La historia tras la dura disputa interna generada por los nuevos grados de la planta municipal de Pucón

El proceso está entrampado en una serie de acusaciones cruzadas entre quienes aspiran a cargos de jefatura. La definición, que podría dejar heridos por el camino, la debe tomar el alcalde Carlos Barra.

Una situación que tiene a varios mirándose con desconfianza al interior de la municipalidad. Y por lo mismo, el ambiente, según cuentan, no es de los mejores en el principal organismo público local. Esto, porque luego de la aprobación de la nueva planta municipal, viene una etapa conocida como “encasillamiento”. Es decir, los nuevos grados generados deben ser ocupados, en primera instancia, por los propios funcionarios que ya están en la planta actual. Así la idea es poder generar una carrera funcionaria que les permita acceder a los mejores grados y así elevar sus remuneraciones. Esto último es uno de los objetivos de la nueva Ley de Plantas (Nº 20.922) Municipales. Es decir, además de profesionalizar los municipios y adecuarles funcionarios de acuerdo a las propias necesidades de cada comuna, la normativa también busca elevar el nivel de ingresos de los actuales funcionarios y así consolidar una carrera al interior de la administración pública.

Y es en ese contexto, que el tema se ha vuelto tenso, ya que sobran interesados para cargos acotados. Y el foco principal son tres grados 8 con un sueldo de un poco más de dos millones de pesos. Y el tema, que se manejaba sólo en los pasillos de la municipalidad, salió fuera de los muros del edificio ubicado en O’Higgins 483; principalmente por una presentación que realizaron tres funcionarios a la Contraloría regional. Se trata de la jefa de Inspección, Cecilia Sanzana; el jefe de Rentas y Patentes, Clemente Carrasco y quien está a cargo de la red vial Rubén Zapata. En la presentación, patrocinada por el presidente de la Asociación de Funcionarios, Patricio Ibáñez, sostienen que su molestia por lo que consideran una “vulneración”.

“Estos funcionarios a quienes represento (Sanzana, Carrasco y Zapata), no están contentos con lo que ocurrirá en la municipalidad de Pucón, justamente con la carrera funcionaria, debido a que ellos con la experiencia y años de servicios, están siendo vulnerados en sus escalafones y grados, debido a que la nueva planta municipal de Pucón, lo que ha hecho es poner a funcionarios de escalafones mucho más abajo que los de ellos, con mucha menos experiencia, y por supuesto, con muchos menos años de servicio, por delante de ellos en el escalafón de jefatura y, con por lo menos, 2 grados más que ellos, o sea en grado 8, inclusive aumentando esos funcionarios hasta 7 grados”, se lee en el documento al que tuvo acceso La Voz….

El punto es que, según dice la Ley, el alcalde podrá encasillar a funcionarios en escalafones superiores (los escalafones son alcalde, directivos, profesionales, técnico, administrativos y auxiliares y cada escalafón tiene grados diferentes de acuerdo a la relevancia), en la medida que los grados de estos escalafones superiores hayan quedado libres y en relación al mérito de los funcionarios. Es decir, se pide que quien asuma un cargo de jefatura, por ejemplo, haya estado ejerciendo liderazgo en los hechos; aunque su grado sea menor y no esté formalmente designado. O sea, es requisito que esté ejerciendo, a lo menos, las funciones del nuevo cargo.

Es en ese contexto, que la disputa apunta entre quienes argumentan les corresponde el cargo porque es su ascenso natural (por años de servicio, por el rol que cumplen y por el anhelo de subir el nivel de ingresos); versus quienes, aseguran, cumplen funciones que ameritan que los asciendan de grado y les mejoren sus remuneraciones. Entre los primeros están Cecilia Sanzana (grado 11), Clemente Carrasco (grado 10) y Rubén Zapata (grado 11); pero ¿quiénes son los segundos? El mismo oficio a Contraloría lo revela. “Los funcionarios en cuestión son el sr. Juan Antonio Ulloa, escalafón administrativo grado 13, Personal y Remuneraciones; Sra. María del Carmen Arriagada Cárdenas, escalafón técnico grado 13, Personal y Remuneraciones; sr. Raúl Patricio Rivera Moscoso, escalafón auxiliar grado 13”, explica el documento firmado por Patricio Ibáñez. El texto agrega: “Ninguno de estos funcionarios cumplen las funciones para las cuales los quieren ascender en la nueva planta municipal”.

