Fallo obliga a empresa ligada a Martabid a pagar más de $152 millones por publicidad a la entrada de Pucón

Causa judicial apuntó a los derechos por las imágenes del cierre perimetral del proyecto Alicura en el acceso a la ciudad desde Villarrica. Dictamen es en primera instancia y la compañía puede entablar recursos en tribunales superiores, aunque está la posibilidad de llegar a una negociación, pero ésta debe aprobarse en el concejo. Y ahí hay opiniones divididas.

 

Las imágenes de casas fantásticas y gente feliz por vivir en ellas marcaron, por varios meses, la entrada de Pucón. Y claro, en el mundo de la publicidad la alegría tiene un costo. A veces demasiado alto. A veces inalcanzable para los consumidores que se cautivan con el mensaje de bienestar. Pero esta vez, casi como una paradoja, el costo podría no estar del lado de los que reciben y se convencen con el mensaje, sino que para los emisores de la comunicación. Eso, porque el Tercer Tribunal Civil de Temuco apoyó la posición de municipalidad local en una demanda en contra de la Inmobiliaria Los Canales Limitada, parte del holding de empresas relacionadas a Martabid, en la que la compañía debería pagar más de $152 millones. Todo esto por el no pago de los derechos publicitarios de la empresa por las imágenes instaladas en el frontis del proyecto inmobiliario Alicura. Claro, el mismo que mostraba a la gente contenta en el acceso a Pucón desde Villarrica.

De acuerdo a los antecedentes que se encuentran en el mismo fallo, la empresa instaló en el frontis del proyecto de casas Alicura, 4 fotolitografías (dos de 7×4 metros y dos de 5×4 metros); además de 25 banderas y 396 metros de murales. Todo esto desde el primer y segundo semestre de 2014. “La empresa inmobiliaria Los Canales Limitada, no pagó en tiempo y forma los derechos municipales infringiendo lo dispuesto en el artículo 74 de la ordenanza municipal de Pucón”, se lee en el fallo, el que agrega: “La empresa Inmobiliaria Los Canales Limitada, a la fecha de hoy adeuda de acuerdo a ordinario interno del departamento de Rentas Municipales Nº 51, de fecha 12 de septiembre del presente año, un monto total de $152.077.372, que corresponde a la deuda por períodos primer y segundo semestre año 2014, 2015 a agosto de 2016”.

La defensa de la inmobiliaria basó su alegato en, a lo menos, cuatro puntos fundamentales: a su juicio, por el tiempo transcurrido, el cobro debía estar prescrito; por no haber considerado la municipalidad pagos previos efectuados por la demandada; por entender que se estaba aplicando erróneamente la Ley de Rentas Municipales, la que según la interpretación de la compañía los eximía de pagos; y porque la ordenanza municipal en la que, según ellos, la municipalidad funda su demanda es del 31 de diciembre de 2014, por lo que no correspondería el pago retroactivo.

Pero el tribunal no tomó demasiado en cuenta dichos argumentos, por lo que decidió que la compañía pague lo que la municipalidad señala se le debe. “Ha lugar a demanda de cobro de pesos en juicio ordinario de mayor cuantía interpuesta con fecha 12 de septiembre de 2017 por doña Bhama Zúñiga Olivares, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Pucón, representada por su alcalde don carlos Barra Matamala en contra de la empresa Inmobiliaria Los Canales Limitada, representada por su gerente general don Jorge Francisco Martabid Razazi y en consecuencia la demandada deberá pagar a la actora la suma de $152.077.572”, sostiene en su parte medular el fallo del Tercer Tribunal Civil de Temuco.

 

Posible apelación y negociación

Si bien la empresa tiene diez días para apelar al fallo (se conoció el jueves 29 de noviembre), existe una posibilidad de que se pueda negociar por un monto menor un arreglo extrajudicial. Esto, le permitiría a la municipalidad disponer de una suma de dinero rápido, pero el monto, obviamente, será más bajo que el estipulado en la sentencia. El otro camino es esperar una eventual recurso al dictamen y discutir el tema en tribunales superiores (Corte de Apelaciones de Temuco). Esta decisión (negociar o no), en todo caso, debe pasar por el concejo municipal. Y ahí hay opiniones divididas.

El DC Omar Cortez sostiene que sí está abierto a una eventual negociación extrajudicial, que le permita tener liquidez económica antes de fin de año a la administración pública local. “Me parece que es una buena estrategia aceptar un acuerdo extrajudicial que nos permitiría, primero, contar con recursos frescos a la finalización de año”, dice Cortez, quien agrega: “Lo que se está discutiendo acá es el cierre perimetral de la construcción Alicura que, a mi entender, es un cierre con publicidad que pudiese ser discutible en tribunales y que existe o cabe la posibilidad de que se pudiese revertir este fallo. Considero que llegar a un acuerdo extrajudicial con los montos cercanos a lo que ha estado establecido en el tribunal me parece que es una buena estrategia”.

Una opinión disidente a este tema de la negociación es la del concejal RN Cristian Hernández. Él sostiene que no se debe negociar con Martabid bajo ninguna circunstancia. “Me entristece mucho que exista gente en la mesa del concejo que no sea consecuente a su discurso y acepte dicho acuerdo con tanta liviandad, justificando el descalabro social y todo el daño causado por la empresa, lo encuentro muy poco ético. Sobretodo cuando tenemos la obligación moral de pedir justicia aunque se demore, por algo que vulneró lo legal”, explica.

Hernández también agrega: “Aparte de afectar el patrimonio económico de nuestra Comuna, se alteró de forma desmedida y agresiva la entrada a Pucón, con metros y metros de propaganda adosada al deslinde hacia la calle, en plena faena de construcción y posterior, publicitando un enorme proyecto Inmobiliario”.

El PPD Juan Carlos Gallardo, en tanto, tiene una opinión no concluyente aún. Asume que negociar dependerá, primero, si la empresa está dispuesta a hacerlo. Y para Gallardo, la cifra que salga de eso, debe estar muy cercana a la que entrega la justicia.

“Hasta el momento no sabemos si la empresa va querer llegar a un acuerdo haciendo una oferta o simplemente apela. En el caso de hacer una oferta personalmente yo tomaría dos variables en cuenta. Primero, la opinión que nos de el asesor jurídico y si la recomendación es negociar la oferta tendría que tener un valor muy cercano a la sentencia de los tribunales para que yo vote a favor, explica.

El también RN Julio Inzunza se mostró partidario de la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero pone una condición: que cualquier arreglo no le signifique a Martabid una rebaja de más del 10% del total del pago impuesto por la corte. “Hoy se desconoce cuál será la reacción al respecto de parte de Martabid. Seguramente propondrán un avenimiento como es una práctica habitual en cualquier juicio y en ese sentido lo que corresponde es conocer la propuesta, pero independiente de eso, yo estoy con disposición para aceptar algún acuerdo que no rebaje más allá de un 10% del monto total”, finaliza.