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Tratar de subir a un vuelo con marihuana en el equipaje y conducir ebrio: las causas penales previas del actual Administrador Municipal

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  • Francisco Torres acumula elementos complejos en su historial. A la demanda por deuda de arriendo, se hicieron públicos otros dos hechos relacionados a ilícitos. Según él, el uso de la hierba era de carácter terapéutico y sobre el manejo, aclara que “estaba durmiendo en el vehículo” cuando lo controlaron.  De acuerdo al funcionario, el alcalde Álvarez sabía de estos antecedentes.

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Los problemas no cesan para los nuevos ocupantes del edificio municipal. Esto, porque en los últimos días aparecieron nuevos antecedentes que complican y ponen en cuestionamiento al Administrador Municipal, Francisco Torres. Se trata de dos causas penales que apuntan a hechos que revelan la posibilidad de conductas cuestionables de parte del funcionario público: tratar de subir a un avión con marihuana en 2018 y un manejo en estado de ebriedad del año anterior, es decir en 2017. Ambas se suman a una civil conocida hace algunas semanas, en la que el funcionario fue demandado por una deuda de un poco más de $4 millones por no pago de arriendo. 

En el hecho relacionado a la droga, según lo que se puede leer en los antecedentes públicos que están en la página del Poder Judicial, este ocurrió el 7 de marzo de 2018. Fue ahí cuando, según se lee, Torres trató de subir a un avión con 0.620 miligramos de marihuana. Esto fue descubierto por las máquinas scanner del terminal aeroportuario. 

“​​El día 07 de Marzo de 2018, alrededor las 11:55 horas, el requerido Francisco Arturo Torres Valderrama, se encontraba al interior del Aeropuerto Araucanía, ubicado en Longitudinal Sur  Km 692, de la comuna de Freire, instantes en que fue sometido a la revisión de su equipaje por una máquina rayos de dicho terminal aéreo, detectando que el requerido portaba en el interior de su equipaje elementos propios del consumo de marihuana, además de un contenedor de metal blanco que en su interior contenía una sustancia vegetal con características propias de la marihuana, sustancia que sometida al análisis de prueba de campo y pesaje de droga, arrojó coloración positiva para cannabis sativa y un peso neto de 0.620 milígramos. La droga que portaba el requerido estaba destinada para su consumo personal y próximo en el tiempo”, se lee en el requerimiento monitorio presentado por la fiscal (actualmente en Pucón) Paola Varela.

Según el documento, Torres Valderrama, infringió el artículo 50 de la Ley 20.000 (de drogas). Esto es sobre el “consumo o porte en lugares públicos de estupefacientes o sustancias psicotrópicas”. De acuerdo a los datos, Torres estaba imputado como “autor directo” del ilícito y en grado de “consumado”. La fiscal Varela solicitó en esa oportunidad una multa de 1 UTM ($47.301 en marzo de 2018) y el decomiso y destrucción de la droga. Al ser un procedimiento monitorio (implica una tramitación menor por el nivel de los delitos y apuntan a sanciones en dinero) la fiscalía entregó el beneficio al imputado en torno a que si se mantenía sin cometer ilícitos por seis meses; la causa sería sobreseída. Y esto último fue lo que sucedió en octubre de 2018 cuando se chequeó que Francisco Torres no cometió ningún otro delito y por lo mismo recibió el beneficio de sobreseimiento. 

Manejo en estado de ebriedad

Exactamente un año antes de la situación vivida en el aeropuerto de Freire, el actual administrador municipal vivió otro hecho complejo. Según esa causa, que también está pública en la web del Poder Judicial, Francisco Torres Valderrama, fue sorprendido conduciendo un vehículo en estado de ebriedad. “Alrededor de las 03:50 horas, conducía, en estado de ebriedad, un automóvil marca Mercedes Benz, en calidad de autor y en grado de consumado; pena solicitada: 300 días de presidio menor en su grado mínimo, multa de 4 UTM, suspensión de licencia de conducir por dos años, accesorias legales y costas de la causa”, se lee en la causa.

En abril de ese mismo año, el Ministerio Público ofreció una suspensión condicional del procedimiento que ponía al funcionario municipal cuatro condiciones: fijar domicilio, firma cada dos meses, donar $30 mil a la Corporación del Niño Leucémico y no obtener ni renovar licencia en un plazo de dos años. Pero hubo un problema, según consta en la causa, Torres no habría pagado el dinero en el plazo establecido, por lo que el fiscal Ítalo Ortega, solicitó la revocación de la suspensión. 

