Fallo de Contraloría reactiva conflicto por la nueva planta municipal de Pucón

Organismo que regula el funcionamiento de la acción pública reiteró rechazo a tres asignaciones clave y suma otros nuevos casos. Concejal Hernández dice que se generó “una falsa expectativa”.

La verdad es que se veía venir. Eso, porque luego de conocido el proceso mediante el cual se ajustó a  los antiguos funcionarios municipales a la nueva planta del principal organismo público, los reclamos no se hicieron esperar. Y más que disputas entre pasillos, el tema escaló a la Contraloría regional. Y esta última unidad, ya a principios de abril, había dado una señal, al rechazar el mecanismo mediante el cual tres funcionarios ascendieron a grados más altos y de jefaturas, lo que, obviamente, traían mejores remuneraciones. Y esto, por el reclamos de otros, quienes se sintieron pasados a llevar en lo que consideraron un derecho adquirido por la antigüedad y lo que denominan la “carrera funcionaria”. Y esa señal fue corroborada con un último oficio llegado de la Contraloría que ratificó el documento de abril y agregó otros tres casos similares.

El caso original del conflicto, publicado por La Voz…, involucraba a Juan Antonio Ulloa, Patricio Rivera Moscoso y María del Carmen Arriagada. Ellos, de acuerdo al decreto alcaldicio 491 de 2019 fueron asignados (encasillados en la jerga técnica) en grado 8 (Ulloa y Arriagada) y 9 (Rivera). Todos, anteriormente a la entrada en funcionamiento de la nueva planta municipal, cumplían funciones en un grado 13 del escalafón administrativo o auxiliares. Con los nuevos grados, quedaron en cargos de jefatura. ¿Quiénes reclamaron? Se trata de Cecilia Sanzana, Clemente Carrasco y Rubén Zapata, quienes aseguraron en el oficio que enviaron al órgano contralor que eran ellos los que debían asumir los grados más altos. Todo esto patrocinado por el presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales de Pucón, Patricio Ibáñez.

Y el último documento, generado a raíz de un oficio de la municipalidad en que pedía reconsiderar la decisión que rechazaba los ascensos de Sanzana, Carrasco y Zapata. Pero la entidad que regula el funcionamiento del sector público en el país mantuvo su posición en torno a que Juan antonio Ulloa, Patricio Rivera y María del Carmen Arriagada deben volver al grado original (13).

“Se desestima la solicitud de reconsideración del oficio N°2.058, de 2019, de este origen, el que se complementa en los términos señalados en el presente oficio, por lo que ese municipio deberá iniciar el pertinente proceso de invalidación del decreto alcaldicio N°491, de 2019, de lo que deberá informar al encargado de seguimiento de la Unidad Jurídica de esta Oficina de Control en el plazo de 20 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente oficio”, se lee en el documento (está al final de esta nota) fechado el 30 de mayo de 2019 y numerado como 3.547.

 

Más funcionarios

Pero este último documento no sólo zanja los reclamos originales. También se hace cargo de otros tres casos y, en los hechos, reversa decisiones que dejaron con mejores grados a Miguel Vergara Córdoba quien de un grado 8 (estamento de jefatura) debe volver a un 11 (nivel profesional). Este caso se originó a raíz de un reclamo de la profesional de la Dirección de Obras Municipales (DOM) Carla Carmona. También deberán volver a su grado original Sandra Hernández y Jeanette Mora, quienes quedarán en grados 12 y 13 respectivamente; luego de haber sido ubicados en un grado mejor (10).

Patricio Ibáñez, presidente de los funcionarios locales, explicó que estaban esperando “con ansias” este oficio de Contraloría. “Con esto no hay nada más que decir. Es bastante contundente y bastante fuerte el dictamen. (…) Además le hace la advertencia al alcalde que los dictámenes del organismo de control son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización. Contraloría ha sido bastante contundente en el dictamen”, sostuvo Ibáñez, quien agregó: “Es complicado el tema. Esta administración creó falsas expectativas referentes a algunos funcionarios a los cuales se los subió de grados 13 a 8 y 9. Es lamentable que sea así porque la Ley de la Planta Municipal lo que pretendía no era eso. Lo que quería era profesionalizar la planta. Espero que el señor alcalde y el administrador municipal tomen cartas en el asunto y se hagan las cosas como lo viene diciendo Contraloría”. Ibáñez agregó que también mirarán con detención los llamados a concursos públicos.

El concejal RN Cristian Hernández, quien ha manifestado reiteradas veces su posición contraria a cómo se ha desarrollado el proceso, dice lamentar que se haya hecho pasar por esta situación a los funcionarios que tienen que retrotraerse a sus grados originales. “Lamento profundamente que nuestros funcionarios estén siendo afectados, los que están mal encasillados, se les generó una falsa expectativa de la cual ellos no son culpables. Se les creó un sueño por culpa de un encasillamiento mal hecho por parte de un equipo asesor que nos hizo creer a todos que las cosas estaban bien”, opinó y luego agregó: “A pesar de que he sido el único concejal que ha insistido en la mesa que esto se aclare y no he recibido respuesta alguna. Lo que me duele de sobremanera, es el ambiente que se ha generado entre los propios pares, cómo se han tomado determinaciones con funcionarias como la Directora de Finanzas (María Victoria Román), quien por advertir que el proceso tenía errores, fue sacada de sus funciones y no se le permite ingresar al municipio”.

Por ahora resta saber cómo va a decantar esta situación. Hay que esperar la reacción de quienes deben dejar sus grados, ya que podrían recurrir a la Corte para un análisis más profundo. También resta saber quiénes ocuparán los grados que ellos dejaron y qué pasará con los dos meses de sueldos recibidos en los grados mejores, ya que podrían tener que devolver dineros por los recursos entregados que estaban por sobre su real (según la Contraloría) encasillamiento.

* Nota de la redacción: si gusta revisar el fallo completo haga clic aquí.