Municipalidad: alcalde instruye investigación sumaria por el “Caso Magisur”

La idea es identificar los errores o negligencias en el proceso y no se descarta, incluso, problemas en el cobro de los dineros a la empresa. Las oficinas de Educación y Tránsito son arrendadas a una compañía diferente, aunque con similares controladores.

OFICINAS.- La dirección de Tránsito es una de las oficinas que se encuentra en la galería Los Álamos, donde también se ubica Educación. la edificación destinada a locales comerciales y oficinas está relacionada a los controladores de Magisur. (Fotografía Rodrigo Navarro)

La trama del no pago de patentes y derechos publicitarios de parte de la empresa Magisur continúa en desarrollo. Esto, porque a la demanda realizada por la inmobiliaria en contra de la municipalidad para que la deuda que, según consta en tribunales supera los $150 millones, prescriba; se suma ahora una investigación sumaria instruida por el alcalde, Carlos Barra, para saber efectivamente qué es lo que pasó y qué falló en el intrincado escenario que se alarga desde hace una década.

El asunto (llevado a la mesa del concejo por la edil Verónica Castillo) podría pasar por una sumatoria de negligencias o incluso descuidos que imposibilitaron hacer efectivos los cobros; aunque en las últimas horas hicieron trascender desde la municipalidad la posibilidad de que los cobros a la empresa hayan estado mal hechos. Según lo que señalaron, hay una sospecha en torno a que se incluyeron los derechos publicitarios en el pago de las patentes lo que, según explicaron, no correspondía. Por lo mismo, el alcalde decidió instruir una investigación sumaria para determinar qué fue lo que pasó y dónde se generó el problema.

El tema fue detectado por la Contraloría en junio de este año, en un informe que revelaba que la municipalidad no había cobrado estos dineros y debía iniciar acciones legales para hacerlo. La recomendación fue acogida y ya a principios de julio el departamento Jurídico de la administración pública local iniciaba una demanda para ir por los dineros vía tribunales. Pero si bien esta demanda nunca fue notificada a los representantes legales de la empresa; Magisur retrucó a fines de julio con otra demanda en la que solicitaba que la deuda prescribiera por el tiempo pasado (desde 2011) sin que se haya materializado una acción de cobro. Por lo mismo, según se explicó, la causa será ventilada en la carpeta generada por la última acción judicial, ya que en el fondo, tanto la de la municipalidad como la de Magisur apuntan a definir el mismo tema de fondo: si corresponde o no el pago de lo adeudado.

Oficinas

La Voz… se contactó con los ejecutivos de Magisur para plantearles algunas consultas sobre el caso. Entre ellas las razones del no pago y su posición frente al tema; pero se excusaron y señalaron que como el caso estaba judicializado no harían declaraciones. Una de las dudas planteadas por este medio apuntaba a lo señalado en el último concejo y que relacionaba la deuda de la empresa a la situación de los arriendos que la municipalidad tiene en la galería Los Álamos (donde está el supermercado Unimarc). El punto es que si bien la empresa arrendadora (Jaén SpA) tiene una razón social y rut diferente a Magisur, se repiten algunos de los controladores en ambas empresas. Es decir, los mismos propietarios de las firmas.

Este medio tuvo acceso a uno de los contratos de oficinas que tiene la municipalidad con Jaén SpA en la mencionada galería. En el documento, del año 2015 se establece un contrato de cuatro años por el espacio que actualmente ocupa Educación marcada con el número 212. Ahí se apunta que son 254 metros cuadrados y que los primeros tres años el valor del arriendo será de 0,25 UFs. el metro cuadrado. Es decir, el valor total de la oficina los primeros tres años a contar de 2015 fue de 63,5 Ufs. Al valor actual, un poco más de $1,9 millones. El cuarto año el precio sube a 0,27 UFs. el metro cuadrado. Es decir el costo del arriendo mensual se elevó en 2019 a un poco más de $2 millones por el espacio de Educación. A eso hay que sumarle lo que ocupa el departamento de Tránsito, quienes también tienen sus dependencias en ese lugar.

Consultadas algunas fuentes municipales por este tema de las oficinas sostienen que si bien los controladores pueden corresponder a las mismas personas, las razones sociales son diferentes por lo que no es compatible un trato o un prorrateo de la deuda en ese contexto (“Es como mezclar peras con manzanas”, dicen). Por otro lado, argumentan que los valores por metro cuadrado están acordes al mercado y que, además, la falta de espacio del actual edificio municipal hace imprescindible la contratación de oficinas.