Ponen recurso de protección en contra de ciclovía y presentan firmas de 36 vecinos de O’Higgins que se oponen al proyecto

• El documento está ingresado a nombre de representante de un paradero de taxis; pero también integró el rechazo de una diversidad de personas, incluidos cercanos al jefe comunal. (Fotografía Facebook municipalidad).

La ciclovía presentada con “bombos y platillos” por la municipalidad (en la imagen principal, la inauguración de la semana pasada) no tiene el apoyo unánime de la población. Al menos no de un grupo de vecinos ligado a diferentes actividades en la avenida O’Higgins. Al menos así quedó refrendado luego de conocerse un recurso de protección interpuesto por el representante de el Paradero de Taxis Nº1, Francisco López; el que alega en contra de la política urbana liderada por el municipio y dice que atenta en contra de una serie de derechos constitucionales, entre los que se cuentan el de desarrollar actividades comerciales de manera libre, el derecho a la propiedad y el de la integridad psíquica y física. 

El recurso que fue declarado admisible, pero que se le negó una orden de no innovar, cuenta con el apoyo de un grupo de 36 vecinos que van desde la persona que vende diarios en la vía pública, hasta los representantes del supermercado Eltit. Ellos, entre los que se cuentan familiares del mismo alcalde Carlos Barra, firmaron una carta que ingresaron como documento en la Corte de Apelaciones de Temuco. En ella manifiestan su rechazo a la propuesta liderada por el jefe comunal. En el recurso se integra, además, una carta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas en la que también se rechaza la ciclovía. 

El recurso de protección, redactado por el abogado Marcelo Neculman, relata la historia del proyecto de ciclovía, enumera las reuniones que se tuvieron y en las que, según el texto, se planteó que el trazado sea por calle Colo Colo hacia la playa y evitara pasar por O’Higgins. Esto, principalmente, porque ya hubo una experiencia similar en la temporadas 2019 con, de acuerdo a la visión del recurrente, pésimos resultados. “Es importante señalar que hace algunos años se llevó a cabo en Pucón una prueba utilizando la calle O’Higgins como ciclovía, experimento que acarreó consecuencias negativas tanto para la seguridad vial como para el tránsito, el comercio y la inclusión de personas con discapacidad, quienes utilizaban la misma ciclovía como estacionamiento”, se lee en el recurso, en el que luego se agrega: “Esta situación generó múltiples problemas de tráfico, incluyendo accidentes entre ciclistas y colectiveros que transitaban por la ciclovía”.

El documento enumera una serie de inconvenientes que el proyecto trae a los habitantes y turistas que llegan. Entre ellos cuentan complejidades para acceder al comercio, percepción de abandono al estar los estacionamientos vacíos, myor congestión por el poco espacio para los vehículos que transitan, peligro para los peatones principalmente en las intersecciones de las calles y colapso en los estacionamientos. 

“Frente a este escenario —sostienen— y tomando en cuenta las opiniones de los presentes, -que incluyeron comerciantes, taxistas, empresarios, juntas de vecinos, ciclistas, entre otros-, casi de manera unánime expresaron su oposición a la idea de extender la ciclovía por O’Higgins. La mayoría consideró más lógico optar por la alternativa por Colo-Colo que era más segura y aumentaba los kilómetros de recorrido para la práctica saludable de la bicicleta, ello en atención a que es una calle que presenta menos flujo de peatones y más continuidad para los ciclistas”.

Según el recurso, la decisión de la ciclovía no tomó en consideración la opinión de los vecinos y comerciantes del sector, los principales golpeados por esta política pública local: “Del relato de los hechos se puede apreciar que el anteproyecto desarrollado por la Municipalidad de Pucón para el mejoramiento y ampliación de las ciclovías no tomó en consideración las opiniones de vecinos; ni el impacto en el comercio, el turismo y las actividades comerciales propias del centro de la ciudad turística; el peligro para peatones, usuarios de la ciclovía y automovilistas; no se evaluaron pormenorizadamente otras alternativas que pudieran ser mucho más útiles a las necesidades de los vecinos de la comuna”.

El recurrente principal (representante de los taxistas), sostiene que la ciclovía golpea al gremio del transporte público por una serie de razones, entre las que se cuentan la imposibilidad de tomar o dejar pasajeros y la confusión que la decisión genera en los usuarios: “En lo que a mi representado respecta y al gremio al que representa, este proyecto afecta su negocio de transporte de pasajeros, ya que el sector donde se está implementando la ciclovía era el lugar que utilizaban como estacionamiento para tomar y dejar pasajeros, y que como se ha mencionado se trata de un sector con gran flujo peatonal, y al mismo tiempo el lugar en que se emplaza la ciclovía produce confusión a los pasajeros que ya no saben dónde tomar la locomoción colectiva por lo que podría verse afectada la integridad física de los transeúntes al cruzarse intempestivamente en la ciclovía con la antigua costumbre de paradero de taxis”.

El recurrente, finalmente, sostiene que la decisión de una ciclovía en Pucón es una buena política pública en su fondo, pero que la implementación actual está mal realizada. “Es necesario hacer presente que tanto mi representado como la comunidad no están en contra de la construcción de la ciclovía, de hecho como se ha expresado, a la comunidad en general les parece una buena iniciativa que podría tener un fin práctico, pero lo que les parece alejado de la razón y la lógica es que esta se ubique justamente en el sector de la ciudad que más afluencia de público y comercio tiene, generándose graves trastornos a la seguridad vial y al desarrollo de las distintas actividades comerciales del sector, no se debe olvidar que Pucón es una ciudad turística que gran parte de su actividad económica es el comercio y turismo”, sostiene el documento que recurre en contra de la municipalidad y la seremi e Transportes que autorizó el proyecto. La Corte, por cierto, ya envió sendos oficios a ambas instituciones para que emitan un informe sobre la situación.