Fiscalía solicita audiencia para formalizar por prevaricación a abogado de la municipalidad en el Caso Martabid

Christian Águila deberá enfrentar al tribunal el próximo 25 de septiembre. Defensa del profesional valoró a su favor la acción del Ministerio Público, ya que lo considera un “delito menor” en el contexto de lo que se investigaba originalmente.

Para el próximo 25 de septiembre a las 10 horas en el Juzgado de Garantía de Pucón. Esa es la fecha en la que el abogado de la municipalidad Christian Águila deberá comparacer como imputado ante el tribunal para ser notificado de la formalización de cargos por el delito de prevaricación que el Ministerio Público le imputará en el contexto del denominado Caso Martabid.

Así quedó establecido luego de que el fiscal jefe de alta complejidad, Héctor Leiva, solicitara al tribunal una audiencia para imputar cargos al profesional. “Solicito a US., se sirva disponer la realización de una audiencia en fecha próxima a objeto de formalizar la presente investigación en contra del imputado Christian Águila González, abogado, domiciliado en calle OHiggins 483, de la comuna de Pucón, por la participación y responsabilidad que le cabe en calidad de autor, por los hechos cometidos los días 15 de abril y 26 junio del año 2019, en horas de la mañana, en la comuna de Pucón, y que serían constitutivos del delito de prevaricación, previsto y sancionado en el artículo 231 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado”, se lee en el párrafo principal del documento hecho público a través del sistema en línea del Poder Judicial.

El delito de prevaricación apunta a los profesionales del Derecho que haciendo abuso de su oficio perjudicare a sus clientes o revelen sus secretos. De ser encontrado culpable, el profesional que incurriere en este delito arriesga, incluso, el poder seguir ejerciendo la abogacía, de acuerdo a lo que se lee en el mencionado artículo 231. 

El denominado Caso Martabid partió en julio del año 2019, luego que un reportaje de La Voz… hiciera público un avenimiento al que llegó el abogado Águila con el empresario inmobiliario José Miguel Martabid, por una casa que este último tiene en el sector de Correntoso en el camino hacia Villarrica. Según la directora de Obras de la época, Lorena Fuentes, el acuerdo favorecía más al empresario inmobiliario que a los intereses de la municipalidad. El punto es que Martabid tenía un permiso de edificación por 260 metros cuadrados y terminó levantando una construcción de más de 3000 metros cuadrados. Fuentes calificó la obra como “irregularizable”; aunque Águila firmó un acuerdo en el que le otorgaba 12 meses a Martabid para poder poner en regla la obra. El hecho generó una serie de repercusiones políticas por ser Águila cercano al alcalde Carlos Barra e, incluso, tuvo al abogado fuera de sus labores habituales en la municipalidad, pero volvió vía recurso de protección y actualmente se desempeña en el Departamento de Educación hasta donde fue destinado por decisión del jefe comunal.

La defensa

La defensa del abogado Águila, considera como algo bueno la formalización por prevaricación, ya que lo asumen como un “delito menor” en el contexto de la investigación que partió por cohecho. “Esta defensa cree que después de tanta parafernalia del Ministerio Público se quedó sin nada, ya que va ha formalizar a mi representado por un delito muy menor y que por cierto no cometió ya que no se dan los presupuestos del art. 231 del c.p. Esto es un perjuicio para su cliente y que ocurre en el ámbito privado relación cliente abogado”, explicó el abogado penalista Manuel Ibarra, quien agregó: “A mayor abundamiento, la municipalidad no es un cliente de mi representado, sino su empleador por tanto tampoco se da este presupuesto”.

Consultada la municipalidad, quienes en los hechos aparecen como víctimas, señalaron que analizarán jurídicamente la situación. El abogado también está formalizado en otra causa, luego de que fuera sorprendido manejando ebrio en horario de toque de queda a fines de abril.

¿Qué es una formalización?

Una formalización es en el contexto del Derecho Penal una etapa de investigación en la que la fiscalía le comunica “formalmente” a un imputado que tiene antecedentes para iniciar una investigación en su contra por algún tipo de delito registrado y enmarcado en el Código Penal chileno. Esta investigación puede terminar en un juicio oral; en un procedimiento abreviado, en una salida alternativa; en un acuerdo reparatorio o en una decisión de no perseverar por parte de la misma fiscalía.