Quiebra del Suiza abre arista penal: acreedores se querellan por lavado de activos

Documento apunta a más de $2.800 millones de la sociedad por ventas con tarjetas de crédito y débito que fueron a dar a la cuenta corriente particular del representante, Rafael Pascual.

EDIFICIO.- La construcción de calle O’Higgins es parte de los bienes personales del representante de la sociedad fallida y no entró en la liquidación.

La mediática quiebra de la tradicional Pastelería Suiza entró en una nueva etapa. Y el proceso se vuelve cada vez más complejo. Eso, porque la junta de acreedores decidió, luego de un peritaje contable, interponer una querella para que el Ministerio Público indague la posibilidad de un delito de lavado de activos con base a una eventual apropiación indebida. Así lo señala el documento al que tuvo acceso La Voz… y que apunta en contra de Rafael Pascual Uzuriaga, representante legal de Comercial Suiza Limitada, empresa que se acogió a la ley de insolvencia a finales del año pasado; causa que se ventila en el Juzgado Civil de Pucón y que tiene a un grupo de 25 ex trabajadores como principales acreedores con una deuda de parte de la fallida compañía que supera los $200 millones.

De acuerdo a lo que se lee en el documento redactado por el abogado penalista, Manuel Contreras, el problema comenzó a generarse en septiembre de 2012; cuando la empresa que administra los pagos con tarjetas de crédito y débito, Transbank, recibe una solicitud de parte de Comercial Suiza Limitada para que los dineros generados por esa modalidad fueran a la cuenta particular del representante legal, Rafael Pascual. “En la relación de hechos antes mencionados, se señala que el día 05 de octubre del año 2005, la sociedad ‘Comercial Suiza Limitada’, a través de su representante don Rafael Pascual Uzuriaga, suscribe un contrato de administración con Transbank S.A. y 6 de septiembre de 2012, Transbank S.A. recibe una solicitud de cambio de cuenta corriente de abonos, a una ‘modalidad terceros’, esto es a la cuenta corriente N° XXXX (N. de la R.: La Voz oculta el número por seguridad) del Banco de Chile, cuyo titular es el mismo Rafael Pascual Uzuriaga, esta vez en su calidad de persona natural, de esta manera y sin ningún sustento jurídico, Transbank S. A., accede al requerimiento del señor Pascual”, se lee en la querella.

El documento precisa que desde el 2012 hasta el cierre de la operación del restaurante ubicado en la primera cuadra de O`Higgins desde el poniente, en noviembre de 2019, la cantidad de dinero ingresado a la cuenta personal de Pascual asciende a más de $2.800 millones. “A raíz de lo anterior el perito, llega a la conclusión de que los dineros por recaudación de las ventas, no son ingresados a la empresa, y Transbank S.A. dispone de los recursos de la empresa, y los deposita o transfiere a la cuenta corriente N° XXXX, del Banco de Chile, que según dichos del Sr. Juan Carlo Granic, abogado, en representación de Transbank S.A., mediante correo electrónico anexado al peritaje referido, con fecha 5 de Mayo de 2020, señala que la cuenta corriente donde se depositan o transfieren los dineros de la sociedad ‘Comercial Suiza Limitada’, es de don Rafael Pascual Uzuriaga”, se sostiene en la querella, la que agrega: “En 7 años de ventas de sociedad “Comercial Suiza Limitada”, hizo disminuir los ingresos de la fallida, en la suma de $ 2.892.385.000, (dos mil ochocientos noventa y dos millones trescientos ochenta y cinco mil pesos)”.

El abogado querellante, Manuel Contreras, detalla con algo más de simpleza y precisión el foco de la querella. “Es fundamentalmente por las platas que fueron a parar a la cuenta corriente personal del señor Pascual en circunstancias que tenían que ir a parar a la cuenta corriente de la sociedad”, explica Contreras, quien además señala que oficiará al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que este organismo defina si ingresa algún recurso por un eventual delito tributario. Uno de los puntos de Contreras es que la sociedad pierde valor y se descapitaliza con el movimiento de platas desde Transbank y también cuando la principal propiedad de la compañía, el edificio de O’Higgins 116 pasa también a manos de Pascual, lo que también aparece en la querella.

La defensa

Según el representante de la sociedad en proceso de liquidación, Raimundo Caballero, la querella los sorprende, debido a que —según él— presentaron toda la documentación y antecedentes que justificaban el movimiento de dinero. “Nos encontramos  sorprendidos ya que de toda la documentación  y repuestas  a los requerimientos  de los distintos intervinientes  en la causa de Liquidación siempre se señaló que los dineros depositados en la cuenta del señor Pascual eran invertidos en la empresa (pago se remuneraciones, proveedores, etc.) y eran ingresados contablemente en la empresa”, señala Caballero, quien agrega: “Respecto  los retiros de utilidades estos siempre se hicieron en conformidad a la normativa vigente por lo que en mi opinión la querella es improcedente tal como se acreditará en la etapa procesal correspondiente y que el señor Pascual no realizó ninguna  acción  que configure una acción penal”.

En tanto, el abogado Cristian Soto, representante de los trabajadores y presidente de la junta de acreedores, explica que la querella se genera por solicitud de la junta de acreedores por la posibilidad de eventuales delitos. “Con la sola presentación de los documentos para solicitar la insolvencia, en este caso voluntaria, habían elementos que podían hacer presumir que se podían haber ocultado dineros en forma penal”, explica Soto.

El profesional sostiene que al hacer un simple análisis de la contabilidad de la sociedad Comercial Suiza había una inconsistencia en los dineros: “Era una inconsistencia negativa para mis representados”. El punto es que la actuación penal podría dar pie a futuras acciones civiles que apunten al patrimonio del mismo Pascual para así pagar las deudas con los acreedores, ya que con la sola liquidación concursal no se podrían cubrir. “Lo que se persigue (con la querella) es buscar responsabilidades penales. Después de eso, habiendo responsabilidades penales, se analizarán las responsabilidades civiles que proceden”, sostiene Soto.

La querella quedó en manos del fiscal de Pucón, Jorge Calderara, y desde el Ministerio Público señalaron que se despachará una orden de investigar a la PDI; aunque declinaron entregar mayores datos del tema.

La querella