La estrategia de la municipalidad para enfrentar decisión del Gobierno que facilita la salida de Enjoy

• El alcalde Carlos Barra anunció que se haría parte en la bullada causa de colusión de las empresas casineras, pese a que estos casos son posteriores a la licitación en Pucón de 2018. También se analiza un eventual recurso en contra de la Contraloría, en caso que el decreto que posibilita renunciar a las concesiones se haga efectivo.  

(Hazte miembro de nuestro canal de Whatsapp y recibe las noticias primero)

— “Alcalde, me gustaría saber ¿de qué se trata la demanda que le van a hacer a Enjoy?”

La pregunta de la concejala Daniela García en la reunión de los ediles del miércoles que recién pasó apuntaba a un tema que el alcalde Carlos Barra expuso como parte de su mensaje final y que, en los hechos, agregaba nuevos elementos a la situación conocida a partir del fin de semana que pasó: el decreto del ministerio de Hacienda que se tramita en la Contraloría y que permite a las empresas cosineras poder renunciar a las concesiones con un plazo de tres años y sin pagar las boletas de garantía. Si bien el decreto, que aún está en proceso de toma de razón, no lleva el nombre de ninguna compañía en particular, el mayor beneficiado sería Enjoy. Esto, porque es público que en tres de sus plazas (Viña del Mar, Coquimbo y Pucón) la oferta económica realizada para quedarse con esas comunas está por muy encima de sus ingresos. 

Pero la pregunta de la concejal García apuntaba al anuncio que el propio Carlos Barra realizó: hacerse parte en el publicitado caso de colusión de casinos que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC). El problema, para el resto de los concejales y para la audiencia que seguía la transmisión on line del concejo, es que Barra tuvo algunas dificultades para explicar la lógica de la petición de participar en el bullado juicio que se sigue en contra de las empresas Dreams, Marina del Sol y Enjoy. El punto es que costaba entender el por qué intervenir en una caso de colusión en la que Pucón nunca estuvo involucrado. En ese caso se investigan las licitaciones de 2021 y no la de 2018 en la que la empresa creada por la familia Martínez se adjudicó Pucón, Viña y Coquimbo. 

Las respuestas, en todo caso, no quedaron muy claras en el concejo. Se habló de boletas de garantía y también de “resguardar los intereses de la comuna”. Todo esto, en medio de una serie de enfrentamientos verbales de baja intensidad entre el alcalde y el concejal Cristian Hernández. Este último, por cierto, fuerte crítico de la gestión de Enjoy y el rol de la municipalidad en el proceso de licitación. 

Pero la explicación lógica estaría en el mismo recurso redactado por el abogado asesor externo de la municipalidad, Rodrigo Flores, junto a la jefa Jurídica, Bhama Zúñiga. Ahí se apuntaba a que la idea es resguardar el interés económico de la municipalidad ante las altas multas que pide la FNE. Son US $100 millones para Dreams y más de US $30 millones para Enjoy. Ahora, si bien este es un proceso judicial largo y con un resultado incierto; el objetivo iba por el lado de evitar que el cobro de una multa tan significativa genera una situación de “no pago” a futuro de parte de la empresa. 

“Este municipio indica que tiene un interés legítimo en la tramitación de estos autos como calidad de tercero, en mérito del considerable aporte económico que entrega dicha sociedad por la operación del casino, ya que al hacerse efectivas las multas pedidas a vuestra autoridad, se afectará la estabilidad financiera, económica y social de nuestra comuna, por lo cual la viabilidad económica de la concesión del Casino Enjoy de Pucón peligra, faltando inclusive gran parte de los 15 años que dura la concesión otorgada el año 2018, existiendo un peligro y amenaza inminente a parte del Presupuesto Municipal”, se lee en el documento que debe pasar el filtro de la admisibilidad en el TDLC. Y lo último (la admisibilidad) podría ser un filtro demasiado profundo para las intenciones de la municipalidad. 

Pero no es lo único. En la misma discusión del concejo se conoció de la intención de abrir una segunda arista judicial. Pero esta vez en contra del decreto mismo. Si bien no hubo mayor explicación sobre la forma; se supo que el plan es esperar a que el decreto sea visado y promulgado por el Ejecutivo. En ese escenario, la municipalidad podría iniciar algún recurso en contra de la Contraloría por haber visado el documento. La lógica, según explican, es poder cuestionar la legalidad del decreto mismo y evitar su promulgación. O sea, de concretarse, la municipalidad mandaría la señal de que está en contra de la resolución del gobierno (con la firma del Presidente Gabriel Boric incluida) y de la misma empresa Enjoy; la que (según publica El Mercurio en su edición de fin de semana) estaba interesada en que el decreto fuese aprobado y así poder tener una salida viable en medio de la crisis económica que sufre desde hace varios años. La compañía se encuentra en la etapa final de un segundo proceso de reorganización judicial para evitar la quiebra. 

Si bien desde la empresa no emitieron alguna opinión formal sobre la decisión de Barra; algunas fuentes consultadas se mostraron muy confundidas por la reacción municipal. De hecho algunos la califican como una “sobrerreacción” gatillada por el histórico enfrentamiento que Barra tiene con el concejal Hernández por este tema. Las mismas fuentes apuntan a que el caso de colusión —tal como lo dijo el ministro Mario Marcel— no tiene nada que ver con el decreto. “Son cosas absolutamente diferentes”, dicen y agregan que, en resumen, Enjoy hasta ahora ha cumplido con todo lo pactado en lo económico.

Por otro lado sostienen que lo del decreto es algo que aún no se materializa. Sostienen que además del trámite en Contraloría falta la promulgación. Y más aún, si es que se llega a promulgar, la decisión sobre Pucón no está tomada y se analizará una vez que el documento esté oficializado. Si es que esto último, en verdad, sucede.