El beneficioso  y “contrario a derecho”  acuerdo firmado entre la municipalidad y José Martabid que juzgado echa por tierra

Tribunal local anula avenimiento entre el abogado municipal Christian Águila y el representante del empresario. Directora de Obras asegura que nunca envió al profesional de las leyes a la audiencia generada por una infracción por la casa particular del dueño de una de las compañías inmobiliarias más grandes de la zona. La vivienda, según Lorena Fuentes, está fuera de toda norma y es “irregularizable”.

¿El día? El pasado tres de abril. ¿La hora? Las 12 horas. ¿El lugar? La ruta entre Villarrica y Pucón a pocos a pocos metros del Río Correntoso, más específicamente una propiedad relacionada a José Miguel Martabid, reconocido y premiado empresario del rubro inmobiliario en la región. Pero en ese lugar, ese día y a esa hora, parte una historia compleja que se transformó en una causa que se ventila en el Juzgado de Policía Local (JPL) de Pucón y en la que este tribunal ha tenido un rol preponderante, sobre todo luego de catalogar como “contrario a derecho” un acuerdo previo al que se llegó en el mismo JPL y que le brindaba todas las facilidades a Martabid para regularizar una vivienda de más de 3000 metros cuadrados construidos sin un permiso acorde, fuera de las normas y, en los hechos, con muy pocas posibilidades de regularizar. Esto último, según la propia directora de Obras de la municipalidad (DOM), Lorena Fuentes.

El tema es el siguiente. Ese tres de abril al mediodía llegaron hasta la vivienda particular del empresario, los funcionarios de la DOM, Miguel Ángel Vergara y Álex Weber Rascheya. Ambos, de acuerdo a la infracción que está registrada en los expedientes de la causa, a las que tuvo acceso La Voz…, chequearon que las edificaciones que estaban en el terreno del empresario sobrepasaban por mucho el permiso de construcción original entregado por la DOM que permitía edificar un poco más de 250 metros2. En total, las construcciones sobrepasaban los 3000 metros2; pero además —según lo que se lee en el documento que inicia el proceso— infringían el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción (L.G.U.C.) ; y los artículos 22 y 25 del actual Plan Regulador Intercomunal Villarrica – Pucón. Estos últimos artículos, según se explicó, tienen que ver con la densidad de ocupación y con el porcentaje de uso de suelo en la zona que no debe ser mayor al 5%. En ese contexto es que el documento señala textualmente: “no es factible regularizar la construcción”.

“Hay una fiscalización en el sector del intercomunal Villarrica – Pucón y este caso había presentado algunas dificultades para los inspectores municipales y, finalmente, cuando lo retoman los funcionarios de la dirección de Obras, logran acceder a la propiedad y verificar que, efectivamente, se había construido una vivienda que superaba los metros cuadrados autorizados”, explica a La Voz…, la jefa de la DOM, Lorena Fuentes, quien agrega que la vivienda estaba construida totalmente. Es decir terminada: “La infracción de base es el artículo 116 que es construir sin los permisos de construcción, porque él tiene un permiso por una superficie muy inferior y aquí, claramente, ni siquiera es duplicado, sino que multiplicado por diez la superficie (construida)”.

Lorena Fuentes ratifica lo que se explicó en el documento. A juicio de ella, la casa de José Miguel Martabid es irregularizable en las condiciones en la que está. Al menos, con la normativa actual y con el Plan Regulador Intercomunal aún vigente. Por lo mismo, sostiene que se rechazó una solicitud de ampliación de permiso que pretendía regularizar la obra.