En uno de los últimos párrafos de la presentación se hace alusión a que de cumplirse el nombramiento de Ulloa, Arriagada y Rivera; se atenta contra la carrera funcionaria: “Es aquí donde se pierde la carrera funcionaria, y como ocurre con estos funcionarios que están apelando ante usted, también ocurre desfavorablemente con los demás funcionarios que también están por encima de los funcionarios que ascienden de esta forma, y los cuales también son afectados con esta nueva planta”.

 

El rol del alcalde

El punto es que el tema, finalmente, tendrá que llegar al escritorio del alcalde Carlos Barra, quien tendrá que decidir en los hechos si nombre a quienes plantean ascender como el paso natural por su carrera de funcionaria respaldados en las décadas de servicio al interior de la municipalidad; o quienes plantean que merecen el grado más alto por el rol que han cumplido en los últimos años. La decisión del edil por cierto, podría dejar algunos heridos en el camino. Es en ese contexto que se han realizado una serie de reuniones con el fin de consensuar o llegar a un acuerdo. Pero, por ahora, los acuerdos, según se supo, están lejos. De hecho, ambos grupos han planteado formalmente sus posiciones a Barra.

Así al menos queda establecido en algunas correspondencias enviadas por ambos bandos. La primera de ella, fechada el pasado 15 de enero y fue firmada por Sanzana, Carrasco y Zapata. En ella se lee: “Me permito dirigir a usted para solicitar antecedentes y respuesta a dudas respecto a la confección de la nueva planta municipal para la Municipalidad de Pucón, publicada en el Diario Oficial con fecha 28 de diciembre de 2018 (…), dado que se crearon nuevos cupos de jefatura grado 8”. La misiva agrega: “Como en la planta actual existen grados de jefatura grado 11, grado 10, como es el caso de don Rubén Zapata, Clemente Carrasco y Cecilia Sanzana, nuestra posición es que nosotros tendríamos derecho de ascenso, ya que hemos desarrollado la función de jefatura por más de 15 años en el municipio”.

En tanto, Juan Antonio Ulloa, quien junto a María Arriagada,fue parte de comisión que negoció la planta, también expuso sus argumentos en una carta al alcalde Barra. “Es por ello que recurro a usted para tomar en cuenta la carrera funcionaria, a la cual malamente han apelado otros funcionarios que llevan desempeñando las labores como jefatura alrededor de 15 años, demostrando solo antiguedad en el cargo, sin desempeño sobresaliente. Pero en cambio, mi situación en particular ya llevo 20 años prestando servicio al municipio, donde en mis inicios, incluso cuando pertenecía a la contrata externa, empecé a ejercer labores de jefatura”, dice la carta recibida en la municipalidad el pasado 5 de febrero. El documento firmado por Ulloa agrega: “Por lo tanto, si es por hablar de respeto a la carrera funcionaria, es que hago esta solicitud de respetar el diseño de la planta, donde mis labores están designadas a un grado 8 de jefatura, misión que llevo realizando desde 20 años atrás cuando ingresé al municipio, tal cual lo he descrito y existen respaldo de decretos que lo confirman, pero con un sueldo de planta administrativa, incluso con más años que las personas que reclaman el grado 8”.

Según altas fuentes consultadas por este medio, existe la posibilidad de que el alcalde consensúe una solución intermedia. En todo caso, existe un plazo de 180 días desde que se publicó la planta en el diario oficial (28 de diciembre de 2018) para realizar el encasillamiento. De no concretarse el plazo, la planta queda nulo y se debe esperar un nuevo período para formularla nuevamente.