La licitación del casino merece más transparencia

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*Por Cristian Hernández

Por estos días, cuando la atención pública se concentra en el destino del excasino, las licitaciones cuestionadas y otros episodios que han debilitado la confianza en la gestión municipal, pasa casi inadvertido un proceso de enorme relevancia para Pucón: la nueva licitación del casino, especialmente después del fracaso de la concesión otorgada a Enjoy en 2018.

Como concejal advertí oportunamente que ese proceso terminaría mal. Exigí transparencia al entonces alcalde Carlos Barra, denuncié las irregularidades ante la Superintendencia de Casinos de Juego y expuse mis reparos tanto en el Concejo Municipal como en la prensa. Lamentablemente, el tiempo terminó dándome la razón.

Hoy Pucón tenía la oportunidad de hacer las cosas mejor. Sin embargo, las “condiciones especiales” propuestas por la actual administración municipal abren interrogantes que merecen una respuesta.

¿Por qué estas condiciones especiales fueron elaboradas sin participación ciudadana? No fueron convocados los trabajadores de la industria, el comercio, dirigentes sociales, gremios, especialistas ni siquiera el Concejo Municipal. Resulta difícil entender que una decisión sobre uno de los principales motores económicos de la comuna se haya construido sin un debate amplio y transparente.

Las dudas aumentan al revisar algunos requisitos. La oferta económica mínima quedó fijada en 43 mil UF, lejos de las 60 mil UF planteadas inicialmente por el alcalde y muy distante de las 121 mil UF de la licitación de 2016. Si esa cifra responde a estudios técnicos, corresponde que estos sean conocidos públicamente.

También llama la atención la exigencia de mantener el 100 % de los contratos laborales. Esa condición parece razonable para los trabajadores históricos del casino, pero genera dudas si alcanza también a cargos gerenciales de exclusiva confianza. Del mismo modo, exigir un salón de eventos para cerca de 1.500 personas coincide exactamente con la infraestructura del operador vigente, lo que podría limitar la competencia. De hecho, ya existe un requerimiento formal para modificar las bases.

Nada de esto constituye una prueba de irregularidades. Pero sí plantea preguntas legítimas: ¿quiénes elaboraron estas condiciones especiales? ¿Se diseñaron para fomentar la competencia o terminaron adaptándose, consciente o inconscientemente, a la realidad del operador actual? ¿Existió algún tipo de contacto entre los equipos técnicos municipales y eventuales interesados en participar?

Pucón no puede darse el lujo de repetir los errores del pasado. Si este proceso fracasa o se retrasa, el costo lo pagará toda la comuna. Precisamente por eso, esta licitación debe desarrollarse con absoluta transparencia, amplia participación y reglas que garanticen una competencia real.

*Cristian Hernández es relacionador público, productor de eventos, exconcejal y excandidato a la alcaldía de Pucón.

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