La semana clave de la vivienda social: la interna de una crisis que estuvo a punto de estallar en la municipalidad

• Acusaciones cruzadas, anuncios de irregularidades, dudas en la emblemática compra de las once hectáreas realizada por la administración anterior, una denuncia en la fiscalía y muchos cuestionamientos sobre el manejo político de parte de las autoridades municipales fueron parte de un “menú” que tuvo ganadores y perdedores. Por ahora, los proyectos siguen, pero los costos del conflicto aún no se dimensionan. 

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El viernes a eso del mediodía la concejal Verónica Castillo llegó hasta el edificio del Ministerio Público en Pucón. Y ahí ingresó un documento de tres puntos a modo de denuncia en los que, en los hechos, exponía casi la totalidad del planteamiento del alcalde Sebastián Álvarez en el concejo del lunes previo en relación al tema de la vivienda social. Principalmente el cuestionado contrato que los comités Alto y Valle Pucón realizaron de manera directa con la empresa constructora Bio Bio para el desarrollo de un proyecto que beneficiaría a cerca de 300 familias y que tiene un costo de $19.000 millones. Es decir casi US $20 millones. Según la posición de la administración Álvarez, por disposición del Serviu, la definición de una constructora debía hacerse mediante una licitación pública y ser aprobada por el concejo. En palabras simples, la adjudicación estaría viciada y se pondría en entredicho uno de los proyectos más grandes en la historia comunal.

Los datos de la denuncia realizada por la edil eran una especie de segundo acto luego del bullado concejo municipal del lunes. Ahí, el alcalde abrió una discusión que duró más de una hora en torno a una serie de supuestas irregularidades cometidas en los procesos de adjudicación de los proyectos y también en la compra del terreno Salinas – Epuin materializado a principios de 2024 por la antigua administración que lideró el alcalde RN, Carlos Barra. Según los dichos de Álvarez, el terreno de 11 hectáreas que tuvo un costo de cerca de $4.000 millones tenía un título de merced que lo ponía con el carácter de “terreno indígena”, sujeto a todas las restricciones que la Ley le impone a estos predios. Y eso incluye, por ejemplo, la venta a personas que no sean indígenas. Es decir, de ser cierto, la compra y la inversión estarían viciadas. 

Y esto último, obviamente, levantó las alertas en los comités que están trabajando un proyecto que se desarrollará en cuatro hectáreas de este predio. Y también en la familia Salinas – Epuin; a quienes se les adeudaba la última cuota de $500 millones pactada con la municipalidad en un acuerdo firmado con la administración Barra. Pero hay elementos que no se conocen de la crisis. Uno de ellos es el planteamiento de parte el Administrador Municipal, Francisco Torres, realizado semanas antes del concejo del lunes, de aplazar el último pago a los Salinas – Epuín. La propuesta, según se explicó, era que se buscaría conseguir los recursos en el Gobierno Regional y así no cargar el monto al presupuesto municipal. Las fuentes consultadas, apuntaron a que luego de los dichos del alcalde del lunes sobre el título de merced, unido a la propuesta que salió desde la administración municipal en torno a aplazar la última cuota; quedó dando vuelta una idea en el entorno de los vendedores: que se quería objetar la compra. 

El vuelco

Pero la historia, que había partido como un nuevo cuestionamiento a la administración anterior de parte de los nuevos inquilinos de la municipalidad; y de paso como una oportunidad de cuestionar a la concejal frenteamplista Verónica Castillo que fue emplazada duramente por la republicana, Marina Matus; ya que la primera es presidenta de la Comisión de Vivienda del concejo; tuvo un giro. O, al menos, comenzó a tener un giro la tarde del viernes. Unas pocas horas después de que la misma Castillo materializara la denuncia en la fiscalía. 

Y esto se hizo posible en una tensa reunión de la Comisión de Vivienda (foto principal). En el encuentro, además de Castillo y otros concejales; estuvieron directivos municipales; entre ellos el Administrador, Francisco Torres; el Secplac, Alexis Figueroa, el Dideco, Gustavo Sandoval y el DOM, Claudio Painepán; entre otros. El alcalde, Sebastián Álvarez, no estuvo. Pero no solo directivos y autoridades. También estuvieron representantes de casi todos los comités de vivienda de Pucón. Pero no solo ellos. También se hicieron presentes los abogados Freddy Apablaza y Edmundo Figueroa, junto a un representante de la familia Salinas Epuín. 

