Persecución a los medios de comunicación independientes

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Cuando hablamos de libertad de prensa y libertad de expresión nos referimos a dos pilares esenciales de las democracias liberales. Diversos estudios e índices internacionales consideran el respeto a estos derechos como uno de los principales indicadores de la calidad democrática de un país. Su protección, por tanto, no es un asunto exclusivo de los periodistas, sino una garantía para toda la ciudadanía.

Hoy esos principios enfrentan desafíos incluso en países donde históricamente han gozado de una fuerte protección institucional, como Estados Unidos. Chile tampoco está ajeno a este escenario. La discusión parlamentaria sobre la denominada “Ley Mordaza 2.0” ha reabierto el debate respecto de los límites entre el deber de investigar, el derecho de la ciudadanía a informarse y la protección del secreto de determinadas investigaciones. De aprobarse en los términos actualmente conocidos, la iniciativa podría exponer a periodistas a responsabilidades penales por difundir antecedentes de evidente interés público.

Sin embargo, pareciera que ni siquiera es necesaria una ley de esta naturaleza para que se intente inhibir el trabajo periodístico. Esta semana, un profesional de este medio fue objeto de una denuncia presentada por Carabineros por un presunto delito de violación de secreto, luego de publicaciones que dieron cuenta del hallazgo de droga tanto al interior de una comisaría como en un vehículo policial. Se trata de hechos de indudable interés público cuya difusión forma parte de la función que cumple el periodismo en una sociedad democrática.

Esta editorial busca llamar la atención sobre un fenómeno que va mucho más allá de un caso particular. El periodismo enfrenta hoy una crisis alimentada por múltiples factores: la proliferación de contenidos sin estándares profesionales en redes sociales (propiciados principalmente por los denominados “influencers”); el uso irresponsable de herramientas de inteligencia artificial para generar desinformación; autoridades que optan por comunicar únicamente a través de sus propios canales para evitar así el escrutinio de la prensa; la creciente fragilidad económica de los medios independientes frente a un mercado publicitario cada vez más fragmentado; y la aparición de plataformas o “pseudo medios” creadas principalmente para defender intereses particulares antes que para informar.

En este contexto, cualquier intento de perseguir judicialmente a quienes investigan y publican información de interés público constituye una señal preocupante. La labor de la prensa consiste precisamente en fiscalizar el ejercicio del poder, cualquiera sea su origen. Cuando esa función se dificulta mediante amenazas, presiones o acciones judiciales, no solo se afecta a un medio de comunicación: se debilita el derecho de toda la ciudadanía a estar informada.

Una democracia necesita instituciones fuertes, pero también necesita una prensa libre, crítica e independiente. Debilitar ese contrapeso nunca fortalece a la democracia; por el contrario, la empobrece.

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