 

Audiencias

Pero el tema se comienza a complicar luego de dos audiencias realizadas en el mismo JPL. La primera, fechada el 15 de abril de este año. En ella, según se lee, el abogado Christian Águila González, representó a la municipalidad con un poder otorgado por el alcalde Carlos Barra. En el registro de esa diligencia se expresa que el denunciado (Martabid) tiene una solicitud en la dirección de Obras para modificar el permiso de construcción original (ahora rechazado, según Fuentes). Además, el abogado Águila solicita que se paralicen las obras. Así las cosas, se dio una conciliación en los siguiente términos, según se ve en la documentación: “La parte denunciada se compromete a paralizar las obras gruesas de construcción, con la salvedad de poder terminar todo lo que dice instalación de cercos y obras menores exteriores, mientras se obtengan las autorizaciones de los organismos pertinentes”. La participación del abogado Águila se entendía porque en ese tiempo asesoraba jurídicamente a la DOM.

Pero Lorena Fuentes insistió con el caso, debido a que su juicio nada se podía regularizar, porque la casa —en los hechos— estaba terminada. Por lo mismo, se generó una nueva audiencia programada para el 26 de junio pasado. En ella, Fuentes envió al mismo funcionario que había cursado la infracción, Miguel Vergara. Este profesional, fue además como subrogante de Fuentes y con un oficio que manifestaba dos cosas: ratificar la denuncia inicial de principios de abril y solicitaba, además, una inspección ocular de parte del juez para así, según ella, el magistrado se cerciore fehacientemente que la casa de Martabid estaba totalmente construida y no en proceso de edificación como se señalaba en las audiencias.

“El objetivo de nuestra comparecencia era ratificar la denuncia y además solicitar una visita ocular para que el tribunal pudiera tener certeza que, efectivamente, la obra está terminada”, dice Fuentes al ser consultada por este medio.

Pero el problema para las pretensiones de Lorena Fuentes fue que hasta la audiencia llegó, sorpresivamente, el abogado Christian Águila. Según la misma jefa de la DOM, ella nunca solicitó la presencia del profesional en el lugar. “Desconozco el motivo de su participación en ese comparendo”, dice. En rigor, según lo que dice la directora de Obras, el abogado ya no asesoraba —en la fecha de la diligencia— a la DOM

Y el problema pasa porque en ese comparendo, dirigido por el juez suplente Roberto Rogazy, se llegó a un acuerdo entre el abogado de Martabid, Álvaro Gómez y el representante de la municipalidad, Christian Águila, quien ya tenía un patrocinio otorgado por el alcalde en abril. El acuerdo apuntaba a entregar, nuevamente, la posibilidad a Martabid de regularizar y se le entregaba un plazo de 12 meses para hacerlo. Avenimiento, por cierto, contrario a las pretensiones de la directora de Obras para quien su representante oficial en la mencionada audiencia era Miguel Vergara y no Águila: “Yo no estaba ese día, así es que me subrogó en la audiencia el director de Obras subrogante nombrado por decreto”. Lorena Fuentes es clara en señalar que Vergara no no estuvo en línea con el acuerdo, pese a que está su firma, y que sólo pone la rúbrica como participante de la audiencia.

En todo caso, el tema generó que el mismo Miguel Vergara enviara un informe por escrito a Lorena Fuentes en el que señalaba el tenor de la audiencia y el avenimiento. “Por supuesto que me informa de la tarea encomendada. Es un informe a través del correo electrónico institucional”, dice la jefa de la DOM.

Si bien Lorena Fuentes no quiso referirse en detalle al informe enviado por Vergara, conocedores de la causa señalan que el tenor del mismo dejaba ver una profunda molestia y queja por el accionar de Águila en la audiencia, ya que se privilegiaba un avenimiento que favorecía más a la parte demandada (Martabid) que a la demandante (la municipalidad).

 

Todo vuelve atrás

Pero el caso no quedó ahí. Los movimientos e incomodidades generadas al interior del municipio por el accionar de Águila, al parecer, surtieron efecto. Esto porque el juez titular del JPL, Alfonso Podlech Delarze, volvió todo a “fojas cero” al anular el avenimiento logrado en la polémica audiencia del 26 de junio. El nuevo dictamen, fechado el uno de julio, sostiene que el acuerdo al que llegó el abogado de la municipalidad con el representante de Martabid es “contrario a derecho”. Y para llegar a esa conclusión se basa en cinco puntos. En el segundo de ellos, Podlech señala que, de acuerdo a la Ley que rige a las municipalidades, el alcalde requiere el acuerdo del concejo municipal para “transigir (llegar a un acuerdo) judicial y extrajudicialmente”. Por ahora, la causa debería estar lista para un nuevo fallo, aunque Podlech no otorgó la requerida inspección ocular. (Para ver la resolución haga click aquí)

