Fiscalía formaliza cargos por apropiación indebida y estafa a imputados en caso del Comité de Vivienda Los Colonos

El percutor Cristian Crisosto de Temuco hizo una detallada entrega de los hechos que tienen a 170 familias como víctimas en una causa que se hizo pública luego de un reportaje de este medio. Sospechosa mantiene posición de inocencia.

 

El caso se conoció en abril de 2019 luego de un reportaje de La Voz… y cuando ya han pasado más de tres años, la justicia dio un paso grande en el avance de la investigación en la causa por eventuales delitos cometidos en contra de 170 familias puconinas que constituyeron el Comité de Vivienda Los Colonos. Esto, porque el persecutor jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) de de Temuco, Cristian Crisosto, formalizó la investigación en contra de los dos imputados principales: la dirigente María Tonk Ramos y al arquitecto Mauricio Torres Benzi. A la primera se le imputó el delito de apropiación indebida y a Benzi, el cargo de estafa.

La audiencia de formalización se llevó a cabo la mañana de este jueves y en ella el fiscal Crisosto detalló los hechos que generaron la formalización en contra de los imputados. Según el relato del persecutor, el Comité de Vivienda Los Colonos se formó en 2017 por iniciativa de María Tonk. Y para pertenecer a esta organización, formada con el objetivo de acceder a casas sociales, se requería estar en el registro social de hogares, ficha en la que se constatara que se estaba en el 40% de más vulnerable de la población. Además de eso se pedía no tener casa o bien raíz y tener domicilio en Pucón. Pero había algo más. Cada integrante debía pagar una cuota de incorporación de $1.070.000 destinado a —se suponía— pagar trámites y papeleos.

“En dicho contexto, la imputada María Tonk Ramos, en su calidad de presidenta de la directiva, presentó a los miembros del Comité Los Colonos los servicios del arquitecto e imputado Mauricio Torres Benzi, de la Consultora San Cristian Limitada, consistentes, según lo que explicó directamente el señor Torres Benzi, en diversas ocasiones durante  los años 2017 a 2019, en  la realización de los estudios y gestiones para obtener el cambio de uso suelo de un terreno, adquirir por medio de accionistas el dominio del mismo, efectuar el diseño de las futuras viviendas, y entregar dicho proyecto a una entidad patrocinante para su presentación ante el Serviu, fingiendo seguir el proceso regular para el desarrollo y concreción del referido proyecto habitacional”, sostuvo el fiscal en la audiencia.

Según expuso Crisosto, en total se lograron reunir $169.800.000. De ellos, $78.159.700 fueron entregados en efectivo a Tonk y el saldo ($91.640.300) a una cuenta corriente de la empresa Importadora Sur Ltda, perteneciente (según la fiscalía) al grupo familiar de la imputada. Según Crisosto, parte de ese dinero ($78.130.000) fue a dar a la empresa Constructora San Cristian, propiedad de Mauricio Torres y otros $20.000.000 como pago por la promesa de venta del terreno en donde, supuestamente, se construirían las casas. De acuerdo al persecutor, María Tonk se quedó con más de $70 millones que usó, supuestamente, para fines personales. “Apropiándose María Tonk Ramos de esta forma de la diferencia, esto es al menos la suma de $71.670.000 que recibió de las víctimas, disponiendo de dicho monto para fines personales, dinero respecto del cual se le solicitó devolución por las víctimas, negándose a ello, perjudicándolos en la suma aproximada de  $71.670.000”, acusó el persecutor en su exposición.

Información falsa

Pero hay más. Según el fiscal Crisosto, Mauricio Torres Benzi (quien está formalizado y con medidas cautelares por una causa similar en Nogales), entregó información falsa a las víctimas por trámites que, en definitiva, no hizo o no se necesitaba pagar por ellos porque eran de carácter gratuitos. 

“Por su parte el imputado Mauricio Torres Benzi entregó información falsa a los miembros del Comité, puesto que cobró diversas sumas de dinero por distintos trámites que en realidad no tenían costo alguno, por tratarse de gestiones comprendidas en la asistencia técnica de las entidades patrocinantes conocidas como EGIS,  conforme a las directrices del Serviu”, explicó el persecutor, quien agregó: “Como parte de su ardid y para convencer a los miembros del comité, el imputado Mauricio Torres Benzi relató a las víctimas su experiencia en asesorías de esta naturaleza, ejecutando supuestos exitosos proyectos habitacionales en distintas comunas de país, enfatizando  su forma de trabajo y la categoría acreditada de su empresa consultora, reforzando el engaño al asegurarles  que a través de sus servicios no solo se agilizarían los trámites ante el Serviu, sino que además se destinarían los montos de los subsidios del Estado a la construcción de una vivienda de mejor calidad, que serían diseñadas por él, todo lo cual indujo a las víctimas a un error, quienes confiando en lo propuesto por el señor Torres Benzi suscribieron con fecha 30 de noviembre de 2017, representados por su presidenta la imputada Maria Elizabeth Tonk Ramos,  un contrato de prestación de servicios y gestión integral”.

