Caso Martabid: fiscalía de Pucón abre causa e indaga eventuales delitos de tráfico de influencias o cohecho

El antecedente fue confirmado por el jefe de la unidad persecutora, Jorge Calderara, luego de un reportaje publicado por este medio, el que daba cuenta de un avenimiento judicial en el que estuvo involucrado un abogado municipal y en el que, en principio, se favorecía más al denunciado empresario inmobiliario José Miguel Martabid, que a la dirección de Obras del principal organismo público local, los denunciantes.

La vivienda tiene más de 3000 metros2 construidos, pese a que inicialmente se solicitó un permiso de un poco más de 250 metros2.

La fiscalía de Pucón anunció que abrirá una causa penal, a raíz de la publicación dada a conocer por La Voz…, en la que se conocía un avenimiento judicial entre el abogado de la municipalidad, Christian Águila y el representante del empresario inmobiliario José Miguel Martabid. Todo esto, a raíz de la construcción de una casa de más de 3000 metros2, por la que se solicitó un permiso de edificación de un poco más de 250 metros2; por lo que la Dirección de Obras Municipales (DOM) cursó una infracción que generó dos audiencias. Y en la última de ellas el abogado Águila llegó a un avenimiento con la parte demandada que, de acuerdo a los dicho por la propia directora de Obras, Lorena Fuentes, no estaba en la línea de lo que ella esperaba y beneficiaba más a Martabid que a los intereses de la entidad pública. Dicho acuerdo fue anulado, posteriormente, por el Juzgado de Policía Local de Pucón, entidad que lo declaró “contrario a derecho”.

De acuerdo a los señalado por el fiscal jefe de Pucón, Jorge Calderara, existe la posibilidad de que se puedan configurar delitos de cohecho o tráfico de influencias. “Confirmamos que se ha aperturado una investigación a partir de la información publicada en el medio. Se ha iniciado la investigación con la finalidad de verificar si en el contexto de este avenimiento que se habría arribado en el Juzgado de Policía Local de Pucón existe o no alguna conducta ilícita por parte de uno o más de los concurrentes”, dijo Calderara, quien agregó: “Los posibles delitos pueden ser desde tráfico de influencias hasta cohecho, pero eso obviamente dependerá de la investigación”. Calderara señaló, además, que encargó a la Policía de Investigaciones (PDI) indagar la causa.

La polémica, dada a conocer por este medio, ha generado una serie de movimientos y reuniones al interior de la municipalidad para establecer fehacientemente cómo se generó la acción de Águila, quien tenía un poder otorgado por el alcalde en abril de este año cuando el profesional, en los hechos, era abogado asesor de la DOM. El punto es que en la fecha de la segunda audiencia, en la que se llegó al cuestionado y “contrario a derecho” avenimiento, el abogado ya no era asesor del departamento de Obras de la municipalidad; cuya jefa mandó a esa audiencia a su subrogante, Miguel Vergara. Este último llevaba la orden de insistir en la denuncia y solicitar una inspección ocular para que el tribunal se cerciore de que la casa estaba terminada y, según la unidad municipal, era “irregularizable”. Lo que, a la postre, no sucedió.

Según se supo, Vergara emitió un duro informe a su superior sobre lo ocurrido en la audiencia y cuestionaba duramente al abogado por llegar a un acuerdo que, en los hechos, favorecía al denunciado (Martabid) más que a la municipalidad.

Desde el departamento de Comunicaciones de la municipalidad señalaron que esperarán tener más antecedentes para referirse al caso.

En tanto, uno de los abogados de la empresa Martabid, descartó de plano la existencia de algún delito en este caso.