Reorganización de Enjoy: empresa tiene propiedades hipotecadas en Pucón por más de US $26 millones

• La compañía casinera que controla el centro de juegos en Pucón, ingresó por segunda vez en menos de cuatro años a un proceso judicial para evitar la quiebra y asegurar la continuidad. Y si bien desde la empresa le ponen “paños fríos” y descartan que cese el pago del impuesto al municipio, desde el organismo público están inquietos y van a oficiar a la SCJ para que aclare los alcances de la acción en tribunales. 

La verdad es que la noticia de una nueva reorganización de la empresa Enjoy cayó como un “balde de agua fría” en la municipalidad local. Y esto, debido a que más allá de la compleja situación de la compañía (es el segundo proceso similar en menos de cuatro años) que no le ha permitido levantar cabeza; en el ámbito local hay cierta inquietud por el futuro de la casinera. El punto es que una eventual quiebra de la empresa (la reorganización busca evitar este desenlace) podría dejar a la comuna sin casino por un período indeterminado (mínimo dos años) y más que eso, el impuesto mensual de 121 mil Ufs (sobre $4.000 millones) quedaría en entredicho, dando paso a intrincados procesos judiciales por el cobro de las boletas de garantía que, en el caso de Pucón, ascienden a unos US $ 13 millones. La cifra es, prácticamente, la mitad de los poco más de US $26 millones en hipotecas sobre las propiedades de la empresa en la comuna que están en favor de algunos de los principales acreedores. 

En todo caso desde la matriz de la empresa le ponen paños fríos a la situación y sostienen que el proceso de reorganización sólo compromete al nivel central. “Cabe precisar que el proceso iniciado compromete a la matriz Enjoy S.A. y no a sus sociedades filiales, hoteles y casinos, las que se prevé que continuarán cumpliendo todas sus obligaciones como hasta ahora”, aclaran en un escueto comunicado hecho llegar a la redacción de LVP. En todo caso, desde la municipalidad trascendió que el alcalde Carlos Barra mandató a la jefa jurídica, Bhama Zúñiga, para que oficie a la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) y que sea este organismo que explique los eventuales alcances de la reorganización judicial. 

Según lo que se ha conocido por los medios especializados en economía, la compañía no logró cubrir los compromisos y generar los recursos proyectados en la anterior reorganización judicial que se cerró en 2022. En esa oportunidad los controladores históricos de la empresa (la familia Martínez) perdieron la propiedad, la que quedó en manos (en su parte mayoritaria) de las empresas Euroamérica y Penta. 

”La realidad de la recuperación de la industria de casinos y entretenimiento fue distinta a la proyectada al momento de estructurar el ARJ 2020, principalmente producto de la tardanza en el levantamiento de las restricciones sanitarias, las cuales se extendieron más allá de lo previsto y debido al inesperado y significativo aumento de la inflación, lo que ha afectado la capacidad de la Sociedad para generar un flujo de caja estable y consistente”, se lee en el hecho escencial con el que la empresa informó a la Comisión para el Mercado Financiero la decisión de ingresar otra vez a un proceso que permita evitar una quiebra y darle continuidad de giro a la compañía.

En el mismo documento se agrega: “Esto, sumado a un mercado de valores altamente restringido para buscar fondos adicionales, ha hecho que la Sociedad haya sufrido una significativa restricción de liquidez, lo que la ha llevado a restringir inversiones, posponer proyectos para mejorar la rentabilidad operacional y mantener una alta carga financiera”.

Al ingresar a la causa que se ventila en el 8avo Juzgado Civil de Santiago, se puede acceder a una serie de datos sobre la situación real de la compañía. Ahí, por ejemplo, se observa que sólo sumados a los tres más grandes acreedores actuales, la deuda bordea los $260.000 millones. A eso hay que sumar otros $57 mil millones a empresas relacionadas y más $3.000 millones a la Tesorería; entre otros. En Pucón la empresa tiene hipotecadas sus propiedades por más de US $26 millones de dólares en beneficio de los tenedores de bonos internacionales.