Quiebra del Suiza: trabajadores acusan estafa del abogado que los representaba

Vocero de los ex colaboradores, Elías Sanzana, dice que recibieron menos dinero del que correspondía y apunta directamente al profesional que los defendía. Arista penal, en tanto, pretende demostrar que los controladores empobrecieron a la sociedad que operaba la pastelería y el restaurante para perjudicar a los acreedores.

EDIFICIO.- Actualmente el edificio que albergaba la tradicional pastelería se encuentra ocupado por un negocio diferente al original.

La quiebra de la emblemática e histórica Pastelería Suiza está en una etapa de espera. Y no una muy buena al parecer. Esto porque, en los hechos, el proceso concursal de quiebra al que se acogió la empresa controladora (Sociedad Comercial Suiza Ltda.) está prácticamente en un punto muerto debido a que ya se liquidaron todos los bienes de la controladora. Y la suma obtenida (un poco más de $54 millones) no alcanza para zanjar toda la deuda; ya que solo a los trabajadores se les debía $281 millones. Pero el problema se acrecentó para los 26 ex colaboradores de la empresa, quienes acusan que en este primer reparto recibieron menos de lo que les correspondía y ponen su mirada en el abogado Cristian Soto, quien los representaba. De hecho, acusan directamente que fueron víctimas de una estafa de parte del profesional.

Así lo señala Elías Sanzana, uno de los representantes de los trabajadores, quien sostiene que el profesional se quedó con más dinero de lo acordado por sus servicios. “Él (Soto) nos repartió lo que él quiso. Nos estafó”, acusó Sanzana, quien agregó: “Nosotros, recibimos como trabajadores $54 millones, menos la plata de la AFP que son $16millones y nos quedaban $38 millones y de ahí si nosotros le pagamos el 20 por ciento. Entonces a los $38 millones había que restarle el 20 por ciento, es decir $7,6 millones. De ahí quedan $30 millones y fracción y eso debía repartirnos; pero nos repartió solo $19 millones y algo”.

Lo anterior es, de alguna manera, refrendado por el actual abogado de los trabajadores, Antonio Reyes, quien reafirmó que evalúan ejercer acciones legales en contra del profesional que ejercía la representación anterior. “Las platas que han recibido los trabajadores dicen relación con lo que se liquidó y quedó a repartir entre los trabajadores y eso está tocado por el pacto que ellos tenían con el abogado que en ese minuto los representaba, el cual no fue necesariamente claro para efectos de poder luego los trabajadores defender lo que les estaban pasando. Los trabajadores, en definitiva, quedaron presos de lo que les estaban diciendo que les correspondía. Y de hecho, ellos se dan cuenta en una conversación que tienen conmigo”, relató Reyes quien agregó: “Lo único que queda para ellos para recuperar esas platas es ejercer acciones legales en contra de quien los representaba”.

La Voz… contacto al ex abogado de los trabajadores, Cristian Soto, quien sostuvo que todo lo que les cobró por concepto de honorarios a los trabajadores era lo que se apegaba a los contratos establecidos con anterioridad. “Como es obvio, en este tipo de defensas de trabajadores se asume la representación de ellos, a través de pactos de Cuota Litis (honorarios en base a lo recuperado),  los cuales se firmaron, con un porcentaje para el abogado,  de todos los ingresos percibidos o que ingresen al patrimonio de los trabajadores, incluyendo todos los conceptos remuneracionales, desde el día que asumí el patrocinio y poder,  ya que en ese momento no le reconocía nada su ex empleador”, explicó Soto, quien agregó: “Desde el 19 de Diciembre 2019, hasta el día que me revocaron mis ex representados el patrocinio y poder, se hicieron repartos directamente mediante  la AFC (Administradora de Fondos de Cesantía) a ellos, y uno yo directamente. La liquidadora se demoró bastante en depositar los dineros de los trabajadores en sus cuentas individuales y desde ese momento me empezaron a presionar mis ex representados, por una tardanza que no dependía de mí”.

Soto continuó con su argumentación, hecha llegar a la redacción de este medio a través de un comunicado escrito, y sostuvo que recuperaron para los trabajadores cerca de $60 millones, cinco veces más de lo ofrecido por la empresa para liquidar a los colaboradores ($12 millones): “En cuanto al pago de impuestos o retenciones, estoy, tal como señalan los contratos esperando a que se dé por cerrada la liquidación concursal para ver cuánto me corresponde cobrar contractualmente por mi trabajo. De todos los dineros que perciban los trabajadores, es por mi trabajo, y estos jamás  me avisaron que me revocarían el patrocinio y poder”.

Causa penal

Pero no es la única línea que tiene abierta el caso de la quiebra del Suiza. La causa penal que se abrió con una querella presentada por los acreedores en la que acusaban de un eventual delito de lavado de activos debido a que se comprobó, a través de un peritaje, que el socio controlador de la empresa recibía directamente los dineros proveniente de la venta mediante sistemas de cobros electrónicos y no se hacía el desembolso en una cuenta de la compañía. Ahora la querella se amplió a los delitos que hace referencia el artículo 463 del código penal que apunta a acciones delictuales que tienen que ver con los procesos de quiebras. En resumen, se acusa que los controladores de la Sociedad Comercial Suiza Ltda. empobrecieron a la compañía para hacerla quebrar en perjuicio de los trabajadores y acreedores. 

“Ello porque el querellado Sr. Rafael Pascual Uzuriaga, y personas de su entorno, ejecutaron actos o contratos disminuyeron su activo o aumentaron su pasivo, sin otra justificación económica o jurídica que perjudicar a sus acreedores”, se puede leer en el texto, el que agrega: “Una sociedad que funcionaba económicamente muy bien mediante una serie de actos y contratos ––explicados en los hechos de la querella originalmente presentada— empobrecieron dolosamente la sociedad Comercial Suiza Limitada, en perjuicio de sus acreedores”.

Según los conocedores de la causa, el objetivo de la acción penal es poder determinar y fijar hechos (y posibles delitos) que permitan configurar una causa civil para ir sobre los bienes patrimoniales de Rafael Pascual, principalmente, el edificio de O’Higgins en donde funcionaba el restaurante y el que está a nombre del controlador principal de la sociedad y, por lo mismo, no es un bien que entró en la liquidación.