Según relataron las fuentes consultadas, en primera instancia se tocó el tema del terreno de once hectáreas y ahí fueron los abogados Figueroa y Apablaza quienes tomaron la palabra. El primero de ellos (exjefe Jurídico municipal en tiempos de Barra) explicó la historia del terreno y como se habían desarrollado diferentes proyectos inmobiliarios y sociales sin tener problemas respecto al tema indígena. El segundo (Apablaza) ratificó los dichos y planteó que la compra cumplía con todos los elementos contemplados en la Ley. Es decir, la inversión estaba bien hecha. Y esto último también fue ratificado por un representante de la dirección Jurídica municipal. ¿Y el pago de la cuota faltante? Las fuentes consultadas aseguran que se materializará este lunes. Es decir, el terreno estaría listo para levantar las prohibiciones y seguir con el proyecto que incluye cuatro hectáreas de viviendas sociales.  Con esto, la queja por una compra mal hecha realizada por Álvarez se quedaría sin piso.

Pero no fue lo único. Luego de zanjado el tema del terreno fue el turno de afrontar el otro gran cuestionamiento planteado por el alcalde en el concejo del pasado lunes. La elección de la Constructora Bio Bio por parte de los comités Valle y Alto Pucón para el desarrollo de un proyecto de viviendas sociales por un costo cercano a los US $20 millones. Y ahí el cuestionamiento pasaba por un resolución de Contraloría, replicada por el Serviu, en torno a que la designación de una empresa constructora no debía estar al arbitrio de los comités sino que debía pasar por un proceso licitatorio y validado, posteriormente, por el alcalde. Cosa que en este caso no sucedió. 

Pero el asunto tiene matices. Uno de ellos es que la elección de Bio Bio fue mucho antes de la resolución de la Contraloría. Y según se dijo, hay elementos jurídicos para defender la elección de la empresa y seguir adelante con el proyecto. Esto pasaría porque la municipalidad aperture un proceso de invalidación y se solicite un informe a la dirección Jurídica. Y este último departamento debería, en este proceso, entregar los argumentos de fondo que permitan sostener el proceso y poder avanzar con estos comités que están a punto de cumplir diez años de espera por su proyecto. En total, son cerca de 300 familias. Las fuentes consultadas para este reportaje señalan que es viable sortear esta objeción. Y en eso trabajarán los equipos municipales, particularmente, el encargado de Secretaría de Planificación Comunal (Secplac), Alexis Figueroa. 

La lectura política

Pero toda crisis tiene varias lecturas. Y en esta es evidente que existe un costo para las partes involucradas. Por un lado, algunos personeros ligados a la administración Álvarez no evalúan bien el desempeño de las autoridades comunales en el proceso. En principio estiman que el alcalde se apresuró a comentar en el concejo los cuestionamientos en torno al terreno Salinas – Epuin. Esto, porque no se manejaba por completo la información que estaría validando el negocio y terminó tensionando la relación no solo con la familia vendedora; sino que también con los comités que ven en ese paño una salida para el anhelo de la casa propia.

Por otro lado, también se evalúa negativamente la especie de “guerrilla” que tiene la principal autoridad con la concejal Castillo. Se estima que en el intento de exponerla salió más fortalecida, debido a que obtuvo el apoyo de las organizaciones (son cerca de mil familias en total en los distintos comités) y al final, lo expuesto en el concejo por el alcalde, de alguna forma, fue revertido. Con todo, la idea, según se dijo, es bajar el nivel de confrontación con la edil frenteamplista. ¿Será posible? Quizás en el concejo de este lunes se vea alguna señal en ese sentido. “Hay que esperar”, comentan las fuentes al interior de la municipalidad. 

Las razones de la denuncia

Al ser consultada la concejal Castillo por las razones de su denuncia en la fiscalía, señaló que lo hizo porque lo señalado por Sebastián Álvarez en el concejo es muy grave. “Cuando el alcalde denunció esto en el concejo municipal en su mensaje, lo encontré gravísimo. Lo que procede es que el alcalde lo denuncie en la fiscalía, pero pasaron los días, lo que al alcalde le ‘olía mal’ no lo denunció. Es por ello que yo voy de frente siempre por principios, recurrí a la fiscalía de Pucón y presenté la denuncia formalmente como autoridad puconina qué vela por los intereses de mis vecinos. Esta denuncia tiene una serie de hechos que podrían constituir graves irregularidades administrativas que podrían ser delito, por lo tanto, que se investigue”, sostuvo.