Jefe de Rentas hace descargos en sus redes sociales y adelanta denuncia por malversación de más de $150 millones

• Juan Antonio Ulloa sostiene que no hay una delación en su contra y que todo está inspirado en un revanchismo de parte de colegas de la municipalidad y con motivaciones políticas. La causa penal está desformalizada y en manos de la PDI. También hay una arista administrativa que indaga la Contraloría. 

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La polémica luego de la denuncia por eventuales irregularidades en el departamento de Rentas y Patentes de la municipalidad sigue al alza. Y lo último que se conoce fue una serie de descargos que el jefe de esa unidad y actual candidato a la alcaldía de Pucón, Juan Antonio Ulloa, hace a través de las redes sociales que usa para su campaña con miras al sillón edilicio. Y al final del extenso documento en el que argumenta en base a una serie de artículos y elementos de la Ley de Rentas y de Alcoholes; sostiene que pronto hará una denuncia por una millonaria malversación que, según él, sobrepasa los $150 millones. Según su texto estas acusaciones serán “serias, fundadas y sin doble estándar”.  Agrega, además, que las hará en la Contraloría (en rigor, si existe la posibilidad de un delito esto debiera ser indagado por la fiscalía o Ministerio Público).

La controversia en torno a Ulloa comenzó luego que se conociera una denuncia que realizara en el Ministerio Público la Jefa de Finanzas, María Victoria Román. En ella se apuntaba a un grupo de patentes de alcoholes limitadas que, según la funcionaria, deberían haber sido licitadas o subastadas y no entregadas a discreción. Luego de ello se supo de la negociación que hubo de una de estas patentes. Este permiso fue entregado a una joven, identificada como Carolina Estrada Moerono, hija de una cercana y también compañera de trabajo en un período en la municipalidad de Ulloa, Carmen Luz Moreno. En la denuncia de Román se supo que Carolina Estrada consiguió una patente de alcoholes para botillería sin nunca abrir un establecimiento. Y que esta fue renovada sin tener, incluso, un inicio de actividades activo. La joven posteriormente otorgó un poder a su madre, quien vendió la patente en $35 millones. En este punto, la misma Román acusó que se usó la figura de un “palo blanco” en la negociación.

Sobre la investigación que lleva adelante la fiscalía, Ulloa argumenta en su comunicado que “no existe una denuncia” (o delación) en su contra, sino que “en contra de quienes resulten responsables”. “El perjuicio ha sido a mi honra profesional y política, ya que me encuentro en carrera por una oportunidad para la alcaldía de Pucón, y con lo publicado por ustedes (se refiere a LVP) sólo se contribuye a una sucia política que enloda la participación democrática para que nuestros vecinos puedan elegir con bases certeras, por lo que una vez aclarada esta situación se tomarán las medidas judiciales respectivas hasta las últimas instancias, para lo cual ya se está trabajando en ello”, se lee en el texto.

Ahora, si bien la indagatoria que abrió la fiscalía (se dio una orden de investigar a la PDI) está en una etapa desformalizada y aún no hay imputados en la causa porque recién se están recabando los antecedentes para definir si existe o no un delito; LVP tuvo antecedentes de la denuncia realizada por Román y en ella se apunta a la responsabilidad de Ulloa como jefe de la unidad. Según conocedores de la denuncia, Román sostiene que es Juan Antonio Ulloa quien debe velar por las actuaciones de los actos administrativos sean ajustados a la normativa. Según las mismas fuentes, la jefa de Finanzas acusa que fue “engañada”.

En ese sentido, el ahora candidato mantiene el foco en que todo esto se trata de una revancha personal de parte de la jefa de finanzas por una denuncia administrativa que el mismo Ulloa hiciera en contra de ella. 

“Me parece tan extraño el proceder de la jefa de Finanzas. No corresponde, menos públicamente, ya que yo la denuncié hace más de tres meses por acoso laboral, incluso por realizar un procedimiento impropio, poco ético y falto de legalidad al ponerme anotación de demérito y que de decretase inmediatamente sin que se me haya notificado, decreto que tuvieron que invalidar por faltar a todo proceso formal, lo que demuestra su falta de conocimiento en los procesos administrativos y su intención de perjudicarme, existiendo además complicidad por parte de otros funcionarios que avalan su actuar”, sostiene en el texto, en el que se agrega: “Indico nuevamente que mi denuncia de acoso fue hace más de tres meses y jamás se ha llevado a cabo, no han nombrado fiscal, no me han llamado a declarar, ni menos se le suspendió de su cargo como lo solicité (medida de resguardo) para que pudiésemos trabajar tranquilos como Departamento, lo que demuestra aún más la complicidad que existe en estos temas por parte de la municipalidad”. 

Administrativo y penal

En su texto, Ulloa también entrega una serie de artículos que, según él, validarían sus acciones administrativas en torno a la entrega de patentes de alcoholes. Ahora, el hecho según quienes conocen la indagatoria, es necesario dividirlo en dos ámbitos. El primero es netamente administrativo y ahí es la Contraloría la llamada a zanjar la controversia. De hecho ya hay requerimientos de parte de la municipalidad. La idea es que sea este organismo el que emita un pronunciamiento específico sobre la forma en la que se otorgan estos permisos limitados. 

Pero por otro lado, también hay una arista penal que enfocará, principalmente, en el mecanismo de otorgamiento y negociación posterior de la patente de alcoholes que se le entregó a Carolina Estrada y que posteriormente esta negoció, a través de su madre (Carmen Luz Moreno) en $35 millones. Esta indagatoria, según se supo, está caratulada como “tráfico de influencias”.