“Que en la  audiencia  en donde se suspendió condicionalmente  al imputado don  Francisco Arturo Torres Valderrama,  se estableció expresamente y fue apercibida, respecto del pago de $30.000 a beneficio de la Corporación del Niño Leucémico, lo cual no ha ocurrido hasta esta fecha”, se lee en la causa, en la que se agrega: “Los hechos relatados constituyen un incumplimiento grave, sin justificación de la condición impuesta al imputado, lo que determina que este procedimiento continúe de conformidad a las reglas generales”.

Incluso, según se puede ver en la causa, se dio una orden de detención que no pudo ser ejecutada por la PDI, debido a que, según el informe de la policía civil, el imputado no vivía en el domicilio que entregó. De hecho, el tribunal emitió una “resolución de prófugo” en contra de Valderrama. 

El asunto se vino a resolver en octubre de 2018 cuando Torres, a través de su abogada ingresó un documento al tribunal en el que acreditaba que había pagado los $30 mil. Además de eso fijaba un nuevo domicilio. Al cumplirse dos años del proceso y el fin de la suspensión condicional, en 2019, Torres pudo solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa, la que fue decretada el 13 de mayo de 2019.

La versión de Torres

Este medio contactó al actual Administrador Municipal para que pudiera dar su versión. Y esta vez accedió a hablar. En una entrevista sostenida durante la tarde del domingo, Torres buscó explicar el contexto de ambos casos. En el tema de la marihuana, el Administrador Municipal sostuvo que se trataba de un tratamiento médico para aliviar fuertes dolores en su espalda. Asume, eso sí, que fue un error, pero niega ser consumidor social o dependiente de marihuana o cualquier otra droga. 

“Fue un error sin duda en el conocimiento de la Ley 20.000. Yo tenía hasta ese minuto la información de que yo podía portar. Y portaba, precisamente, porque me encontraba en un tratamiento paliativo para el dolor lumbar crónico. Ese tratamiento paliativo lo comencé a adoptar a mis 33 años. Después de eso (del incidente del avión) tampoco consumí. Es decir, esto no es parte de un historial de drogadicción ni mucho menos. Muy por el contrario”, explicó el actual funcionario a este medio.

Según Torres, luego del incidente, cambió el tratamiento y sólo usa medicamentos recetados: “El 2022 tuve que someterme a un par de cirugías de columna las que están debidamente documentadas y forman parte de mi historial clínico”. Sobre el procedimiento mismo, Torres señaló que es un “delito de bagatela” y con esa frase minimizó el hecho en el ámbito de los tribunales. 

Sobre el manejo es estado de ebriedad de 2017, el funcionario sostuvo que se trató más bien de un error. Es decir, reconoció que estaba ebrio, pero agregó que usó el vehículo para dormir en su interior. Descartó, eso sí, que haya estado circulando. El punto es que cuando estaba durmiendo un carabinero golpeó la ventanilla para controlarlo. Según él, debido a que estaba con el celular descargado no pudo llamar a un familiar. Cuando el uniformado le sugirió cargar el aparato con el sistema del vehículo, él encendió el auto lo que generó que el carabinero cursara el procedimiento: “Me acosté en el auto y de repente tocan la ventana y eran carabineros. Abro la puerta y verifica que estoy en estado de ebriedad porque estaba curado. Pero no iba a manejar y no iba a llamar a mi señora o a alguien de mi familia porque el teléfono no lo tenía con batería. Pero es el carabinero que me dice ‘¿por qué no lo enchufa y llame a quien tenga que llamar para que lo vengan a rescatar?’ En un error garrafal le doy contacto a mi auto y el carabinero dice ‘se apresta a conducir’ y ahí fue cuando me detuvieron”.

Sobre la declaración de “prófugo” que aparece en el sistema, Torres apuntó a que es un tecnicismo jurídico y que en realidad hay un nuevo error debido a que se cambió de domicilio y no informó de su nueva residencia al tribunal. Por lo mismo no le llegaron las notificaciones: “No es que uno esté prófugo de la justicia, sino que uno queda en rebeldía”. Negó, por cierto, que tenga algún tipo de problemas con el consumo de bebidas alcohólicas. 

Sobre si ambas situaciones fueron informadas al alcalde antes de asumir como Administrador el seis de diciembre pasado, Francisco Torres dice que sí y que fue parte de todo el proceso que se le exigió a quienes asumieron los nuevos cargos. “La información estaba”, acotó.

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