Licitación del casino: ¿estamos repitiendo los errores del pasado?

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Durante la semana conocimos, a través de una entrevista realizada por La Voz de Pucón y de una publicación del Diario Financiero, la opinión del exsuperintendente de Casinos de Juego, Francisco Leiva, respecto del proceso de licitación de los cuatro casinos municipales del país, entre ellos el de Pucón. Y sus conclusiones estuvieron lejos de ser alentadoras.

Quien fuera el primer jefe del organismo regulador de la industria casinera en Chile sostuvo que esta nueva licitación estaría “destinada al fracaso”. Su principal argumento apunta al elevado piso de la oferta económica exigida a los interesados. En el caso de Pucón, la cifra alcanza las 43.000 UF, es decir, más de $1.700 millones anuales. A ello se suman otras exigencias, como la construcción o mantención de un salón de eventos con capacidad para 1.500 personas y la obligación de conservar el 100% de los puestos de trabajo actuales. Según Leiva, estas condiciones elevan considerablemente las barreras de entrada para eventuales competidores.

Más aún, el abogado sostiene que las denominadas “condiciones especiales”, propuestas inicialmente por las municipalidades y posteriormente ajustadas por el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego, terminaron favoreciendo principalmente a los operadores actuales o a empresas vinculadas a quienes hoy administran las salas de juego (o a sus ejecutivos o exejecutivos). Si esa apreciación es correcta, estamos frente a una situación que merece atención y debate. Por lo pronto amenaza con eliminar la competencia y eleva sospechosa conveniencia respecto a una licitación hecha a la medida de los actuales operadores. Esto en el fondo significa sortear, de alguna forma, el espíritu de la norma al re-postular a los mismos con mejores condiciones que las que ya tenían con un eventual perjuicio al desarrollo de la industria y, a su vez, con insospechadas repercusiones a las arcas municipales. 

La preocupación no es menor. Si Leiva tiene razón, podrían estar configurándose condiciones similares a las que marcaron la fallida licitación de 2018, cuando Enjoy se adjudicó la plaza de Pucón ofreciendo un monto extraordinariamente alto —121.000 UF anuales— que posteriormente resultó imposible de sostener. Aquella apuesta terminó convirtiéndose en uno de los factores que contribuyeron al fracaso financiero que enfrentó la compañía.

Entonces llama la atención que este no sea un tema de conversación y debate relevante al interior de los organismos que están directamente relacionados con el proceso. De partida el propio concejo municipal, el que quedó fuera de foco de la discusión de las “condiciones especiales” que sugirió la municipalidad a través del alcalde Sebastián Álvarez. No podemos repetir los mismos errores que la administración municipal pasada, que se jugó por una empresa que, a la luz de los hechos, ya daba indicios de una operación fallida. Errar es humano; insistir en el mismo error, cuando ya existen antecedentes que advierten los riesgos, sería mucho más preocupante.

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