El alto costo del desorden financiero en la Educación municipal

*Por Enrique Astudillo Gaete

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Alumnos, docentes y asistentes de la educación podrían terminar pagando el costo de un eventual desorden financiero y administrativo que amenaza con afectar seriamente la educación municipal de Pucón. Como es de conocimiento público, se conoció un oficio interno del DAEM mediante el cual se solicita al municipio un aporte extraordinario de $156.417.848 para cumplir con las obligaciones previsionales correspondientes a junio de 2026. Según el documento, esta situación se explicaría por la disminución de la matrícula y de los ingresos por subvención, entre otros factores.

El problema no es menor. Cuando no se pagan oportunamente las cotizaciones previsionales, se corre el riesgo de incurrir en morosidad ante la Superintendencia de Educación. Estas cotizaciones corresponden a recursos descontados de las remuneraciones de los trabajadores y, por lo tanto, son de su exclusiva propiedad. No pagarlas en las instituciones correspondientes constituye una falta gravísima que afecta un derecho obligatorio e irrenunciable.

Frente a este escenario surge una pregunta inevitable: ¿por qué durante meses se sostuvo públicamente que la administración había alcanzado el denominado “déficit cero” mediante el llamado “Modelo Pucón”? Si hoy se requieren recursos extraordinarios para cubrir obligaciones previsionales básicas, resulta legítimo cuestionar si aquel equilibrio financiero realmente existía o si se trataba de una situación aparente, carente de sustento suficiente.

También resulta preocupante que algunos miembros del concejo municipal señalen ahora que no pueden aprobar modificaciones presupuestarias sin contar con antecedentes detallados que permitan comprender la situación financiera del DAEM. Si bien exigir información es correcto, cabe recordar que cuando se aprobó el Padem (Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal), los concejales tuvieron la responsabilidad de revisar y analizar los antecedentes disponibles. Más aún, considerando que existían cuestionamientos provenientes de la administración anterior e incluso una denuncia contra el entonces director del DAEM.

Da la impresión de que en esa oportunidad se aprobaron instrumentos de planificación sin la profundidad necesaria para detectar eventuales inconsistencias financieras que hoy salen a la luz. La función fiscalizadora exige anticiparse a los problemas y no reaccionar únicamente cuando estos ya se han producido.

Desde el punto de vista legal, la situación reviste especial gravedad. Los descuentos destinados a AFP, Fonasa o Isapres, AFC y otras obligaciones previsionales no forman parte de los recursos disponibles para la gestión municipal. Su utilización para otros fines podría dar origen a acciones judiciales laborales e incluso a investigaciones penales por eventual apropiación indebida.

Asimismo, si se acredita que existieron aprobaciones presupuestarias efectuadas sin los resguardos mínimos exigidos por la normativa vigente, podrían surgir responsabilidades administrativas, civiles y eventualmente políticas para quienes participaron en dichas decisiones. En casos extremos, la Contraloría General de la República podría determinar responsabilidades mediante un juicio de cuentas si se acreditara un perjuicio al patrimonio municipal o al de los trabajadores.

Durante años me correspondió participar en procesos de rendición de cuentas de establecimientos particulares subvencionados y nunca observé situaciones en las que la falta de recursos terminara afectando el pago de cotizaciones previsionales. Muchas corporaciones educacionales administran simultáneamente varios establecimientos y cuentan con dotaciones de personal significativamente mayores, sin que ello derive necesariamente en desequilibrios de esta naturaleza.

Por ello, resulta válido preguntarse por qué en otros sistemas educativos no se producen estos problemas. La respuesta parece estar relacionada, principalmente, con la calidad de la gestión. La subvención escolar está diseñada por ley para financiar el funcionamiento de los establecimientos educacionales, sean públicos o particulares subvencionados.

Es cierto que factores como la asistencia y la matrícula influyen en los ingresos. Sin embargo, estas variables afectan a todos los sostenedores por igual. Por lo mismo, el desafío principal debe centrarse en optimizar la gestión educativa y preguntarse por qué disminuye la matrícula y por qué los estudiantes dejan de asistir a clases. Tal vez el problema de fondo sea que no hemos logrado generar las condiciones necesarias para atraer y retener a las familias en los establecimientos municipales.

Finalmente, surge otra interrogante relevante: ¿por qué no se resguardaron adecuadamente los montos descontados a los trabajadores para el pago de sus cotizaciones? Entre el descuento realizado en la remuneración y el pago efectivo a las instituciones previsionales existe un plazo relativamente breve. Cuando esos recursos no llegan a destino, inevitablemente aparecen dudas respecto de su utilización temporal o definitiva en otros fines. Y si esto está ocurriendo en educación, la comunidad tiene derecho a preguntarse si existen o no situaciones similares en otras áreas de la administración municipal.

*Enrique Astudillo Gaete contador auditor y gestor y elaborador de programas de participación y desarrollo comunitario.

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