Caso Podlech: abogado argumenta con causas de derechos humanos abiertas para dejarlo con arresto domiciliario total

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió la posición del representante de la familia de Sandra Coliñanco, quien falleció a causa de que el ex fiscal militar la atropelló. El profesional además pidió investigar sobre la forma en que el imputado obtuvo su licencia de conducir en Pucón.

Podlech fue formalizado por cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones graves. (Fotografía gentileza de Ufromedios).

La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco en un fallo unánime revocó y endureció las medidas cautelares decretadas en contra del ex fiscal militar de La Araucanía alfonso Podlech Michaud. Esto, por el atropello con resultado de muerte en el que el abogado fue protagonista como conductor del vehículo que arrolló y le quitó la vida a la psicopedagoga Sandra Coliñanco (36) y dejó con heridas graves a la hija de la profesional Monserrat Belmar (3). Así las cosas, Podlech Michaud pasó de una firma quincenal a un arresto domiciliario total y se mantuvo el arraigo nacional. Entre los argumentos integrados por el abogado representante de la familia de las víctimas, Juan Carlos Pascual, estuvieron las causas abiertas por derechos humanos en los que Podlech está procesado. Pero no es lo único, también fue un elemento el antecedente dado a conocer por La Voz…, que reveló que la dirección de Tránsito local le negó la licencia, medida que fue revertida por el Juzgado de Policía Local (JPL) en el que el juez principal (quien, por cierto, se inhabilitó en esa causa) es el hijo de Podlech Michaud.

Así lo explicó Juan Carlos Pascual a este medio. “Las razones fueron que el imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad y es un peligro para el éxito de la investigación por el hecho de que estamos frente a dos delitos, un cuasidelito de homicidio y un cuasidelito de lesiones”, explicó el abogado Pascual, quien agregó: “También el hecho de que existen procesos pendientes relacionados con derechos humanos y que el tribunal de Villarrica no había decretado la retención de la licencia de conducir, lo que obviamente era muy complejo poder mantenerlo”.

Alfonso Podlech tiene cuatro causas abiertas en su contra por hechos ocurridos en el contexto de la dictadura militar, además de una en la que se encuentra condenado, aunque ello no está firme aún porque se encuentra en proceso de apelación. Según Pascual, la misma ley establece que estos elementos deben ser considerados a la hora de definir las cautelares: “Analizados los antecedentes de forma más detallada y considerando los antecedentes anteriores del imputado hace que las cautelares se acrecentaran y fuesen proporcionales. Las causas (anteriores) son relevantes y lo son porque la Ley lo establece así. La Ley señala que una persona es considerada un peligro para la seguridad de la sociedad, entre otros factores, cuando existen procesos pendientes”. Esto último no se discutió en la audiencia en la que formalizaron al octogenario abogado residente en Pucón.

 

Licencia otorgado

Espacio Disponible

El otro elemento mencionado por el profesional tiene que ver con la licencia negada por Tránsito y luego entregada en el JPL. Pascual sostuvo que pedirá a la fiscalía investigar sobre el cómo se produjo este procedimiento. “Uno solicita a la fiscalía que verifique esta información y que se determine si efectivamente hubo una negativa por parte de la dirección de Tránsito y cuál fue la causal para poder negar la licencia de conducir y cuál fue el argumento del tribunal para revocar la decisión de la dirección de Tránsito”, explicó el abogado Pascual, quien añadió que estaban estudiando los antecedentes para iniciar las acciones civiles en contra de Podlech. Es decir, demandarlo en el tribunal para que la familia, en particular los hijos de Sandra (Matías y Monserrat); quienes ya habían perdido a su padre en 2017, puedan recibir algún tipo de beneficio económico.

La segunda sala de la Corte estaba presidida por el ministro Aner Padilla Buzada e integrada por la ministra María Elena Llanos Morales y por el abogado José Martínez Ríos.