalaron que dejaron a una funcionaria con dedicación exclusiva para hacer seguimiento a los sumarios: “Sin desmedro de lo indicado, es la autoridad respectiva la que debe adoptar las medidas tendientes a agilizarlo, dándole pronto término, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que estime puedan hacer efectivas en relación con el retardo en su sustanciación”.

El informe, además, constató que existen funcionarios del departamento de Educación municipal que cumplen labores en otras áreas de la administración pública local. El informe también constata una serie de denuncias en contra del administrador municipal, Rodrigo Ortiz, las que fueron desestimadas por el organismo Contralor. Lo mismo en relación al jefe Jurídico, Edmundo Figueroa. 

Al ser consultados, desde la municipalidad señalaron que están preparando las respuestas correspondientes a la Contraloría y que ya hay equipos de las direcciones de Obras, Patentes, Jurídico y Personal destinados a ese objetivo. No obstante eso, agregan que hay una serie de medidas que ya han tomado en torno a estos problemas. Entre ellas, la persecución de la deuda de Magisur en tribunales y el agilizar los sumarios.

Informe completo

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