Integridad para Chile

Vivimos tiempos difíciles donde toda nuestra institucionalidad es puesta a prueba. La democracia está en juego, no porque un número relevante de ciudadanos se haya organizado para participar y exigir cambios estructurales para el país, sino primordialmente porque grupos concertados de delincuentes, vándalos y ciudadanos  se han organizado para saquear, robar, y aprovecharse de la limitada capacidad operativa de las policías superadas a veces producto del movimiento social.

Lo lamentable es que en esos grupos, si bien sabemos que gran parte son delincuentes de trayectoria, también han habido ciudadanos (y hasta autoridades como el concejal de La Calera) que “aprovechándose” de la oportunidad cometieron delitos que afectaron no sólo a grandes compañías con amplio respaldo financiero para restaurar su situación, sino que también a pequeños y medianos empresarios que literalmente lo perdieron todo, y con ello afectaron directamente el motor del empleo en Chile.  

Esto nos lleva a preguntarnos qué hace que un “ciudadano de bien” caiga en una actuación tan deleznable. Algunos dirán que son las bajas penas que este delito tiene, sin embargo nosotros creemos que es algo muchísimo más profundo que eso. La legalidad no puede ser la vara de medida de nuestras actuaciones. La legalidad es anacrónica, casi siempre es indolente, es rígida carente de criterio y contexto por consecuencia no podemos aceptar ésta como estructura de regulación máxima de nuestros actos. La legalidad debe ser el piso sobre el cual operar. Nada puede estar fuera de ese ámbito, por cuanto en el sometimiento personal al consenso jurídico está la clave del funcionamiento social en comunidad, sin embargo debemos procurar y promover ir mucho más allá.

¿Dónde queda la ética? ¿Dónde queda el compromiso mayor con nuestro entorno y sociedad? En  esta sala de redacción creemos que esto es un problema endémico en nuestra cultura. Llevamos décadas oyendo a autoridades defendiendo su actuar poco probo, carente de integridad bajo el mantra repetitivo de que “es legal”  y sí, por cierto que puede serlo, pero los ciudadanos exigimos muchísimo más que eso. Ese es el “mínimo operacional”. Pero requerimos mucho más. 

Probablemente este dilema es el corazón de este estallido social. Sin embargo resulta de una contradicción escandalosa que mientras la demanda hacia las autoridades públicas sea esa, los ciudadanos nos arrogamos una vara menor. Rotundo NO, debemos cambiar la integridad de nuestro actuar con urgencia. Puede ser “legal” o de baja pena ofender un carabinero pero esto no está bien, puede ser “legal” mentir para obtener algún beneficio social, pero eso no quiere decir que esté bien; puede ser legal pagar bajos sueldos (pudiendo pagar más) pero eso no quiere decir que esté bien. Creemos que cada uno debe reflexionar  sobre su rol en medio del tramado social y examinar nuestra acción frente a esto. No se trata de dignidad, ni de justicia. Se trata de ética, de integridad y de inteligencia. Inteligencia porque ninguna sociedad, ningún imperio, ningún grupo humano organizado prosperará mientras creamos que “hacer lo malo” cuando nadie nos ve es esencialmente bueno. Hay que combatirlo con todas las herramientas que tengamos disponible y esta crisis es nuestra oportunidad.