El duro informe de la directora de Obras en Caso Martabid: acusa un “bloqueo” a funciones fiscalizadoras

Lorena Fuentes emitió un oficio al alcalde Carlos Barra en el que detalla lo ocurrido en la audiencia en la que, según ella, el abogado de la municipalidad llegó a un acuerdo que favorecía más al empresario inmobiliario que a la institución público. Profesional del derecho se defiende y dice que el reclamo y lo que se generó posteriormente “no tiene fundamento legal”.

La imagen muestra la cuestionada casa de José Migue Martabid en el sector del Río Correntoso en el camino que une Villarrica con Pucón.

La directora de Obras de la municipalidad, Lorena Fuentes, emitió un duro informe sobre la actuación del abogado Christian Águila. Todo esto en relación al caso dado a conocer por este medio, el que daba cuenta de un avenimiento al que llegó el profesional con un representante del empresario inmobiliario de Temuco, José Miguel Martabid. Ello, luego de una infracción que la Dirección de Obras Municipales (DOM) cursara a Martabid, debido a que éste edificó una casa de más de 3.000 metros2 con un permiso que solo le permitía edificar un poco más de 260 metros2. El acuerdo fue calificado por Fuentes, en el reportaje de La Voz…, como algo que favorecía más a las intenciones del empresario que a los afanes fiscalizadores de la unidad municipal encargada de las construcciones.

El informe, que está marcado como ORD Nº 675 y consta de 4 puntos, da a entender la acción de Águila como “un bloqueo” a las funciones que por ley tienen los funcionarios de la DOM. “A lo menos el abogado que representó a la municipalidad con su autorización (se refiere al poder otorgado por el alcalde), debió considerar en algo los argumentos técnicos que la Dirección de Obras tuvo para denunciar el caso y llegar a un acuerdo previamente con la unidad fiscalizadora, antes que con la parte denunciada”, se lee en el documento, cuyo destinatario era el alcalde Carlos Barra, el que agrega: “No hacerlo es un bloqueo a las funciones que por ley tienen los funcionarios de la dirección de Obras”.

En el punto tres el informe señala que se espera que los apoyos jurídicos de los profesionales abogados estén en concordancia con los lineamientos y obligaciones que impone la Ley General de Urbanismo y Construcción (L.G.U.C.): “Y en lo posible actúen (los abogados) en concordancia con los antecedentes que los funcionarios de la dirección de Obras levantan para resolver una infracción. Las infracciones se cursan en base a hechos concretos y respaldados, no en base a suposiciones”.

Así las cosas, el punto cuatro del informe que Fuentes le envía al alcalde Barra, es bastante duro. “La causa rol 3314-2019 corresponde a denuncia de casa habitación de propiedad del ingeniero civil Sr. José Miguel Martabid Razazi, empresario del área de la construcción y además dirigente y miembro activo de la Cámara Chilena de la Construcción. Que la municipalidad disponga un recurso profesional (abogado) para recurrir en su favor, resulta a todas luces equivocado, más aún si se considera que el denunciado está en pleno conocimiento de las normas que ha incumplido”, dice el documento, en el que se agrega que a juicio de Lorena Fuentes, en las condiciones actuales del Plan Regulador Intercomunal (PRI) Villarrica – Pucón “la regularización de las obras ejecutadas, y aparentemente habitadas, no resulta posible”.

El informe concluye que las acciones descritas provocan “desmotivación y malestar” entre los funcionarios a cargo de la fiscalización en la DOM.

Los descargos de Águila

Pero no es lo único. En la últimas horas también se conocieron los descargos del abogado Águila. Esto en un documento de tres páginas al que tuvo acceso La Voz…. En primera instancia, el texto señala que lo señalado por el profesional Miguel Vergara (quien, en los hechos, estuvo en la audiencia y realizó un informe cuestionando el rol del abogado) “no es efectivo”. Agrega que en la cuestionada audiencia él (Águila) ratificó la denuncia de la DOM y “se entiende como parte integrante”. “Tal acto debe ser considerado por el tribunal como esencial para la prosecución del proceso ‘y no como un desistimiento (sic) como mal pudo haberse entendido’”, se puede leer en el documento.

Luego de eso sostiene que se consideró que el denunciado (Martabid) mantenía una ampliación de permiso de construcción ingresado a la DOM; además que necesitaba el plazo para conseguir una serie de permisos sectoriales que, según los descargos de Martabid, podrían posibilitar la regularización de la construcción de más de 3000 metros2. Todo esto, además, de que las obras se encontraban paralizadas (según la jefa de la DOM, la casa es “irregularizable” y ya está terminada); hacía plausible el plazo de 12 meses para “dar cumplimiento a la normativa vigente”: “A lo que el tribunal accede, pidiéndonos tanto a mi persona como a don Miguel Vergara la venia para efectos de firmar dicha acta”. Este acuerdo fue declarado, posteriormente, como “contrario derecho” por el juez titular del Juzgado de Policía Local (JPL), Alfonso Podlech.

Águila sostiene, también, que si bien el comparendo es motejado como “un avenimiento”, debido a que la decisión queda sometida finalmente al tribunal, una vez que sea ratificada la denuncia.

Sobre el por qué se apersona en la audiencia, pese a que la directora de Obras, Lorena Fuentes, no le pidió ir y, según ella, Águila ya no asesoraba a la DOM; el abogado señala que se encontraba prestando servicios “de hecho”. Además, las notificaciones del tribunal en relación a la causa le llegaban a él vía correo electrónico, debido a que en el expediente existía un patrocinio otorgado por el alcalde en abril.

El documento finaliza así: “Debo agregar que en ningún caso este profesional ha incurrido en alguna falta o abuso por razones ya expuestas, pues la famosa publicación del diario electrónico La Voz de Pucón, es quien ha sido protagonista de un escándalo que no tiene fundamento legal, y así se probará en la fiscalía local”.

La fiscalía de Pucón abrió una causa por este tema y, según el fiscal Jorge Calderara, se investigan eventuales delitos relacionados a un eventuales cohecho o tráfico de influencias.

La municipalidad local declinó emitir comentarios sobre este tema. En tanto, el concejo municipal de este martes fue suspendido.