Concejo municipal aprueba acuerdo para pagar $145 millones a demandantes en caso “77 Playa”

Trato implica que la municipalidad recupera el terreno en el acto y no al final de la concesión en 2022 y se queda con lo construido y lo que hay en su interior. Concejal solicitó abrir investigación sumaria por las decisiones administrativas que posibilitaron la acción legal.

Por Rodrigo Vergara

El concejo municipal aprobó, en una sesión reservada, un arreglo judicial con la Inmobiliaria Turística Terratur que implica un pago por parte de la entidad pública local de $145 millones a la empresa, luego de que ésta ganara una causa en primera instancia en el caso conocido como “77 Playa”.

El fallo de primera instancia, tal como lo publicó La Voz… el 21 de junio pasado, obligaba a la municipalidad a pagar más de $164 millones por conceptos de daño emergente y lucro cesante. Todo esto en un caso que partió el año 2012 cuando el empresario local Carlos Moncada logró un contrato de concesión en el acceso a la playa grande de Pucón por calle Lincoyán y levantó en el lugar un restaurante y baños públicos. Luego de ello, Moncada vendió sus derechos a Terratur, cuyo representante legal es Juan Carlos Echavarri, quien tuvo problemas para obtener patentes municipales y, finalmente, no pudo trabajar el local (ver nota anterior con la historia del litigio).

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Así las cosas, a mediados de 2017, Inmobiliaria Turística Terratur ingresó una demanda por $460 millones. Y si bien el tribunal de Pucón acogió los argumentos de la parte demandante, representada por el abogado Walter Graf Castro, sí rebajó los montos y obligó a la municipalidad de Pucón a pagar $97.800.000 por concepto de daño emergente y $66.500.000 por el lucro cesante. O sea, un total de $164.300.000.   

Pero la municipalidad local, representada por la abogada Bhama Zúñiga, tenía dos alternativas. Apelaba al fallo o consolidaba un acuerdo con la compañía de Echavarri. Y sucedió lo segundo. Y el acuerdo implica pagar el monto en cuotas a partir de 2019, pero tiene una salvedad. La municipalidad se queda con el inmueble y todo el equipamiento que hay en su interior. Todo esto en el momento en que se firme el acuerdo y no en 2022 que era cuando se terminaba la concesión. La construcción y su implementación fue tasada, por un profesional de la Secretaría de Planificación (Secplac), en $90 millones.

En todo caso el acuerdo redactado será presentado en el concejo del próximo martes siete de agosto para que los concejales y el alcalde lo firmen.

Pero no es lo único. Según comentaron fuentes de La Voz…, uno de los concejales (Omar Cortez) solicitó la apertura de una investigación sumaria sobre las decisiones que se tomaron administrativamente hablando que llevaron al organismo a perder en tribunales y desembolsar los recursos.