El complejo pasar de Edmundo Figueroa a un año de su nombramiento como jefe jurídico en la municipalidad

Al cuestionamiento por delegar poder a un abogado externo para que defienda una causa en la que la administración pública local arriesga una millonaria indemnización, se suma una querella por prevaricación en su contra. El profesional se defiende de ambas acusaciones y confía en salir bien parado.

INGRESO.- El abogado Figueroa ingresó a la municipalidad a fines de septiembre pasado en reemplazo de Bhama Zúñiga, quien salió por diferencias con el alcalde en relación al Caso Martabid.

Hace casi un año el renombrado abogado local, Edmundo Figueroa, asumió la jefatura jurídica de la municipalidad de Pucón. Y si su llegada fue compleja; su estadía no ha sido tranquila. Y en las últimas semanas las polémicas y cuestionamientos no lo han dejado. Primero fue la delegación de poder a un abogado externo en una causa que está en la Suprema y en la que municipalidad arriesga pagar una indemnización que se eleva por sobre los $40 millones. Y lo último, una querella por prevaricación en una causa particular en la que mantuvo, según sostiene el mismo Figueroa, un rol insignificante. 

Edmundo Figueroa ingresó a la administración pública en medio de una polémica nacional. Su nombre apareció en medio de los cuestionamientos al entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, por la compra de predios de origen indígena que este último realizó en el sector de Quetroleufu. Figueroa, en los hechos, fue quien posibilitó la cuestionada venta y aplicó una fórmula que permitía desgravar los predios de la Ley Indígena que impide la venta a personas que no pertenezcan a alguna etnia en Chile. Pero Figueroa, conocido por ser metódico y poseer una amplia y depurada red de contactos en la región; zafó bien de la controversia que, luego de que Ubilla perdiera su cargo, pasó a un plano casi olvidado de la agenda noticiosa nacional y aún se debate en la Corte de Apelaciones de Temuco. 

Pero el nombre de Figueroa saltó a la palestra pública nuevamente, al menos en lo local, en las últimas semanas. La primera de ellas fue conocida en el pasado concejo del 11 de agosto. En ella, el abogado expuso ante el requerimiento de los ediles por la causa que un ex funcionario del Departamento de Educación, Mario Vicente Acevedo Castro, quien demandó a la municipalidad por lo que consideró como un despido injustificado. El ex funcionario ganó en el tribunal local y en la Corte de Apelaciones y ahora el juicio se definirá en la Suprema. La causa podría costarle a las alicaídas arcas de la administración pública local un poco más de $40 millones por concepto de indemnización en favor de Acevedo. El problema para Figueroa se generó cuando él mismo decide delegar la causa en el abogado externo Jorge Silhi. Un laboralista cercano a Figueroa. El cuestionamiento de los concejales apuntó a que el jefe jurídico no le consultó al concejo la decisión. Figueroa contra argumentó que Silhi era el “mejor laboralista de la región”. Todo esto, según el jefe jurídico, sin costo para la municipalidad.

En aquella oportunidad, el concejal de la DC Omar Cortez, planteó la molestia por la incorporación de Silhi. “Me parece que no procede que tú cambies o pidas asesorías sin informarnos a nosotros que hemos perdido en doble instancia. Tuvimos que esperar un mes para que nos puedas señalar aquello”, le espetó Cortez a Figueroa. El concejal sostuvo que el jefe jurídico “traspasó sus atribuciones” por la decisión de llevar a Silhi al equipo de defensa de la causa. “Nosotros somos los que resguardamos el patrimonio”, dijo Cortez aquella vez y también apuntó al alcalde por las eventuales responsabilidades políticas. “Es una embarrada descomunal”, finalizó.

Según explicó el mismo Cortez a La Voz…, él siguió en proceso de fiscalización a este hecho y ha solicitado una serie de informes. Incluso no descarta llevar el caso a la Contraloría. “Estoy en un proceso de estudio que finalizará esta semana, en donde evalúo las acciones a seguir, no descarto una presentación a la Contraloría ya que a primera vista hay una serie de actuaciones por parte del departamento jurídico que me llaman negativamente la atención”, argumentó el edil de la DC a La Voz…

Querella por prevaricación

Pero lo anterior no es lo único que podría complicar a Figueroa. A mediados de agosto ingresó una querella por el delito de prevaricación en su contra. La acción fue puesta por el ciudadano brasileño Roberto Botelho Ferraz, quien fue imputado por una corta de árboles en en un condominio donde Bothelo tiene su residencia vacacional. El punto es que el brasieño acusa que le otorgó un patrocinio y poder a Figueroa para que lo defienda en la causa; pero luego se percató que el actual jefe jurídico prestó servicios a la parte contraria de Bothelo. La causa está en investigación y el fiscal Jorge Calderara dio una orden de investigar a la PDI. Con esto Figueroa se transforma en el segundo abogado municipal en estar siendo investigado por prevaricación, luego que se conociera que el Ministerio Público pidió una audiencia para formalizar por el mismo delito al profesional Christian Águila en el contexto del denominado Caso Martabid.

Los argumentos de Figueroa

Consultado por La Voz…, el abogado Edmundo Figueroa no se complicó en responder los cuestionamientos. Sobre el primero de los temas (el poder al abogado Silhi), explicó que el profesional al que contactó es un experto en su área y que incluso da clases en universidades regionales. Además, sostuvo, que no necesita la aprobación del concejo municipal para hacerlo.

“El que Jorge Silhi Zarzar, profesor de la Universidad Católica desde hace unos 20 años haya asumido la defensa municipal en la Corte es un gran apoyo desde el punto de vista técnico, porque es uno de los mejores laboralistas de la región. En cuanto a que si pedí permiso al concejo, comento que nunca ha sido necesario porque no está esa materia en el listado del artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. La facultad de representación judicial es solamente del alcalde, según el artículo 63”, sostuvo Figueroa, quien agregó: “Le informé del tema a  don Carlos (Barra), indicándole que no tenía costo municipal esa delegación por mi amistad con el profesor Silhi. Luego, el haber contactado a un gran laboralista para apoyar la defensa municipal debiera ser motivo de orgullo y agradecimientos, no de críticas hechas por personas desinformadas”.

Sobre la querella, el profesional sostuvo que era una acción “infundada” e “injustificada”. “Me parece una acción infundada e injustificada de un señor que me pide ayuda genérica  (sin causa concreta en ese minuto). Deja un mandato judicial firmado y, cuando efectivamente lo requieren para una ‘formalización’ por una corta de árboles en su condominio, no acepta mi propuesta de honorarios. De hecho, nunca ni siquiera me contestó sobre ese tema. Luego, técnicamente, nunca fue cliente porque libremente no aceptó  la propuesta de asesoría”, sostuvo y sobre su participación con la parte contraria señaló: “Por la parte contraria tampoco intervine y el que hubiese quedado puesto mi correo electrónico en la querella era solo un tema de ayuda a la abogada querellante María Teresa Koehler”.

La querella