Petición de prescripción de millonaria deuda de parte de inmobiliaria marca el concejo municipal

Magisur pidió que se extinguiera el pago de más de $130 millones a la administración pública local por no haber sido cobrados a tiempo; situación que ya había advertido la Contraloría. También quedó en duda arriendos de oficinas para departamentos de Tránsito y Educación que beneficiarían a controladores de cuestionada empresa. Armin Avilés pidió que se investigara esa situación.

“Desde el punto de vista municipal, ¿por qué transcurrieron diez años? Eso yo no lo sé”. Estas fueron las palabras del abogado, jefe jurídico de la municipalidad, Edmundo Figueroa, para explicar —en parte— el complejo escenario que tiene la administración pública local con la empresa inmobiliaria Magisur. Esta última adeuda más de $150 millones por concepto de patentes y derechos publicitarios y pidió judicialmente su prescripción. Es decir, busca no pagar vía un recurso en la justicia civil que argumenta en torno a que el dinero no fue cobrado en el tiempo adecuado y estipulado por la Ley, por lo que la persecución del cobro por la vía de los tribunales se extingue.

Si bien en junio la Contraloría detectó el problema y le pide a la municipalidad que inicie una acción judicial para obtener los recursos —según Figueroa lo hicieron luego de la solicitud del organismo—; la empresa también hizo lo suyo y a fines de julio ingresó una demanda para que la deuda se extinguiera por el tiempo transcurrido desde la generación.

“Es del caso que la acción para perseguir el cobro de dichas obligaciones se encuentra prescrita por haber transcurrido el plazo que establece el legislador sin que se hayan ejercido las acciones destinadas al cobro de la deuda; y por esta razón se reclama de todos los períodos respecto de los cuales se cumplan los presupuestos legales necesarios para declararla. En consecuencia, se encuentra prescrita la acción de cobro por parte de la demandada respecto de los períodos comprendidos entre el segundo semestre de 2011 hasta el segundo semestre del año 2018”, se lee en el documento patrocinado por la abogada María Eugenia Figueroa. Es decir, la empresa solo reconoce la deuda generada desde 2018 (un poco más de $20 millones) y no la comprendida entre 2011 y 2018 que asciende, según la demanda a $132 millones. 

El asunto generó un áspero debate en el concejo municipal de este miércoles (el tema fue planteado por la independiente elegida en cupo DC, Verónica Castillo). Incluso, algunos ediles de oposición hablaron de un “abandono de deberes” de parte de las autoridades municipales que no hicieron efectivo los cobros. “No puede ser que en un período de diez años no se haya hecho nada por visualizar y hacer efectivo este cobro”, sostuvo el concejal Ricardo Cortes (PC). 

Según Figueroa, sí hubo acciones que buscaban hacer efectivo el cobro y, de hecho, esa es la base argumental de la unidad jurídica para evitar la prescripción en el tribunal. Pero hubo otra arista del mismo tema que quedó planteada en la mesa del concejo. Esto, luego que el independiente (electo en cupo de la UDI), Armin Avilés, planteara dudas sobre los arriendos de la municipalidad en el edificio donde se encuentra ubicado el supermercado Unimarc. El punto es que las oficinas donde se encuentra el departamento de Tránsito y Educación estarían ligadas, en la propiedad, a quienes controlan Magisur. Es decir, según Avilés, existiría cierta contradicción ética cuando la municipalidad alquila espacio a quienes no le quieren pagar una millonaria deuda. En todo caso, el abogado Figueroa manifestó que no tenía a la mano los contratos de arriendo de esas oficinas para cerciorarse de quiénes estaban detrás de la propiedad. Por lo mismo, según Avilés, es algo que se debe investigar.