Fiscalía investigará causa de las mujeres que acusaron abusos y violaciones en colegio católico de Huife Bajo

Ministerio Público realizará, primero, las diligencias que apunten a establecer lo que sucedió y luego revisar una eventual prescripción o derivación a sistema antiguo de justicia. Abogado patrocinante también inició una demanda por $300 millones en contra del profesor, pero por denuncia de Afunalhue en la que sí hubo condena en 2011.

Por Rodrigo Vergara

 

La fiscalía de Temuco decidió dar curso a la querella presentada en contra del profesor Rodolfo Álamos Vergara, quien fue indicado por un grupo de ocho mujeres como el causante de abusos sexuales y violaciones en un colegio católico de Huife Bajo. Las mujeres dieron a conocer el caso a través de un reportaje realizado por La Voz… en junio pasado, pero la denuncia pasó más allá de lo mediático y a finales de agosto pusieron una la acción legal en el Juzgado de Garantía de Pucón. Una semana más tarde, la querella fue ampliada al sacerdote Hugo Cuevas, cura párroco de Pucón en las fechas donde habrían ocurrido los hechos (segunda mitad de los ‘80) y al Magisterio de La Araucanía (organismo sostenedor del colegio).

Así las cosas y luego de ser declarada admisible, la querella llegó a las manos del fiscal jefe de Pucón, Jorge Calderara, quien la derivó a Temuco, debido a que allá se centralizarían todas las causas de abusos sexuales relacionadas a la Iglesia Católica. Y fue el fiscal especial para este tipo de casos, Ítalo Ortega, quien decidió indagar los hechos y luego tomar las decisiones sobre eventuales prescripciones (por los años) o derivaciones al sistema antiguo de justicia (la fiscalía sólo ve hechos ocurridos a partir del año 2000).

“Se han analizado los antecedentes y a primera vista se puede señalar que se trata de hechos de antigua data. Entre los años ‘80 y principios de los ‘90 por lo que lo primero que vamos a hacer es despachar citaciones para que quienes aparecen en calidad de víctima puedan dar sus testimonios y en base a ellos determinar qué otras diligencias son necesarias a objeto de esclarecer los hechos y también de esa manera determinar si es de competencia de esta fiscalía o, si en definitiva, corresponde al antiguo sistema criminal”, explicó el fiscal a cargo de la indagatoria, Ítalo Ortega.

Espacio Disponible

Lo relevante de lo anterior es que es altamente probable que se logre acreditar investigativamente y judicialmente el hecho y sus eventuales partícipes. Eso, aunque no se logren condenas debido a los años y a la aplicación de prescriptibilidad en la causa (en Chile los delitos dejan de ser perseguibles penalmente pasado una cierta cantidad de años). Así las cosas, el lograr acreditar los hechos pondría piso a eventuales demandas que busquen reparaciones psicológicas y monetarias en contra del Magisterio de La Araucanía y la misma Iglesia Católica.

“La decisión de la fiscalía de investigar los hechos por los cuales se querellaron las víctimas de Rodolfo Vergara alegra a esta parte, sobre todo porque está de acuerdo con las políticas del Ministerio Público de investigar todos los hechos de abuso de menores  cometidos por miembros de la iglesia”, explicó el abogado Manuel Ibarra, quien patrocina la querella. El profesional fue un poco más allá y confía, incluso, que la causa no prescriba al final del proceso y se pueda hacer justicia: “Esta parte querellante cree firmemente si se cruzan estas querellas con otras denuncias se puede lograr que no se aplique la prescripción a estos casos”.

 

Millonaria demanda

Manuel Ibarra también representa a otras dos mujeres víctimas de Rodolfo Álamos, según un juicio que se ventiló en Villarrica el año 2011, en el que se logró una condena a cinco años de presidio remitido en contra del profesor. Estas dos víctimas decidieron demandar civilmente al mismo Álamos y al Magisterio de La araucanía por $150 millones cada una.

“Las dos víctimas de Rodolfo Álamos Vergara, cuando este era director del colegio Virgen de la Candelaria, interpusieron una demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Rodolfo Álamos Vergara y en contra de la Fundación Magisterio de la Araucanía, en su calidad sostenedora y responsable solidaria de los hechos cometidos por el demandado”, argumentó el abogado Ibarra, quien agregó: “En este caso, ambas víctimas ya cuentan con un fallo de la justicia penal, que las autoriza para demandar civilmente en juicio sumario, lo que implica un procedimiento más rápido y expedito”.