 

La posición de Martabid

Álvaro Gómez, abogado de la causa en representación de José Miguel Martabid, explica a La Voz… que ellos no recurrirán de la última resolución del juez Podlech. Y que por ahora estarán enfocados en concluir la tramitación para regularizar la vivienda del empresario. Eso, aunque dice desconocer el por qué se pidió un permiso por un poco más de 250 metros2 y se termina construyendo más de 3000 metros2.

“Desconozco el por qué se pidió un permiso por ese metraje inicial. Lo que sí sé es que ese es un permiso que está actualmente vigente, que fue otorgado conforme a la normativa y sobre el cual se comenzó a trabajar. Respecto al exceso que están reclamando de la superficie de la construcción, eso es ya un proceso que está en etapa de normalización y regularización. Se presentó en marzo o en abril de este año una solicitud de ampliación de permiso”, explica el profesional.

Ante la consulta sobre lo dicho por Lorena Fuentes en torno a que la casa, en los hechos, es “irregularizable” y que el permiso para ampliar fue rechazado, Gómez señala: “Lo que ocurre es que dentro de las observaciones que se hicieron para poder otorgar la modificación del permiso, hay requerimiento de información al Servicio de Salud, por ejemplo, y a otros organismos eternos. Y eso está actualmente en proceso (…) no se saca nada con insistir con la ampliación del permiso mientras no se tenga aprobación del Servicio de Salud”.

Sobre lo “irregularizable” del proyecto, Gómez dice que eso “no se podría afirmar”. “Es una opinión de la dirección de Obras y no sé sobre qué antecedentes se pueden basar para emitir una opinión de ese tipo”, agrega.

Al ser consultado por si él con Águila manejaron un acuerdo previo a la audiencia (al preguntarle el juez suplente ese día, Roberto Rogazy, éste dijo a La Voz… que parecía que el acuerdo venía acordado de antes. “Es algo normal en estos casos”, dijo); el abogado Gómez lo rechaza enfáticamente: “No. Ese acuerdo surgió en la misma audiencia. Del momento que le expliqué yo al colega Christian Águila —e incluso asistió un funcionario de la dirección de Obras a esa misma audiencia— que se ingresó la solicitud de ampliación del servicio y la dirección de Obras emitió una serie de observaciones, dentro de las cuales están estos informes externos, por lo que no podemos nosotros insistir en esta modificación sino tenemos la aprobación de estos informes”. Según ellos, la intención es regularizar: “No queremos hacer nada fuera de la ley (…) lo que se quiere es hacer coincidir los metros cuadrados construidos con los metros respectivos y para eso necesitamos tiempo para obtener las aprobaciones de los servicios sectoriales que la misma dirección de Obras nos está pidiendo”.

El alcalde Carlos Barra señala que no conocía la causa en particular, por lo que solicitará informes para profundizar de qué se trata el tema, aunque reconoce que firma el poder de representación municipal para Christian Águila en abril porque en ese tiempo el abogado trabajaba como asesor en la DOM (actualmente, según Lorena Fuentes, ya no lo hace). En todo caso, el alcalde entiende que el avenimiento quedó nulo. “Yo lo que tuve como información es que ese avenimiento quedó nulo. No existe en este minuto”, dice. 

Al señalarle que la resolución del juez Podlech que indica que el polémico acuerdo “no se ajustó a derecho” porque, entre otras cosas, debía tener acuerdo del concejo municipal, Barra sostiene: “Yo desconocía esa parte. No la conocía”. Finalmente el alcalde sostiene que en este tipo de casos él respaldará a la directora de Obras.

Consultado el abogado Christian Águila por este tema, señaló que no se referiría a estos hechos.