Contraloría rechaza asignación de tres cargos clave en nueva planta municipal

Conflicto interno por los grados continúa y se anuncian nuevos requerimientos de otros funcionarios disconformes.

Un nuevo capítulo de la soterrada disputa interna que se lleva en el municipio por la denominada nueva planta municipal se escribió en los últimos días. Esto luego de conocerse el dictamen de la Contraloría regional que rechaza el ascenso de tres funcionarios y cuya disputa ha marcado el desarrollo del proceso en los últimos meses.

Se trata de Juan Antonio Ulloa, Patricio Rivera Moscoso y María del Carmen Arriagada. Ellos, de acuerdo al decreto alcaldicio 491 de 2019 fueron asignados (encasillados en la jerga técnica) en grado 8 (Ulloa y Arriagada) y 9 (Rivera). Todos, anteriormente a la entrada en funcionamiento de la nueva planta municipal, cumplían funciones en un grado 13 del escalafón administrativo o auxiliares. Con los nuevos grados, quedaron en cargos de jefatura.

El problema surgió, tal como lo planteó una anterior nota de este medio, porque había otros tres funcionarios que optaban a dichos grados. Se trata de Cecilia Sanzana, Clemente Carrasco y Rubén Zapata. Ellos realizaron una presentación a Contraloría, patrocinada por el presidente de los funcionarios municipales, Patricio Ibáñez. Y fue este requerimiento el que generó que la unidad contralora se pronunciara y rechazara las nuevas asignaciones de Ulloa, Rivera y Jara.

De acuerdo al dictamen, los funcionarios deben ser asignados a los mismos grados y escalafón que tenían al momento de aprobarse la nueva planta. De acuerdo al documento, esto podrá cambiar en la medida que el alcalde lo decida, los funcionarios acepten y que estén desempeñando las funciones del nuevo cargo asignado por, al menos, tres años. Es decir, como los grados cuestionados por Contraloría son de jefatura, se debía acreditar que quienes los ocupen estuvieran ejerciendo, en los hechos, jefaturas.

Así las cosas, el dictamen de Contraloría concluye: “Atendido lo expuesto, cabe concluir, que procede en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la citada ley N°19.880, que el alcalde inicie el proceso de invalidación del pre-citado decreto alcaldicio N°4911de 2019, que encasilló a los señores Juan Antonio Ulloa García, Raúl Patricio Rivera Mocoso y María Arriagada Cárdenas en los aludidos cargos de jefatura, de lo que se deberá informar al encargado de seguimiento de la Unidad Jurídica de esta Oficina de Control en el plazo de 20 días hábiles contado desde la fecha del presente oficio (12 de abril)”.

Si bien desde la municipalidad no quisieron referirse oficialmente al tema, se supo que manejan la posibilidad de apelar al dictamen e insistir en que los funcionarios imposibilitados ocupen los cargos.

Patricio Ibañez, presidente de la asociación de funcionarios y quien, en los hechos, hizo llegar el reclamo en representación de quienes hicieron la reclamación, envió una carta a esta redacción (para verla haga click aquí) en la que responsabiliza a la administración municipal por el problema. “Existe en este momento una serie de rivalidades y odiosidades entre los mismos colegas de nuestra municipalidad, debido a la poca capacidad por parte de esta administración para llevar a cabo el proceso de esta planta municipal, en donde se privilegió a unos pocos en desmedro de muchos funcionarios municipales”, escribió el dirigente, quien luego agregó: “La idea de la Ley era todo lo contrario, era unir y no desunir, como es lo que ocurre en estos momentos en esta municipalidad, cosa que ya ha sido expuesta por mí, en este mismo medio, quien ha seguido la historia de lo ocurrido a través del tiempo”.

También se supo que hay otros funcionarios que han realizado (o pretenden hacerlo) requerimientos similares. Todo esto en el contexto de sueldos cancelados ya con grados nuevos, lo que implicaría, eventualmente, hasta la devolución de dineros. La historia continuará.