El señor del agua

Sorpresa, por decirlo de alguna manera, causó la serie de reportajes dados a conocer en las últimas semanas por nuestro medio y en los que se hablaba de derechos de agua en Pucón. Todo esto, a raíz de la controversia y rechazo generado en la comunidad por la aprobación de la central hidroeléctrica en la zona de Llancalil. Y más allá del centenar de derechos de aguas de carácter no consuntivo enfocados en la generación eléctrica (Llancalil podría no ser el único caso); llamó profundamente la atención que el ex director general de aguas en la región, Francisco Díaz Fuenzalida, fuera —en los hechos— uno de los privado (sino EL privado) con más derechos en la comuna. Todos, por cierto, enfocados en la producción eléctrica.

Pero más allá de la controversia y discusión sobre la matriz energética nacional o si las pequeñas centrales de paso son amigables o no con el medio ambiente, creemos que el tema —al menos en este caso— es otro. Al conocerse el caso de Díaz Fuenzalida, las preguntas surgen en el acto: por qué el ex jefe regional de la DGA tiene más de 39 mil litros por segundo otorgados en Pucón. Qué lo motiva; cómo una persona natural posee tantos derechos; y más allá de eso, es ético o aceptable que una ex autoridad técnica pueda especular (y eventualmente lucrar) posterior a su cargo con los datos y el conocimiento que obtuvo en el ejercicio mismo de su función.

Ahora, también surgen otras interrogantes con una carga ideológica mayor. Por ejemplo, ¿es sólo lo legal el marco en el que se mueven las autoridades? Eso, porque pareciera ser casi un lugar común la respuesta “no hay nada ilegal” en acciones que dejan más dudas que certezas y potencian zonas oscuras de las administraciones públicas. ¿Acaso lo legal es el techo? En La Voz… creemos que no. Lo legal sólo es el piso mínimo exigible para los funcionarios públicos. A ellos, por principios, se les debe exigir más. Simplemente porque en sus manos están los intereses y recursos del colectivo que representan por votación y también por designación. Todo esto contrario al mundo privado. El empresario sólo debe cumplir con lo que la ley dice o no prohibe, ya que sólo debe darle cuentas a su familia, inversionistas o a su conciencia. Pero no maneja los recursos de todos.

Así las cosas, es necesario elevar los estándar en la administración pública en general. Y esta debiera entenderse casi como un servicio a la comunidad. Un servicio bien pagado, pero un servicio al final. Y esto no debería ser resorte para obtener ganancias en apariencia y forma lícitas, pero que en el fondo son el efecto de conocimientos, contactos, amistades y manejo del sistema público a los que se llegó por la confianza y con recursos de todos los chilenos ¿Es mucho pedir?