Sumario por “Caso Sobresueldos” deja sin sanción a asesores a honorarios, pero constata “graves irregularidades”

• El decreto plantea la destitución del Ex Administrador Municipal, Francisco Torres y la multa del 25% del sueldo al jefe de Recursos Humanos. Todavía faltan, eso sí, las reposiciones por lo que el proceso aún no está completamente cerrado. Uno de los involucrados sostiene que la indagatoria tiene “vicios de legalidad”.
  

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Si al mediodía de este martes el asesor clave de Sebastián Álvarez y actual jefe de Administración y Finanzas de la Educación Municipal, Iván Soriano, movía el ambiente con un video en el que sostenía que el sumario administrativo por el denominado “Caso Sobresueldos” comprobaba su “total y absoluta inocencia”, por la tarde la tensión se agudizaba. Y esto porque el decreto de la investigación administrativa que llevó adelante la secretaria municipal, Gladiela Matus, en el que se entregan detalles de la causa y se plantean las sanciones, comenzó a circular a través de WhatsApp. Y ahí las reales dimensiones y alcances del caso comenzaban a salir a la luz. Y con esto, la versión de Soriano fue, a lo menos, matizada con el documento. 

Ahora, en los hechos la causa está lejos de estar cerrada, como se afirmó inicialmente. Y lo anterior, simplemente, porque el mismo decreto establece que los sancionados e involucrados tienen la facultad de reponer (apelar). Por lo mismo, luego de estos descargos será el alcalde quien, en definitiva, tomará la decisión sobre las acciones sancionatorias. Y la más grave de estas últimas va dirigida en contra del ex administrador municipal, Francisco Torres, para quien el decreto pide su destitución.

Según el documento, la sanción a Torres es por: “Faltar gravemente a su deber de ejercer el control jerárquico como administrador municipal, conforme al artículo N° 64, letra a), del DFL 29, lo que condujo a la vulneración de los sistemas de contratación; lo anterior, al fijar remuneraciones y bonos sin fundamento técnico, validar informes contradictorios, manifestar desconocimiento de la planta municipal y ordenar la extensión improcedente de contratos bajo el Código del Trabajo, más allá del periodo estival legal”.

También hubo sanción para el jefe de Recursos Humanos, Ignacio Quiroz, a quien se le multa con el 25% de sus remuneraciones. Los involucrados, eso sí, tienen la posibilidad de escalar hasta la Contraloría —o incluso la justicia ordinaria— para tratar de cambiar la resolución.

Sobre los funcionarios a honorarios que recibieron, según la Contraloría, lo que se denominó técnicamente como “pagos desproporcionados” por más de $55 millones entre los tres (Soriano, Adaro y Backit), el sumario de Gladiela Matus establece que no se les puede sancionar porque no les es aplicable el Estatuto Administrativo Municipal para efectos de sanciones. Lo anterior, debido a la modalidad de contrato (honorarios), lo que en los hechos los deja fuera de la planta formal de trabajadores municipales.

Pese a lo anterior, sí plantea irregularidades. “No obstante, se constatan graves irregularidades: el Sr. Soriano visó su propio contrato y ejerció labores de planta sin cumplir los requisitos para el servicio traspasado; el Sr. Backit percibió bonos improcedentes sin contar con título profesional o técnico (sólo enseñanza media completa) y no ha devuelto dichos montos; y el Sr. Adaro percibió remuneraciones distantes a las de los profesionales de planta”, se lee en el documento, el que agrega: “Se sugiere adoptar las medidas contractuales recomendadas por la Fiscalía y ajustadas a los dictámenes de la Contraloría”. Este medio se contactó con Esteban Backit, quien señaló, entre otras cosas, que sí devolvió el dinero y que no se explica por qué se dice lo contrario en el decreto sumarial (leer reacción más abajo).

El decreto (que se puede bajar al final de la nota), firmado por el alcalde Sebastián Álvarez, el secretario municipal subrogante, Juan Rozas, y la Dirección Jurídica, absuelve de cargos al jefe de Control, Walter Carter, y a la encargada del Departamento de Contabilidad, Marcia Coliman.

Reacciones

Este medio contactó a algunos de quienes aparecen en el sumario para que entregaran una reacción. En ese contexto, el jefe de Recursos Humanos, Ignacio Quiroz, aclaró que el proceso no está cerrado y que están en proceso de reposición. “Aún el proceso no está cerrado, no existen multas en mi contra, estamos en instancias de reposición o apelación al sumario administrativo, el cual, tiene graves vicios de legalidad, sin tomar en cuenta lo que señaló la propia auditora de la Contraloría”, sostuvo Quiroz. Esto último, porque en el Informe 731 de la Contraloría no se establecieron mayores responsabilidades de la Unidad de Recursos Humanos.

Esteban Backit, en tanto, apuntó que el proceso administrativo aún está abierto por las reposiciones. “Se están generando las reposiciones y una de ellas es la mía, en la que yo solicito que se aclarara en el documento que el bono ya estaba pagado y devuelto hace meses, antes incluso del plazo que estipuló la Contraloría”, aclaró el asesor que renunció posterior a la crisis por el temporal de puelche de hace algunas semanas.

En tanto, el periodista Jefferson Adaro hizo llegar un extenso comunicado a este medio, en el que, básicamente, apuntaba a que, según él, fue objeto de un intento de destrucción de su prestigio laboral.

“La resolución sumarial pone fin a meses de exposición mediática, juicios paralelos y descalificaciones infundadas. Durante este periodo, la difusión irresponsable de informaciones sesgadas e incompletas, ventiladas en sesiones de concejo y medios digitales, afectó gravemente la honra, una impecable trayectoria profesional de más de cuatro décadas, la salud física y psíquica, así como el entorno familiar de ambos profesionales”, sostuvo Adaro, quien ahora se desempeña en el departamento de Educación municipal de Pucón.

En el mismo tenor agregó: “Esta resolución sumarial confirma la inexistencia de sanciones disciplinarias o faltas funcionales en nuestra contra, dejando en evidencia la ligereza con que se intentó destruir públicamente nuestro prestigio laboral. El daño a la salud, a la familia y a la trayectoria acumulada en años de servicio público es incalculable”.

Al finalizar, al igual que en el video de Iván Soriano, anunció acciones legales: “Tras el afinamiento del sumario administrativo que ratifica la exención de cargos y sanciones disciplinarias respecto de los profesionales, se preparan las correspondientes acciones judiciales de indemnización de perjuicios por daño moral y reputacional en contra de quienes resulten responsables de las campañas de descalificación e imputaciones mediatizadas”.

El decreto

Para ver el decreto sumarial completo haz clic en la imagen.

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