Transparencia pública: una cultura necesaria

Desde, prácticamente, el inicio de La Voz… hemos pregonado que entendemos el ejercicio del periodismo como un acto que trae equilibrio y cierto niveles de justicia (entendiendo esto último como darle a cada uno lo suyo). Es decir, es justo que la comunidad conozca y entienda las cosas que suceden en su comunidad y entorno. Y es en ese sentido que La Voz… se plantea como un medio que informa y que muestra los procesos que vive la comuna. Y principalmente de las actividades, decisiones y posiciones de nuestros líderes políticos y funcionarios públicos.

Pero este ejercicio de transparencia necesita ser entendido y comprendido por todos los integrantes de la ecuación: los representantes del servicio público y la comunidad, principalmente. Los primeros para transparentar procesos, decisiones, intereses, etc., y los segundos para entender que la información no siempre va a gustar, ni va a dar el gusto a los intereses particulares e ideológicos de cada uno. Por lo mismo, no tiene sentido que el medio sea un furibundo crítico de la acción municipal o, por el contrario, un lisonjero de la acción del alcalde, concejales y directivos del municipio. Ambas posiciones son nefastas para todo.

Ahora, es relevante de que en este contexto, la función pública entienda que siempre está siendo observada por las audiencias. Que mientras más transparencia exista en las decisiones siempre será mejor y más sano para todos. Que mientras menos áreas oscuras existan, es mejor para la convivencia con una comunidad cada vez más empoderada y exigente.

Por lo mismo, no tiene sentido trabar los flujos informativos, demorar la entrega de documentos, no responder a las consultas formales de los medios y mantener enojosas políticas de secretismo. La información, muchas veces, cobra una especie de vida propia que se inmiscuye por los recovecos del poder y, generalmente, sale a la luz. Por lo mismo, tiene más sentido el canalizarla bien que frenarla. En definitiva, la transparencia pública tiene que ser más que una Ley, tiene que ser una forma de vida para el funcionario público. Con ella se frenan eventuales atisbos de malas prácticas que a la larga, o a la corta, nos perjudican a todos.