Según la formalización de cargos, Torres Benzi se comprometía a realizar toda la tramitación y gestión frente a los organismos competentes del Estado y así poder acceder a los subsidios y, en definitiva, a las viviendas. Por lo mismo, el comité le habría entregado exclusividad en la tramitación y el arquitecto contrató (según el fiscal) presentó y contrató a Consultora Piamonte SpA como entidad patrocinante o EGIS, empresas necesarias y reguladas por la Ley para propiciar el acceso a los subsidios. Piamonte SpA, por cierto, también estaba ligada al arquitecto. 

“En definitiva, ninguno de los trámites ofrecidos o comprometidos por el imputado en los diversos organismos e instituciones señaladas, para el proyecto habitacional descrito, fueron efectuados o debidamente completados; considerando que los estudios  acompañados por éste en representación de la consultora carecían de valor, ya que estos debían ser presentados por una EGIS o entidad patrocinante que se encontrara registrada en conformidad a la normativa vigente, única forma de desarrollar un proyecto habitacional de viviendas sociales,  situación ajena a la de Piamonte SpA, ya que a la fecha no se encontraba inscrita o registrada en tal calidad ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de La Araucanía y no existían en tramitación a esa fecha ninguno de los proyectos ofrecidos por el imputado”, sostuvo Crisosto en la formalización de cargos.

“Todo es mentira”

La Voz… hizo el ejercicio de contactar a los imputados, pero solo María Tonk respondió al requerimiento. Según ella, la formalización es un acto positivo para sus intereses, ya que mantiene su inocencia y asegura que la investigación demostrará que no quedó con ningún peso y que todo está justificado. “La verdad es que estoy contenta, aunque yo pedí que el plazo (de investigación fuera menos) porque para qué alargar tanto y los querellantes pidieron que fueran ocho meses y yo quería que fueran menos meses para terminar con esto. Estoy contenta porque al fin se podrá demostrar que todo de lo que se me acusa es mentira”, señaló María Tonk, quien luego agregó: “Todas las platas están justificadas con vales y transferencias. Incluso en la promesa de compra los querellantes dijeron que eran $20 millones, pero se demostró que eran $30 millones y está la transferencia con comprobante y todo”. Según la imputada, al final de la investigación ella saldrá inocente y libre del cargo que se le imputa.

Querellante

Quien también se refirió al caso fue el abogado querellante Juan Pablo Osses, representante de las víctimas, quien señaló que los miembros de Los Colonos se encuentran más tranquilos luego de la diligencia liderada por el fiscal Crisosto. 

“Nos da una cierta tranquilidad, ya que ellos (las víctimas) han tenido cierta información en torno a que María Tonk había conformado nuevos comités dentro de la misma ciudad. Da tranquilidad porque ya se hizo la formalización en el Juzgado de Garantía de Pucón”, sostuvo Osses, quien se mostró confiado en lograr condenas (que pueden ir de tres a cinco años de presidio): “Se encuentran comprobados los depósitos en las cuentas corrientes y los traspasos de dinero y ellos (los imputados) no han logrado justificar el reintegro de los dineros al momento de entregar el cargo de presidenta (del comité)”.

Ambos imputados quedaron con arraigo nacional y el plazo de investigación quedó en ocho meses. Luego de eso la fiscalía decidirá si presenta una acusación y lleva a juicio a los imputados.

Nota de la redacción: ¿qué es una formalización de cargos?

En el sistema penal oral, la formalización de cargos es la comunicación de la fiscalía a los sospechosos (que luego pasan a ser imputados) que se les está llevando una investigación en su contra por delitos determinados. En esa audiencia el fiscal presenta los antecedentes del caso al juez y los hechos que justifican la formalización y que hacen presumir que se está en presencia de delitos determinados. Luego de que se acoten los plazos de investigación (máximo dos años), la fiscalía debe decidir si acusa a los imputados por esos delitos y los lleva a un juicio. En el juicio se definirá si los imputados son culpables o inocentes de los cargos acusados.

También hay salidas alternativas al procedimiento y depende de varios elementos como las penas a las que se exponen los imputados, si son primerizos o no o si aceptan los cargos sin pasar por juicio a cambio de recibir una pena menor (generalmente que no contemple privación de libertad). Por lo mismo, esta es una etapa inicial y no se debe asumir culpabilidad o inocencia de los imputados porque en NINGÚN caso es un juicio previo.